URIBE MIENTE, ‘Job’ no fue registrado
TOMADO DE sEMANA.COM
En su rueda de prensa de ayer lunes, el presidente Álvaro Uribe hizo énfasis en que la reunión entre el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, con el abogado Diego Álvarez y el desmovilizado paramiliar Antonio López, alias ‘Job’, no fue clandestina. Y como prueba mostró unos videos donde aparecen los dos y el libro de registros de entradas. Sin embargo, según los libros de registro presentados por la Presidencia, el nombre de Antonio López, alias ‘Job’, el desmovilizado paramilitar quien según las agencias de inteligencia del Estado seguía delinquiendo, no aparece. La primera anotación dice: “23 de abril, 18:30. A la hora ingresa el vehículo de placas ZIC 954, BMW, conducido por el señor Diego Álvarez”. Y la segunda: “El día 23 – 04 del 2008, 19:35, sale. Salida. Salen los dos señores que se encontraban con el doctor Edmundo del Castillo. Sin novedad”. Entonces, contrario a lo que se afirmado, no quedó ningún registro escrito de la entrada y salida del ex paramilitar.
EL COMPLOT DE LOS PARAS
Preguntas sobre alocución presidencial
A continuación Semana.com publica apartes de la rueda de prensa que dio el presidente Álvaro Uribe a los medios esta mañana para dar explicaciones acerca de la supuestas pruebas que ex paramilitares entregaron a funcionarios de la Casa de Nariño que presuntamente enlodaban a la Corte Suprema de Justicia, según lo denunció revista SEMANA. A pesar del esfuerzo del primer mandatario por aclarar lo sucedido, quedan varias preguntas sin responder.
Fecha: 08/25/2008 -
“No desautoricé que el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo, se reuniera con estos señores”
¿Por qué, como dijo el Presidente, “la Presidencia de la República tiene por norma recibir a todas las personas que traigan alguna información de orden público”, si para ello existe todo un aparato estatal de defensa y seguridad que le cuesta a los contribuyentes más del 6 por ciento del PIB al año? ¿No existen filtros entre un potencial denunciante y la Presidencia? ¿Por qué reciben a los ex paramilitares, los Secretarios Jurídico y de Prensa de la Presidencia, cuando no es esa función de ninguno de los dos? ¿Por qué el Presidente se arriesga a autorizar a que dos de sus hombres más cercanos acepten escuchar en la Casa de Nariño a ex paramilitares aún con fuertes vínculos con el crimen y reciban de ellos grabaciones clandestinas de los magistrados?
“¿Cómo íbamos a hacer una denuncia si no encontramos una información importante?”
¿Cómo podían constatar que la información no era importante si aún no la conocían en su totalidad y hasta ahora, según el Presidente, el DAS la está transcribiendo? ¿De quién es en realidad la obligación de investigar a Henry Anaya (el hombreque aparece en el video del escándalo haciéndose pidiéndole plata al abogado de Don Berna a cambio de supuestos favores en la Corte y en la Fiscalía) cuando éste era había sido nombrado por el gobierno como registrador en Barrancabermeja, justo una semana antes de que Don Berna fuera extraditado? ¿Por qué dice el Presidente que el DAS hasta ahora está transcribiendo la información cuándo un paquete con estas transcripciones ya había sido filtrado a por lo menos un medio por el mismo gobierno desde hacía algunas semanas?
“Nos parecía injusto con unas pruebas irrelevantes, salir a hacerle una acusación a la Corte Suprema de Justicia”
¿Si las pruebas eran irrelevantes por qué se siguieron reuniendo los funcionarios de la Casa de Nariño con los paras, como lo indica una grabación revelada por Semana en la que uno de los visitantes a Palacio le dice a su colega ex paramilitar que el Secretario de Prensa de Presidencia lo está buscando? ¿Por qué en septiembre del año pasado, el Presidente sí le dio toda la credibilidad a la carta de Tasmania acusando a un magistrado de la Corte y en cambio ahora le parece injusto airear otras pruebas?
“Toda persona que quiera dar información seria sobre manipulación de testigos, aquí se la recibimos y la tramitaremos con la opinión pública y con las autoridades competentes”
¿Al anunciar que la Casa de Nariño está de puerta abiertas a cualquier información en contra la Corte, no está invitando el Presidente a que interesados en sabotear la justicia pesquen en río revuelto? ¿Es procedente que el Primer Mandatario invite a todas las personas a que traigan pruebas de un supuesto cartel de testigos armado por la Corte, cuando es esa Corte la que está investigando a varios congresistas, la mayoría de ellos de partidos uribistas? ¿Por qué insiste el Presidente en la existencia de un “cartel de testigos” cuando aún no se conoce una sola evidencia al respecto?
“Hay que tomar decisiones ante los hechos y no ante las revelaciones de prensa”
¿Si las revelaciones de los medios sobre posibles hechos irregulares que involucren a funcionarios de la Casa de Nariño o del Alto Gobierno, son insuficientes para tomar medidas, entonces qué debe hacer un gobierno democrático, cuando la prensa hace graves denuncias? ¿Ignorarlas?
tomado de: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=114839
¿Quién ganó con el exterminio de la UP?
Steven Dudley investigó durante cuatro años cómo se fraguó el exterminio de la Unión Patriótica, uno de los capítulos más confusos de la historia política del país. La respuesta no deja contento a nadie, ni siquiera a muchos sobrevivientes del partido.
Por Juan Diego Restrepo E. *
Fecha: 08/25/2008 - “Escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no infantil”, me dice Steven Dudley a través de la línea telefónica. Sus palabras suenas vehementes porque es consciente de que los resultados de su investigación, consignadas en el libro Armas y urnas. Historia de un genocidio político (Planeta, junio de 2008), no le caerán bien a todos aquellos que de una u otra manera estuvieron involucrados en la muerte y desaparición de los miembros de la Unión Patriótica (UP) ocurridas desde 1984.
Publicado en inglés en el año 2004 y traducido al español en este año, el libro aborda, no exento de polémica, un capítulo de la historia que el país aún no concluye y refleja una labor periodística de más de cuatro años de rigurosa investigación y escritura que intenta explicar las causas que derivaron en el genocidio de la UP a través de múltiples ópticas, todas ellas inmersas en el conflicto armado de este país.
En su libro Dudley atribuye gran parte de la responsabilidad del genocidio de la Unión Patriótica al Estado colombiano, un sector del ejército aliado con paramilitares, así como a empresarios y ganaderos. Pero además le da una buena carga a las mismas FARC, quienes a su juicio utilizaron al movimiento con un doble propósito: la política y la guerra.
“Las FARC utilizan su exterminio para justificar la guerra, mientras que los paramilitares la señalan como un ejemplo del engaño de la guerrilla, y quienes están en el medio la ven como una razón más por la cual la paz es todavía una realidad lejana”, escribe Dudley.
“En el libro no se salva nadie, no voy a decir que echo rosas al Partido Comunista, que no lo hago, ni a muchos miembros de la UP, pero tampoco es una cosa monolítica, no es perfecto porque nada es blanco y negro”, agrega Dudley, sin perder ese tono de voz de quien defiende su trabajo con ahínco y argumenta que precisamente escribió sobre la UP porque es un caso que muestra la complejidad de este país.
Una parte de la crítica colombiana, en particular de un amplio sector de la izquierda-incluso muchos sobrevivientes de la UP, no ha recibido con agrado el trabajo de este periodista y escritor norteamericano, quien vivió por más de diez años en el país y profundizó en él a través de su trabajo como observador de derechos humanos en las Brigadas Internacionales de Paz y luego como redactor de los diarios The Washington Post, The Economist, Miami Herald, BBC y National Public Radio.
Sus hallazgos, tal como lo advierte Dudley, no son cómodos para un país que ha presenciado, activa y pasivamente, la muerte de más de 3.600 integrantes de un partido político de izquierda que vio la luz en 1984 de la mano de la guerrilla de las Farc como parte de los acuerdos firmados en el municipio de la Uribe, Meta, con el Gobierno nacional en cabeza del presidente Belisario Betancur.
“No puedo negar que soy extranjero y que tengo una óptica distinta, pero me duele un poco la critica porque creo que hablan sin leer el libro”, expresa y, de paso, descarta una de las afirmaciones más drásticas que ha suscitado su trabajo: “Yo no digo que las Farc mataron a la UP, eso es lo que dicen los de la derecha”.
El punto de partida de su trabajo es una pregunta en apariencia simple: por qué mataron a Josué Giraldo, miembro del Partido Comunista, activista de la UP y presidente del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, quien murió baleado delante de sus hijas el 13 de octubre de 1996.
“El libro intenta contestar esa pregunta desde varias ópticas” me explica Dudley, “no sólo desde el círculo en el cual estaba, conformado por activistas de derechos humanos, miembros de la UP y del Partido Comunista, sindicalistas de la Unión Sindical Obrera y campesinos, sino desde las personas que mataron a la gente de la UP o que crearon la base ideológica para poder eliminar un partido político”.
¿A través de su investigación, pudo resolver por qué mataron a Josué Giraldo?
“De alguna manera encontré que obedeció a una serie de factores que se enredan en algún momento determinado y crean el ambiente para poder acabar con un partido político. Esas cosas van desde la misma combinación de todas las formas de lucha por parte del Estado como por las Farc. Ahora, yo no encuentro razones para decir que la guerrilla mató a miembros de la UP, eso es una mentira. Me duele que hagan esas preguntas porque el libro no lo dice. Lo que pasa es que la gente lee un columnista que sí lo dice y luego saca como conclusión que esas son mis conclusiones”.
¿Y cuál es su conclusión entonces?
“Mi conclusión es que el Estado tiene la responsabilidad por lo que pasó con la UP, pero las mismas Farc hicieron también un trabajo por reducir el espacio político que tenían esos señores y por no sacarlos a tiempo, por no decir “acabemos con esto y volvamos a la clandestinidad”.
¿En ese momento, carecieron las Farc de olfato político para evitar el genocidio?
“De alguna manera sí, pero hay que decir que también les sirvió porque las Farc creció mucho durante y después de la UP, y eso les dio la justificación perfecta para seguir su lucha para siempre; aunque ese no era el plan”.
¿Esa manera de involucrar a las Farc no podría entenderse como una forma de reducir la responsabilidad del Estado en el genocidio de la UP?
“No estoy justificando lo que ha hecho el Estado; incluso, en varios apartes del libro hablo sobre los nexos del Estado, la Policía, el Ejército y el DAS con aquellos que mataron a la mayoría de las personas de la UP. Entonces, no sé cómo es que estoy absolviendo al Estado. Con un estudio muy cuidadoso, muestro claramente que sí había un nexo muy fuerte entre sectores del Estado y los que matan a la gente de la UP”.
¿Por eso usted insiste en que hubo un compromiso del Estado en exterminar la UP?
“Hubo un gran compromiso por parte del Estado. La gran muestra, para mí es que no ataca a los paramilitares en los años 1986, 1987, incluso en 1988. No empieza a atacarlos sino hasta después de la muerte del candidato presidencia Luis Carlos Galán y la matanza de La Rochela, donde murieron 18 investigadores judiciales”.
¿Y por qué duró el Estado tres años sin señalar a los paramilitares?
“Porque no les importaba”.
¿Jugó algún papel el gobierno de Estados Unidos en el genocidio de la UP?
“Directamente no tanto, pero podría decir que esa base ideológica que acaba con la UP comienza en los años 50, cuando hay un auge importante de militares colombianos que reciben entrenamiento en Estados Unidos sobre la doctrina de seguridad nacional. Ahí sí juega un papel fundamental y crea una mentalidad, para mí perversa, que implica que cualquier persona puede ser enemigo, desde el cura hasta el ama de casa”.
¿En términos de democracia, qué cambios observa usted entre el periodo investigado y la actualidad?
“El espacio político de la izquierda es mucho mayor hoy que antes; incluso, he visto un auge muy importante del Polo Democrático Alternativo. En 1986 y 1990, sólo alcanzaba el 4% en las votaciones; en el año 2006, llegó al 22% con Carlos Gaviria. Hoy sé que ese porcentaje se puede conseguir sin que los maten. Es un logro y hay que reconocerlo. Si se protegen los espacios políticos, si las instituciones se ocupan de hacerlo y si la gente se siente segura al expresarse en todo tipo de debates, entonces habrá una discusión de fondo sobre el conflicto y ojalá eso lleve a una negociación”.
Por último, el país aún tiene muchas preguntas sobre el genocidio de la UP. ¿Usted cree que a través de su texto quedan resueltas?
“Las preguntas que quedan respondidas son sencillas. Hay una generación entera que no sabe que la UP era una iniciativa de las Farc; que no sabe el origen de los paramilitares, de la misma guerrilla y de la idea de autodefensa. Esas respuestas poco a poco contextualizan el conflicto colombiano. Aunque la idea es poner todas las cosas en la mesa para que la gente diga “esto es muy complejo” y concluya que para resolverlo se requiere un esfuerzo. Debo insistir que escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no un debate infantil como el que estoy viendo por estos días en el país”.
