Periodista que lanzó zapatos a Bush tiene un brazo y varias costillas rotas tras ser golpeado
AFP, Agencias
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Medios alternativos para contrarrestar la desinformación
+ de Agencia Prensa Rural
Censura
Como parte de la campaña contra la estigmatización “pensar diferente no es terrorismo”, el colectivo Mediointegrados efectuó un interesante conversatorio sobre medios de comunicación con la participación de estudiantes, docentes y periodistas alternativos.
Helda Martínez, del equipo de redacción del periódico Polo, inició el debate haciendo un llamado a tener en cuenta la situación laboral de los periodistas y reporteros, quienes se ven obligados a presiones por parte de los directivos de los medios comerciales. Así mismo, resaltó la necesidad de un adecuado manejo de las fuentes, dado que los mismos movimientos sociales no facilitan a la prensa el acceso a la información, profundizando el desconocimiento sobre sus demandas.
Por su parte, Oscar Arias, estudiante de la Universidad Nacional y colaborador del periódico Contexto, señaló la situación de estigmatización del estudiante de la universidad pública e hizo un llamado a participar de los medios con que cuenta la comunidad universitaria, como Contexto.
El profesor universitario Juan Sánchez, quien integra el periódico El Socialista, planteó que la situación de la prensa debe partir desde la concepción de sociedad en la que tiene lugar y la función que cumplen los medios de comunicación en ella. En ese sentido, para Sánchez los medios están comprometidos en la construcción de hegemonía y en la legitimación de la realidad social.
Así mismo, recalcó la relación entre la forma y el contenido de los medios, donde el diseño visual está armonizado con el interés ideológico del medio, y donde hoy por hoy la lógica mercantil es la que prima. Además resaltó la tesis leninista de la comunicación, en la que se concibe al periódico para el movimiento popular como una herramienta de propaganda, agitación y organización.
El conversatorio continuó con las intervenciones de Guillermo Castro y Jickson Rodríguez, miembros de El Macarenazoo, periódico estudiantil de la Universidad Distrital, quienes dieron lectura a la ponencia enviada al quinto encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, prosiguiendo con la temática de la última edición de su publicación, en donde se denuncia la falacia de las acusaciones de Gina Parody a la comunidad universitaria, así como el debate surgido en torno al uso de capuchas por parte de estudiantes.
La última ponencia corrió por cuenta de Camilo Rueda Navarro, quien expuso sobre la trayectoria de la Agencia Prensa Rural como proyecto de comunicación alternativa de organizaciones campesinas, señalando las dificultades y presiones que en las diferentes regiones del país afronta el periodismo. El contexto de conflicto armado y la militarización han generado la tendencia al “unifuentismo” de los medios tradicionales, así como la práctica de la autocensura. Señaló también la persecución estatal que se desarrolla en contra de comunidades campesinas, como en el caso de la ACVC. La exposición concluyó con el llamado a conformar medios alternativos en los diferentes movimientos sociales, fortalecer los ya existentes, así como a profundizar las iniciativas de articulación y coordinación.
Una vez terminadas las ponencias, se abrió el debate con el público, en el que se señaló la necesidad de contrarrestar la estrategia mediática gubernamental, resaltando la legitimidad y validez de las luchas sociales y las reivindicaciones de los sectores populares. Así mismo, se cuestionó la falta de ética periodística de los medios comerciales y las presiones que se ejercen sobre los reporteros críticos. Se resaltó permanentemente el papel manipulador y desinformador de los medios privados.
Algunos asistentes señalaron la necesidad de darle mayor participación a los diferentes sectores estudiantiles en el periódico Contexto, publicación auspiciada por Bienestar Universitario, en la que se considera no hay una verdadera representatividad del estudiantado. Del mismo modo, se denunció el proceso mediante el cual, durante la rectoría de Marco Palacio, se desdibujó el carácter de UN Periódico, medio que se había posicionado como un gran producto periodístico, hoy en día pauperizado en sus contenidos.
por CRIC Sunday, Dec. 21, 2008 at 6:31 PM
El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con respecto al atentado donde falleció el compañero José Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue, hace las siguientes precisiones:
La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.
Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro; segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.
Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.
Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.
Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.
Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.
Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.
Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.
Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades. En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.
Popayán, 19 de diciembre de 2008.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC
LOS FALSOS POSITIVOS DEL EJERCITO, UNA VERGUENZA NACIONAL
eltiempo.com / colombia / justicia
Colombia se avergonzó con el escándalo de los falsos positivos durante 2008
La mañana del 16 de mayo del 2006, mientras caminaba por una calle de Mesitas del Colegio (Cundinamarca), el Ejército detuvo a Jhon Walter López Batista, un comerciante de 38 años que se ganaba la vida haciendo mesas de billar, vendiendo comidas y zapatos y arreglando equipos técnicos . No era una requisa de rutina. A los 20 minutos de estar esperando que un cabo le devolviera la cédula lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo llevaron a la cárcel del pueblo.
López recuerda que ningún militar le decía el por qué de la detención. La respuesta vino al otro día, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de El Diamante, en Girardot. Ese día, en la reseña, apenas se enteró de que él era, ni más ni menos, el segundo de la temida columna 'Teófilo Forero' de las Farc. Lo sindicaron de rebelión, desplazamiento forzado, homicidio y terrorismo.
El hombre risueño que les vendía pollo asado a los soldados de la Fudra en La Macarena (Meta) y les reparaba los radios, y que iba a tallar mesas de billar de caserío en caserío terminó recluido, como el más peligroso de los guerrilleros, en el pabellón de alta seguridad de La Modelo en Bogotá. Su captura se dio gracias a la 'labor de inteligencia' de un capitán del Ejército que tenía como fuentes humanas a 4 desmovilizados.
Una de las informantes y testigo en el proceso, Yaneth Sánchez, se había cruzado con Jhon Walter un día antes de su captura en Mesitas. "Cuando llegué a buscar futuro en el Caguán me pidieron que fuera hasta Laureles (Macarena) a pintar unas mesas de billar -dice el hombre-. Esta muchacha estaba allá y trabajaba en una cantina. Sabía que era hermana de un guerrillero; nunca sostuvimos un diálogo largo, pero la distinguía, por eso la saludé en Mesitas".
Yaneth fue el testigo número uno. En la declaración, que luego fue ratificada por sus dos hermanos, aseguró que el 'Mono Jhon', como jefe de la 'Teófilo', ordenó y ejecutó la masacre de 15 personas, el 24 de diciembre del 98, en San Juan de Lozada (Caquetá). También lo señaló como responsable de la muerte de doña Lucrecia Muñetón y otras siete personas, así como del robo de 1.500 cabezas de ganado en el Caguán. "Él pasó por los frentes 52, 48 y ahora estaba en la 'Teófilo'", dijo en el proceso.
Según Jhon Walter, que llegó en julio del 2004 a La Macarena y montó un taller de electrónica y un asadero, la única cercanía que tuvo con las Farc fue tener la certeza de que algunos de sus clientes eran milicianos.
Durante un año largo les reparó los radios a los militares, les preparó las picadas dominicales a los policías y soldados que salían de permiso al pueblo y embelleció las cantinas de todos los caseríos ribereños del Guayabero.
Pero para octubre del 2005 la erradicación manual de coca ya había quebrado los negocios. El suyo no fue la excepción y sus amigos militares lo ayudaron a salir, en un vuelo de apoyo, hasta la base de Tolemaida. De allí se desplazó hasta Melgar y con una maleta y el producto de la venta del asadero cogió flota rumbo a Bogotá.
"Con lo que me quedó monté un almacén de calzado en el barrio 20 de Julio y empecé a viajar por los pueblos cercanos a Bogotá vendiendo mercancía, para cubrir las letras de un préstamo que me habían hecho. Así llegué a Mesitas", añade.
Pero esa mañana de mayo se le apareció Yaneth Sánchez, y con ella su mayor pesadilla. Desde su primer día de reclusión empezó a buscar amigos, se asesoró de los presos que tenían más 'experiencia', mandó cartas a los medios, se aprendió páginas enteras del código penal y le escribió, mes a mes, sin falta, al Presidente.
"Me ubicaron en un pabellón donde sí había gente 'dura' de la guerrilla. Ellos solo me miraban y me decían: 'hermano, usted sí es muy de malas".
En los 2 años, 6 meses y 15 días que duró preso nadie creyó en él. Aunque tuvo abogado de oficio, fue él mismo quien planeó y llevó su defensa. Contra todo pronóstico logró tumbar los cargos por terrorismo y homicidio.
La Fiscalía comprobó, con una certificación del DAS, que para diciembre de 1998, fecha en la que supuestamente había cometido la masacre de San Juan de Lozada, Jhon Walter López estaba detenido en Italia. Tener antecedentes, como sucedió con algunos de los muchachos desaparecidos en Soacha, tal vez lo hizo encajar en el perfil que buscaban los que le montaron el proceso.
La Fiscalía comprobó también que la señora Lucrecia Muñetón seguía viva. Y lo mismo pasó con los otros muertos que le cargaban.
Las sindicaciones de rebelión y desplazamiento forzado se cayeron cuando comprobó que no existía el temible 'Mono Jhon' del que hablaban el capitán y sus desmovilizados. "Yo di la batalla solo, porque ni abogado tuve. Soy la mejor prueba, la viviente, de un falso positivo. Estuve casi tres años en la cárcel señalado como un jefe guerrillero (...) En todas las cartas le pedía al Ejército que explicara la orden de captura en mi contra y qué argumentos tuvo el capitán Felipe Benavides Guerrero contra mí; nunca respondieron".
El pasado 21 de octubre el juzgado penal del circuito de Granada (Meta) le dio el fallo que había esperado desde el primer día: "Las pruebas testimoniales carecen de valor probatorio, por lo tanto se absuelve al señor Jhon Walter López Batista, se ordena su libertad inmediata y se destina el expediente al archivo definitivo".
Ahora dice que está dispuesto a seguir con la batalla que inició en la cárcel. Quiere que investiguen al capitán del Ejército y a los 4 desmovilizados que lo señalaron y que tal vez hasta cobraron recompensa por su desgracia de casi tres años.
Se mueve el caso de Soacha
Antes de que termine este año, según fuentes de la Fiscalía, se librarán órdenes de captura por el caso de los 17 muchachos que desde hace un año desapa- recieron de Soacha, al sur de Bogotá, y luego fueron reportados como muertos en combate con el Ejército.
No se descarta que algunas de esas decisiones afecten a uniformados y el alto mando, como lo dijo en entrevista con EL TIEMPO el general Freddy Padilla de Léon, es consciente de ello: "Todo indica que sí se cometieron crímenes".
Mientras las Fuerzas Militares siguen con la política de depuración que llevó a la histórica purga de 27 oficiales y suboficiales, la Fiscalía investiga la muerte de cerca de 800 personas en seis años. Asimismo la Justicia Penal Militar acaba de remitir al ente investigador más de 180 casos.
Siguen apareciendo denuncias
Ayer, la Procuraduría anunció que investiga a un oficial, un suboficial y cinco soldados profesionales porque habrían incurrido en "grave violación al Derecho Internacional Humanitario".
Se trata de una operación del 8 de mayo de 2004 en Labranzagrande (Boyacá) que terminó con la muerte de siete personas que, dice el reporte oficial, eran miembros de un grupo armado.
Según la Procuraduría, las versiones de los militares del Batallón Tarqui "son contradictorias", pues unos militares hablaron de un 'golpe de mano' y otros de un combate. Los testigos aseguran que "en el lugar no se presentó combate alguno y la incursión militar se hizo cuando las cuatro personas civiles y las otras tres, (al parecer integrantes de un grupo al margen de la Ley), estaban en total estado de indefensión".
El Ministerio Público cree que hubo homicidios fuera de combate.
REDACCIÓN JUSTICIA
Mi amor, te escribo antes de que llegues
antes de conocernos
despierto he soñado contigo
soñando que estoy leyéndote historias
de un mundo nuevo
en el cual los trabajadores no tienen más dueños
los obreros organizan su trabajo
los campesinos trabajan y piensan juntos
un mundo donde amor y vida
no se reciban en porciones canjeables por dólares
donde ser no sea igual a tener
sueño que te cuento historias de ese mundo
tu sonríes bellamente y me dices
“papá, suena muy lindo,
pero creo que no es posible…”
pasan los años
y la incredulidad dialécticamente
se hace convicción en tus ojos
que acercan ese, este
mundo lindo que te contaré.
-LCR
Por: Elespectador.com
El esposo de la líder de la Minga Indígena, Ayda Quilcue que estuvo en Bogotá, fue muerto por el Ejército
Otro atentado contra el pueblo indígena!
ASESINADO MIEMBRO DEL CRIC, ESPOSO DE AIDA QUILCUÉ
A MANOS DEL EJÉRCITO NACIONAL
A cinco días del -mía culpa del gobierno nacional y sus falsos compromisos ante Naciones Unidas - en la madrugada de hoy, se pintó de rojo y dolor, "por las balas asesinas del ejército nacional que disparó a la camioneta del CRIC". Donde perdió la vida el comunero Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC, Aída Quilcué, quien denunció ante la opinión publica que el atentado era dirigido hacia ella.
Los "héroes de Colombia" que según el presidente Uribe salvaguardan la patria, siguen imponiendo el terror como estrategia de guerra y en específico como respuesta a su incapacidad de defender y proteger la población civil, a la fuerza pretenden someter a las comunidades a un régimen que sigue siendo ilegitimo que una vez más demuestra su torpeza para resolver lo problemas en Colombia. La Fuerza Pública se ha convertido en una actor más del conflicto, que a punta de bala y hostigamientos generan miedo, intimidación, horror, no respeto ni reconocimiento.
Ver comunicado del CRIC
NTADO ERA PARA MI»: Aída Quilcué
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Versión imprimir Atentado letal del Ejército contra el CRIC
Denunciamos con ira y dolor el atentado criminal cometido por el Ejército colombiano contra el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC Aida Quilcué, que deja como víctima mortal a su compañero Edwin Legarda.
Hemos sido informados por fuentes directas que alrededor de las 4 de la mañana de hoy 16 de Diciembre, el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC en el que iban su compañero Edwin Legarda con una misión médica, fue rafagueado por hombres del Ejército Nacional cuando iba pasando por la Finca San Miguel de propiedad del Señor Bolívar Manquillo, en la vereda Gabriel López del municipio de Totoró. En esta finca hay presencia permanente de tropas del ejército Nacional.
Este atentado dejó como resultado las heridas letales a: Edwin Legarda. Edwin fue trasladado de inmediato al Hospital San José de Popayán con un impacto de bala en el tórax y dos más en los miembros inferiores. Infortunadamente nos informan desde Popayán que el compañero Edwin acaba de fallecer.
El vehículo de la Consejera se encuentra en Totoró y registra 17 impactos de bala a lado y lado y dos de los impactos en la parte de adelante, lo que refleja la brutalidad de la acción militar.
Según lo aseveran testigos de los hechos, no había retén en la vía ni se dio la orden de alto por parte de las tropas.
El Comandante de la Tercera División del Ejército, Justo Eliseo Peña, reconoció a La W que según informes preliminares, en el sitio de los hechos se encontraban soldados campesinos que dispararon cuando se desobedeció la orden de parar. De todos modos, el General Peña lamenta los hechos y dice que se iniciarán las investigaciones pertinentes, reconociendo que aún si se hubiera desobedecido la orden de detenerse, la reacción de disparar como se hizo no es apropiada ni corresponde con los protocolos y normas.
Manifestamos nuestro más sentido pésame a la Consejera Mayor Aida Quilcué. La rodeamos de afecto y solidaridad y le ofrecemos lo que esté a nuestro alcance en estos momentos de dolor intenso. A la familia y amistades de Edwin, van nuestras condolencias. A toda la familia del CRIC, una voz de aliento solidaria y sentida. Un llamado reiterado a la unidad para continuar por el sendero de construir en Minga un país diferente, en el que cese por fin el terror y la guerra. Como siempre, reiteramos la posición de nuestros mandatos, rechazamos las balas, el terror y la guerra, vengan de donde vengan. La impunidad no puede permitirse en esta dolorosa situación. Esta es una guerra contra los pueblos, contra el movimiento indígena por nuestra posición de dignidad, contra la Minga Social y Comunitaria, contra el derecho de construir desde los pueblos un país sin dueños y en paz. Exigimos que salgan de nuestros territorios y que nos dejen en Paz.
Hoy 16 de Diciembre de 2009, se conmemora el 17 aniversario de la masacre de 20 comuneras y comuneros en El Nilo, por parte de paramilitares, fuerza pública, narcotraficantes y terratenientes. Condenado el Estado Colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún no cumple el Estado con sus obligaciones frente a esta masacre, nos señala, pone precio sobre nuestras cabezas, nos acusa de terroristas por Liberar la Madre Tierra y comete otra acción de muerte. Desde el dolor y la rabia reiteramos el compromiso con la vida y con la dignidad y convocamos la solidaridad Nacional e internacional para que nos apoyen al exigir que salgan todos los actores armados y sus cómplices de nuestros territorios.
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
ACIN-Cxab Wala Kiwe
Diciembre 16 de 2009
17 aniversario de la Masacre de El Nilo
El atentado era para mí
La madrugada de hoy, se pintó de rojo y dolor, «por las balas asesinas por miembros del ejército nacional que dispararon a la camioneta del CRIC», resultado gravemente herido y muerto ( a eso de las 8 de la mañana) el comunero Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC, Aída Quilcué, quien denunció ante la opinión publica por un medio de comunicación nacional «que el atentado era para mi».
El hecho ocurrió «a eso de las cuatro de la madrugada en un punto estrecho de la vereda San Pedro del Municipio de Totoró, cuando el personal médico que apoyó una brigada en el municipio de Inzá – Tierra dentro, regresaba a Popayán. El comunero Legarda se encuentra en estado crítico en el Hospital San José de Popayán, por tres impactos de bala, uno de los cuales impactó en la parte derecha del pecho», así lo indicaron autoridades indígenas y la coordinación de comunicaciones del CRIC.
Precisaron a su vez, «que pese a que fueron atacados por ambos lados, en el atentado sólo resultó herido de gravedad el comunero Legarda, quien venía conduciendo la camioneta, a traer a los médicos y a recoger a la consejería del CRIC, como a su esposa la Consejera Mayor quien regresó a penas ayer desde Suiza, como una de las delegadas de la ONIC ante la asamblea de evaluación de los 60 años de la ONU».
El hecho lo consideramos «premeditado debido a que ayer regresó la Consejera Mayor del CRIC de reafirmar las denuncias del exterminio que sufren los Pueblos Indígenas de Colombia, ratificadas en el TPP y en la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular; y por otro lado porque hoy se daba inicio a la Junta Directiva del CRIC en el resguardo de la Meza de Toguima, municipio de Páez – Belalcazar. Atentado que deploramos y exigimos que el Estado y el gobierno de la `seguridad democrática` se pronuncie y responda con celeridad como lo hace con todo aquello que atenta contra la integridad de otros», así lo ratificó Luís Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la ONIC.
Quien agregó que «ante este vil atentado, que reafirma el cumplimiento de las amenazas reiterativas al CRIC y a la ONIC, por atrevernos a contar, movilizar, desalambrar senderos y pensamientos, denunciar la crisis humanitaria y genocida que viven nuestro pueblos, no nos callará, por tanto el claro que el atentado contra el CRIC es un atentado contra la ONIC, el Movimiento Indígena colombiano y a todos aquell@s que nos atrevemos a proponemos cambios desde el sentir de los pueblos».
Por su parte, el CRIC se encuentra en Asamblea permanente en el Resguardo Indiana del Municipio de Totoró, custodiando y sanando el lugar de los hechos, donde hoy se definirán acciones a seguir. Este hecho se denunciará también en el seno de la reunión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Fondo Indígena, el cual será presidido desde esta semana por Luís Evelis Andrade Casama, organismo tripartido (gobiernos, pueblos indígenas y Ongs) que por primera vez será diseccionado por un indígena, y que orgullo indio que sea un indígena, el Embera y Consejero Mayor de la ONIC.
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA – ONIC
«Ante el fusil la palabra… por la consolidación del gobierno propio de los Pueblos».
Autoridades: 314—8484004 (Marlín Puscus) / 311-5047551 (Aída Quilcué), 315-8572995 (Luis Evelis Andrade)
Comunicaciones CRIC, 312-2956783 / comunicaONIC 312-6394123.
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