Quienes somos

::::::::Praxis Colombia es un colectivo informativo que solo recopila informacion proveniente de fuentes reconocidas o de suscriptores del colectivo, no nos hacemos responsables de dichas publicaciones pues cada una esta debidamente referenciada:::::

Contactenos en: praxis.grupo@gmail.com

© 2009 Praxis Colombia- Todos los derechos para todos.

Buscar en www.praxiscolombia.tk

martes, 16 de noviembre de 2010

“Estoy feliz y contento, voy para la cárcel a comer y dormir”

JUDICIAL

Artículo leido 3186 veces.

Golpeó a un hombre y robó un par zapatos

“Estoy feliz y contento, voy para la cárcel a comer y dormir”, fueron las palabras que expresó Claret Antonio Grisales Grajales, de 50 años, luego de haber sido procesado por el delito de hurto calificado.


Con medida de aseguramiento en centro carcelario quedó cobijado en la mañana de ayer, luego de que la autoridad competente lo hallara responsable del delito por el cual está siendo investigado.


En el desarrollo de la audiencia el fiscal encargado del caso narró que Claret o ‘el Ojón’ como es conocido, había sido capturado a las 11:15 de la mañana del domingo, en el sector de la galería de La Virginia, luego de que se le acercara a un hombre de avanzada edad que vende ropa de segunda y en un descuido se le hubiera robado un par de zapatos, ante la situación la víctima sacó un machete para defender su mercancía y Claret le lanzó una piedra, golpeándolo fuertemente, ante la grave situación el agresor fue aprehendido por la comunidad y la víctima fue trasladada a un centro asistencial de la localidad, donde se recupera satisfactoriamente.

domingo, 7 de noviembre de 2010

Video
25 años del holocausto del Palacio de Justicia
Agencia Prensa Rural / Sábado 6 de noviembre de 2010

..............


Familiares de víctimas de la Comunidad de Paz realizaron acto simbólico en el Bunker de La Fiscalia

Redacción dhColombia

Martes 2 de noviembre de 2010, por dhcolombia

Concluyó con éxito el acto simbólico ante la Fiscalia General de la Nación, el cual tenía como objetivo, dejar constancia de la impunidad que reina en los más de 200 crimines cometidos en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó "cuando se dejan pasar años y décadas dejándole las manos libres a los victimarios, se abre la posibilidad de que esos victimarios sigan multiplicando infinitamente los crímenes", indicó el Padre Javier Giraldo.

"estamos convencidos de que si los organismos de investigación, los organismos judiciales de este país hubieran sancionado a tiempo a los victimarios perfectamente conocidos; no tendriamos que hacer estos actos simbólicos aquí en este momento", explicó el Padre Giraldo.

El único proceso que había avanzado ante la justicia ordinaria, era el de 10 militares implicados en la masacre del 21 de febrero 2005. Pero una decisión politizada de una Juez especializada de Antioquia lo truncó "por eso tiene profundo significado traer la memoria de nuestras víctimas a este lugar y dejar sus féretros simbólicos con sus nombres como un reclamo, como una memoria que está reclamando permanentemente la falta de jusitica", puntualizó el sacerdote Jesuita

Comentar este artículo

El triángulo de las bermudas de las ganancias de las regalías

Los municipios y departamentos donde se explotan hidrocarburos reciben mensualmente una participación de las regalías como una contraprestación económica por el uso de los recursos naturales no renovables.

Un control de advertencia de la Contraloría General, un llamado de atención de la Auditoría y dos acciones de cumplimiento en curso, pero ante todo cientos de reclamos de alcaldes y gobernadores, no han sido suficientes para que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, devuelva más de 700 mil millones de pesos de los rendimientos financieros de las regalías suspendidas en los últimos siete años.

El tema ha pasado por comités de hidrocarburos a los que asisten los ministros de Hacienda y Minas y Energía, y los directores de Planeación Nacional y la ANH, ha sido consultado con la oficina jurídica de Presidencia y con el Consejo de Estado, pero hasta ahora no hay una respuesta. Ni autorizan el giro a los entes territoriales ni dicen a quién le van a entregar esos recursos.

Mientras tanto, algunos municipios se cansaron de solicitar por vía directa la devolución del dinero y se unieron para interponer dos acciones de cumplimiento que de resultar a su favor podrían significar para el Estado no sólo el pago de esos rendimientos sino también una indemnización y el pago de los abogados que representan a los municipios.

Nueva función, nueva decisión

Desde 2003, cuando por decisión del Gobierno Nacional se escindió Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, es la encargada de administrar los recursos de las regalías. Básicamente es la encargada de recaudar las regalías y de realizar el respectivo giro a las entidades que tienen derecho a recibirlas. Pero no tiene control sobre qué municipio o departamento las recibe ni cuánto recibe. Sólo las gira.

Es Planeación Nacional el que establece cuánto dinero le corresponde mensualmente a cada departamento o municipio productor de hidrocarburos y quien autoriza los giros y también es el organismo que suspende esos giros cuando los entes territoriales no han cumplido con los requisitos exigidos por la Ley.

Mensualmente son muchas las regalías congeladas que sólo se autorizan cuando el municipio demuestra que ya subsanó las irregularidades.

En los últimos siete años, Planeación ha suspendido los giros por lo menos a 260 entes territoriales y el tiempo que retiene ese dinero es diferente en cada caso. Hay algunos en que se ha congelado hasta por un año o incluso más.

Sólo en julio, cuando el DNP publicó el último comunicado sobre el tema, se informó de la suspensión del giro de regalías a 39 municipios y una gobernación. A esos entes territoriales les debían girar 58.329 millones de pesos pero no remitieron la información completa ni consistente para comprobar el buen uso de los recursos girados anteriormente. Ese dinero, más todas las suspensiones que periódicamente realiza Planeación, quedan en cuentas bancarias de la ANH, rindiendo intereses.

Ese dinero llega finalmente a las arcas territoriales, pero lo que no reciben es el rendimiento financiero de ese dinero mientras estuvo en manos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Advertidos

Hasta 2009, esos recursos –por lo menos 700 mil millones de pesos, aunque el senador Milton Rodríguez aseguró que la cifra puede ser cercana al billón de pesos- ni siquiera estaban incluidos en el presupuesto de la entidad aunque sí en sus cuentas. No aparecía esa plata en ningún libro contable.

Con esta excusa, de cumplir con la cuota fiscal, el 26 de agosto pasado el contralor (e) Roberto Pablo Hoyos expidió un control de advertencia dirigido a los ministros de Minas y Hacienda, y a los directores de Planeación y la ANH pidiéndoles que incorporaran esos recursos al presupuesto de la Agencia.

Esta acción del contralor que reemplazó a Julio César Turbay mientras se eligió su reemplazo, prendió las alarmas. “Aquí hay miles de millones de pesos de los que nadie habla”, aseguró el senador José David Name en un debate en el Congreso realizado en agosto pasado.

El tema fue expuesto a Sandra Morelli cuando llegó a ocupar su cargo como Contralora General y en consecuencia, un mes después, ella expidió un nuevo control de advertencia, dirigido a los mismos funcionarios. Les advertía que esos excedentes financieros de ninguna manera podían pasar a manos de la Agencia porque pertenecen por designio de la Constitución a los entes territoriales.

La contralora delegada de Minas y Energía, Claudia Medina, explicó a La Silla Vacía que si por efecto de una suspensión o por falta de asignación no se entregaron los recursos a los municipios y gobernaciones esto no significa que la Agencia se los pueda apropiar así como tampoco los puede incluir en su contabilidad.

“Si esos recursos ya fueron asignados ya pertenecen al ente territorial y si por un retardo esos entes no tienen el dinero los rendimientos que se generen durante ese tiempo son de los entes”, aseguró.

La Contraloría ordenó también una nueva auditoría a la ANH que presentará sus resultados en algunas semanas y allí se espera establecer si esos recursos de los rendimientos financieros se están utilizando o se están contabilizando. Es una información clave para la investigación fiscal porque la Agencia no está autorizada para hacer inversiones provenientes de esos recursos.

Alerta reiterada

La advertencia que la contralora Morelli hizo hace un par de meses no es nueva. Ya en el resultado de la auditoría de las cuentas de 2008 de la ANH, la Contraloría había dicho que sólo en ese año había una “sobrestimación en los ingresos financieros” por cuenta de los 170 mil millones de pesos que la Agencia reportó como ingresos propios pero que en realidad eran el resultado de la utilidad de los recursos de regalías pendientes de giro. En esa ocasión, la Contraloría calificó como un ‘hallazgo’ que esas utilidades fueran consideradas como ingreso de la entidad.

El senador Name ha venido dando la pelea por el tema e incluso ha dicho que el Director de la ANH, José Armando Zamora, podría estar incurriendo en un peculado porque lo que está de por medio son recursos que están dirigidos a mejorar la cobertura en salud y educación de los municipios que reciben las regalías por la explotación de hidrocarburos.

Name dijo que ha consultado sobre el tema a Planeación y a Ingeominas –que maneja las regalías del carbón- y la explicación ha sido que el tema está en estudio. La Silla Vacía intentó consultar sobre el tema al Director de la ANH, pero a pesar de los múltiples intentos no recibió respuesta.

Sin embargo, varias fuentes que han discutido el tema con José Armando Zamora aseguraron a La Silla Vacía que el funcionario argumenta que la Constitución Nacional fijó que las regalías pertenecen al Estado hasta tanto no se giren y que por lo tanto los rendimientos también le pertenecen a éste.

El argumento de los municipios y gobernaciones es exactamente el contrario. Ellos aseguran que la Constitución, en su artículo 360, les fijó el derecho a la participación en las regalías y compensaciones de las explotaciones de hidrocarburos.

El ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, bajo cuya presidencia se dictó la jurisprudencia en el tema de regalías, explicó a La Silla Vacía que se trata de un tema de derecho civil que, para él, no tiene mucha discusión. “¿Quiénes son los dueños de las regalías? Los entes territoriales. Entonces, los dueños de los rendimientos son los entes territoriales”.

Precisamente, uno de los fallos de la Corte sirve de sustento a la pelea de los municipios que decidieron demandar.

Es una sentencia de 2002 en que la Corte aseguró que el titular de las regalías es la Nación en cuanto a la regulación y gestión, pero que son los entes territoriales los beneficiarios directos de esos recursos, “por lo cual las autoridades centrales no se benefician directamente de las regalías”. Y que la función del gobierno central no es más que de gestión “para que pueda haber una distribución equitativa de las regalías, que sea acorde con el desarrollo armónico de las regiones”.

Con esto, la Corte asegura que el goce final de las regalías es de los entes territoriales porque así se estimula la descentralización, se favorece la propia minería y se protege el medio ambiente.

Los argumentos son muchos y aunque la falta de decisión viene desde el Gobierno de Álvaro Uribe ya casi se completan cien días del gobierno de Juan Manuel Santos y aún los nuevos funcionarios tampoco se han podido poner de acuerdo. Mientras tanto los 700 mil millones de pesos siguen generando utilidades en los bancos.



Barbarie en Arauca
PDF Imprimir E-mail
Conflicto hoy
Martes, 02 de Noviembre de 2010 07:19
Al horroroso hecho de que tres niños hayan sido cruelmente asesinados en Arauca se suman los preocupantes indicios de que algunos militares podrían estar involucrados en el crimen.


La fosa en la que fueron escondidos los cuerpos de los tres hermanos está a 200 metros de su humilde vivienda. José Álvaro sepultó a sus hijos acompañado de amigos y vecinos que se solidarizaron. / FOTO SEMANA
"Pánico y tristeza. Nada más", es lo que sienten los 22 niños de la escuela Alto Caño Martín, en la vereda Carraos, de Tame, Arauca, según el profesor de esta remota institución rural donde estudiaban los hermanitos Torres Jaimes, cuya muerte tiene conmocionado al país.

El profesor explica que la escuela estuvo abandonada varios días y que los menores apenas están empezando a retornar. Antes, ellos iban y regresaban solos de la escuela, en recorridos de más de una hora en burro o bicicleta. Ahora lo hacen acompañados de sus padres, pues cuando los niños ven al Ejército simplemente se niegan a salir de sus casas por físico miedo.

En estas veredas todos sospechan que las tropas están involucradas en el espeluznante asesinato, ocurrido en la tarde del pasado 14 de octubre. Ese día, José Álvaro Torres, un humilde campesino, separado, que apenas alcanzó el segundo grado de primaria, salió de su rancho en la vereda El Temblador a trabajar como jornalero en una finca relativamente cercana. En la casa, hecha con tablas de madera y paja, quedaron sus tres hijos, solos, como tantas otras veces.

Yenny, de 14 años, era la mayor y responsable de cocinar para sus hermanitos menores: Yimmy Ferney, de 9, y Jeferson Jovany, de 6. Al medio día, José llegó al rancho, almorzó con sus hijos y luego salió a trabajar de nuevo. Un poco después, le pidió a un vecino que fuera al rancho a recoger un repuesto, y este regresó con la noticia de que los niños no estaban. Sin embargo, no se alertó, pues pensó que estarían jugando en los alrededores. Pero al final del día, cuando se dio cuenta de que no regresaban, empezó su tragedia. Recorrió toda la zona preguntando por sus hijos pero nadie le dio razón.

Al siguiente día, con la colaboración de varios campesinos, emprendió una búsqueda rigurosa. En vista de que no los encontraron, José se fue para Tame a alertar a las autoridades, mientras sus vecinos seguían rastreando en el terreno. Al día siguiente, sábado, empezaron a buscar ya no solo por los caminos, sino entre los matorrales. Para entonces, una preocupación fatal rondaba el ambiente.

Efectivamente, en una zona escarpada encontraron una hojarasca que cubría dos pedazos de tierra removida. José estaba en la Sijín de Tame cuando recibió una llamada: sus vecinos le pedían que regresara cuanto antes. Al final de la tarde, cuando era claro que se trataba de una fosa con cuerpos humanos, los campesinos informaron a todas las autoridades judiciales. Sin embargo, dada la hora, ninguna acudió para hacer el levantamiento. No obstante, un grupo de la Cruz Roja Colombiana, por petición de la Fiscalía de Arauca, hizo la exhumación esa misma noche.

La escena que encontraron era tétrica: en una fosa estaban los cadáveres de los dos niños y de otro, el de Yenny, con rastros de haber sido violada. Los tres cuerpos estaban a medio vestir y tenían heridas mortales de arma cortopunzante en distintas regiones: cuello, espalda, cabeza. Esa misma madrugada los transportaron a Medicina Legal de Arauca.

El domingo, una comisión interinstitucional, transportada en helicópteros del Ejército, arribó a la zona e inspeccionó todo el sector; tomó testimonios y registró minuciosamente el terreno. Desde entonces, dos unidades de la Brigada Móvil 5 de la Octava División están bajo sospecha. Se trata de unos 60 uniformados que por esos días acamparon y patrullaron el sector.

Varios indicios han hecho que los investigadores consideren que algunos uniformados podrían estar involucrados en este crimen. Ni en la humilde vivienda ni en sus alrededores hay rastros de sangre o de violencia. Únicamente los hay en la fosa, distante a 232 metros de la casa. Ello indicaría que en ese mismo lugar fueron agredidos, asesinados y sepultados. Lo que está por explicarse es cómo pudo ocurrir esto a 254 metros del campamento militar, dado que matar a los niños y cavar los huecos requiere tiempo y control del área. No obstante, un testigo asegura que la víspera del crimen los militares habían abandonado el campamento. Pero en todo caso, continuaban en los alrededores.

Uno de los indicios más preocupantes es que varios campesinos dicen que los soldados solían ir a sus casas para intercambiar víveres. Los niños asesinados fueron visitados en dos ocasiones por uniformados, cuando su padre no estaba. Un oficial del Ejército que sigue de cerca el caso le confirmó a SEMANA que esas dos visitas efectivamente ocurrieron y que "estas de por sí son irregulares".

La proximidad del Ejército a la casa ha sido verificada también con una serie de elementos que los militares dejaron desperdigados cuando levantaron los campamentos y continuaron su marcha. Se trata de empaques de víveres y pertrechos rotulados como de la Compañía Buitres 2, perteneciente a la Brigada Móvil 5. Cerca de la fosa se encontraron las cenizas de una hoguera reciente.

A ese conjunto de elementos en el terreno se han ido sumando otros. Los soldados bajo sospecha, que están aislados y concentrados en Arauca, han incurrido en inconsistencias en las entrevistas hechas por el propio Ejército, que son evaluadas por la Fiscalía. También se vienen adelantado pruebas técnicas, cuyos resultados preliminares no son halagüeños.

Un informe interno de la Fiscalía, conocido por esta revista, señala que los equipos de campaña de varios militares bajo sospecha fueron sometidos a una prueba conocida como Bluestar. Se trata de una solución química que reacciona ante rastros de sangre. De 11 equipos sometidos a examen siete arrojaron positivo. Ello no quiere decir nada distinto a que hubo algún contacto con sangre, no necesariamente reciente. Los siete equipos fueron remitidos a laboratorios para establecer "si hay fluidos, si los mismos son de origen humano y, de ser positiva la respuesta, se extraiga el ADN, para un futuro cotejo con el de las víctimas", según se lee en el informe.

Tras practicar la necropsia a los tres niños, el Instituto de Medicina Legal de Arauca tomó varias muestras que envió a Bogotá para establecer su ADN. Lo propio se hizo con los militares en cuestión y con José Álvaro, el papá de los niños, quien fue la última persona que los vio con vida. El cotejo del ADN será la prueba reina.

Mientras la investigación avanza se han conocido otros hechos que podrían complicar más la situación de los uniformados. En la Sijín de Tame existe la denuncia de una campesina que asegura que su hija de 13 años fue violada el 2 de octubre en otra vereda.

Según la denuncia, ese día la menor estaba en su casa, sola, cuando fue sacada a la fuerza bajo la lluvia por un uniformado que portaba un arma larga y que la llevó hasta una maraña donde la ultrajó. Tras el acto, el sujeto la obligó a lavarse la vagina y la amenazó de muerte si decía algo.

Existe otro antecedente ocurrido en la capital de Arauca el 5 de abril pasado. Ese día la Policía detuvo en flagrancia al soldado Duverney Pava Henao cuando huía entre la maleza tras violar a una colegial de 14 años en inmediaciones de la Brigada 18.

El crimen de los niños Torres Jaimes tiene en alerta al gobierno. Tanto el Ministro de Defensa como el alto mando militar han advertido que serán implacables con los responsables, incluso si son militares. El vicepresidente Angelino Garzón advirtió que se trata de un crimen de lesa humanidad. La Fiscalía decidió trasladar al búnker de Bogotá el expediente, mientras que organizaciones de derechos humanos empezaron a divulgar el suceso en influyentes esferas internacionales.

Mientras tanto, José Álvaro Torres, el padre de los menores, permanece refugiado donde unos amigos tan pobres como él y asegura que nunca volverá a su casa. "¿A qué?", se pregunta. Cuando ve las noticias sobre el caso dice que teme por su vida. Él fue el primero en señalar de sospechoso al Ejército y exige castigo para los responsables. Lo exige, temblando, con desespero y a la vez con vehemencia. Igual que lo haría cualquier padre si sus hijos son asesinados de esta manera tan brutal.

Publicado en
Revista Semana

La batalla musical de los niños en Sucre
Una Fundación, creada por una profesora de música 'cachaca' que llegó en 2000 a los Montes de María, le enseña a niños de Sucre que la mejor forma para sacar la violencia de sus vidas es agarrar violines, chelos y contrabajos.



La vida post-Uribe, ¿en qué andan sus funcionarios?

Durante ambos períodos presidenciales de Álvaro Uribe, varios de sus asesores, consejeros y ministros dieron bastante de qué hablar. Pero desde que Santos llegó al poder han desaparecido de la mirada pública y algunos han caído en el anonimato. Este es un breve repaso por la actualidad de esos funcionarios.

Fotos: Presidencia

Durante Uribe

José Roberto Arango

En 2002, Uribe lo designó como su Alto Consejero Presidencial, pero tuvo que renunciar en julio de 2004, debido a un escándalo que relacionaba a una empresa de su familia con contratos para la dotación del Ejército. Arango, un empresario antioqueño, muy cercano desde su juventud a Uribe, se dedicó a salvar empresas en crisis después de su retiro como funcionario público. Ayudó a sacar a flote Acerías Paz del Río y a salvar a Coltejer, convenciendo al Grupo Ardila Lülle de venderlo a los mexicanos de Kaltex. Sin embargo, se enfrentó a una nueva polémica por aparecer como el socio mayoritario de ODP Limitada. Esta empresa fue la intermediaria de la venta de los almacenes de Almagrario de la Caja Agraria en liquidación, cuando se descubrió que contaba con varios allegados al gobierno entre sus socios.

Alicia Arango

Arango fue la Secretaria Privada de Álvaro Uribe durante casi los ocho años de su mandato y su persona de más confianza y de mayor influencia sobre él.

Sandra Suárez Pérez

Suárez estuvo desde el comienzo del gobierno de Uribe como Alta Consejera para el Plan Colombia y luego, entre noviembre de 2003 y 2007, pasó a ocupar el cargo de Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En 2007, cuando Juan Lozano la reemplazó, Suárez pasó a ser la Alta Asesora para los Acuerdos Internacionales. En octubre de 2007, decidió dejar su puesto, e irse a la farmacéutica Wyeth como Asesora de Asuntos Públicos para Colombia, Ecuador y Perú.

Fabio Echeverri Correa

Echeverri, quien fue Presidente de la ANDI entre 1974 y 1991, en 2002, fue el director de la primera campaña de Uribe y una vez arrancó el gobierno se convirtió en asesor presidencial del nuevo mandatario. En 2005 pasó a convertirse en uno de los gestores de la primera reelección.

Bernardo Moreno

Moreno conoció a Uribe cuando era el Liquidador de Corpes de Occidente. Uribe luego lo designó director de Findeter en 2002 y en 2004 lo llamó para que fuera su Secretario General, cargo que ocupó hasta el fin de gobierno en 2010 y por el que fue relacionado con varios escándalos, como la Yidis-política y las “chuzadas” del DAS.

Jaime Bermúdez

Bermúdez fue el Asesor de Comunicaciones de Uribe desde el comienzo de la campaña hasta 2006. Luego fue Embajador en Argentina hasta diciembre de 2008, cuando fue designado Canciller por Uribe, cargo que ocupó hasta la posesión de Santos en agosto de este año.

José Obdulio Gaviria

Aunque nunca fue nombrado como funcionario oficial, entre 2003 y 2009, Gaviria ejerció desde su oficina en la Casa de Nariño el cargo de Asesor Presidencial como un particular contratado por el Convenio Andrés Bello. Durante ese tiempo, fue uno de los consejeros más cercanos a Uribe y era el encargado de preparar varios mensajes y discursos y de consolidar la estrategia y la ideología de la política uribista. Cuando su contrato venció a finales de marzo de 2009, decidió irse para apoyar y promocionar la segunda reelección.

Andrés Uriel Gallego

Fue el Ministro de Transporte de Álvaro Uribe durante sus ocho años de gobierno. Ambos antioqueños, devotos religiosos y amigos de vieja data, coincidieron por primera vez en cargos públicos cuando, en 1995, el entonces Gobernador de Antioquia Uribe Vélez, lo designó como Secretario de Obras Públicas. Luego, en el 2002, Uribe se llevó a Gallego a su gabinete y fue uno de los funcionarios más fieles y cercanos al Presidente.

Martha Pinto de Hart

Pinto fue la primera Ministra de Comunicaciones de Uribe (2002-2006) y luego pasó a ser la Directora Ejecutiva de ‘Santander Competitivo’, la Comisión Regional de Competitividad de Santander de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Luego de su salida del Ministerio hizo parte de las juntas directivas de Colciencias, Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander, Acciones de Colombia, Fiduciaria Santander y Gaseosas Hipinto.

Carolina Rentería

Otra de las funcionarias cercanas a Uribe, entre 2002 y 2006, Rentería fue la Secretaria General del Ministerio de Hacienda bajo los Ministros Alberto Carrasquilla y Roberto Junguito. En julio de 2006, antes de que comenzara su segundo gobierno, Uribe la nombró directora del Departamento Nacional de Planeación.

Diego Palacio

Cuando comenzó el primer gobierno de Uribe, Palacio fue nombrado Asesor del Despacho del Ministro de Protección Social Juan Luis Londoño. Después de que Londoño falleciera en un accidente aéreo en febrero de 2003, Palacio fue nombrado titular de la cartera, puesto que ocupó hasta 2010, cuando acabó el segundo gobierno de Uribe.

Óscar Iván Zuluaga

Zuluaga llegó al Senado en 2002 avalado por el movimiento que había liderado Luis Alfonso Hoyos y como uno de los principales defensores de la candidatura de Álvaro Uribe a la Presidencia. Fue promotor de la primera reelección presidencial y en 2005 fundó con Juan Manuel Santos el Partido de la U. En 2006 fue nombrado el Alto Consejero Presidencial para el segundo gobierno de Uribe y un año después, Ministro de Hacienda, cargo que ocupó hasta el 2010.

Andrés Felipe Arias

Arias llegó al gobierno en 2003 como Director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Luego, en 2004 fue nombrado Viceministro de Agricultura bajo Carlos Gustavo Cano. Después, en 2005, Arias asumió la cartera y se convirtió en uno de los ministros más cercanos a Uribe, tanto política como ideológicamente. Renunció al cargo en febrero de 2009 para comenzar a preparar su campaña como precandidato conservador a la Presidencia de la República, haciendo campaña como “el del Presidente” y como el verdadero heredero de Uribe. Sin embargo, perdió la consulta conservadora contra Noemí Sanín.

Darío Montoya

Fue el Director del SENA desde el comienzo del gobierno de Uribe en 2002 y duró hasta hace pocas semanas, cuando decidió renunciar. A Montoya se le acredita el crecimiento del SENA en los últimos ocho años, ampliando la cobertura hasta tener más de siete millones de alumnos el año pasado. Pero también su nombre surgió en polémicas por participación indebida en política a favor de Juan Manuel Santos en la campaña presidencial.

Hernán Martínez Torres

En julio de 2006 Uribe designó a Torres como su Ministro de Minas y Energía y lo mantuvo en ese cargo hasta el final de su mandato.

Fernando Londoño

El “Súper Ministro” de Uribe, fue el titular del Ministerio del Interior y Justicia entre 2002 y 2004. Renunció al cargo por una sanción en su contra de la SuperSociedades en 2004 y ese mismo año la Procuraduría lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años por haber hecho uso indebido de su cargo de Ministro para favorecer al consorcio italiano Recchi.

Martha Lucía Ramírez

Ramírez fue la Ministra de Defensa de Uribe entre 2002 y 2003. Luego, en 2006 se lanzó al Senado por el Partido de la U pero renunció en marzo de 2009 al Partido y a su credencial como congresista para aspirar a las elecciones presidenciales. Debido a disputas con el Partido de la U y con su candidato Juan Manuel Santos, Ramírez terminó lanzándose como precandidata conservadora, pero perdió en la consulta.

Después de Uribe

José Roberto Arango

Actualmente se dedica a los negocios, particularmente los ligados al Grupo Dann Regional y es el Presidente del Club de Fútbol Los Millonarios. Fue designado interventor del equipo por la Dirección Nacional de Estupefacientes (que en ese momento era propietaria de más de la mitad del equipo) a principios de 2010 y fue escogido Presidente del Club en mayo de este año.

Alicia Arango

En mayo de este año Uribe la nombró como Representante de Colombia ante la ONU en Ginebra, y el nuevo Presidente Juan Manuel Santos no la ha cambiado.

Sandra Suárez Pérez

En abril de 2009, el Partido de la U le ofreció ser su Secretaria General, pero ella decidió quedarse en el puesto que todavía mantiene.



Fabio Echeverri Correa

En 2006 se retiró y desde entonces es miembro de varias juntas directivas, entre las que se destacan la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol y la Clínica Shaio, cargos que todavía ocupa. También es parte del consejo editorial de la nueva revista virtual kineyike.com

Bernardo Moreno

Desde que dejó el Gobierno, Moreno ha estado dedicado a defenderse de las acusaciones en su contra. El 4 de octubre de 2010 Moreno fue destituido e inhabilitado por el Procurador Alejandro Ordoñez por su responsabilidad en el caso de las "chuzadas" del DAS y la Fiscalía le abrió investigación y ya ha sido citado a dar declaraciones.

Jaime Bermúdez

En septiembre, Bermúdez fue designado Presidente en Colombia de la Banca de Inversión MBA Lazard, que presta asesoramiento financiero, administración de inversiones y servicos de tesorería en América Latina. Además de este cargo, está dedicado a promocionar su nuevo libro “La audacia del poder: momentos claves del primer gobierno de Uribe contado por uno de sus protagonistas” en el que, según él, publica los apuntes que él mismo tomó cuando se dio cuenta que Uribe iba a marcar la historia de Colombia.

José Obdulio Gaviria

Actualmente, Gaviria es columnista de varios medios escritos, principalmente El Tiempo, tiene un programa de televisión los domingos en el canal de cable Cablenoticias y está en una gira por Centroamérica reuniendo dinero para su fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, a través de la cual quiere perpetuar el legado de la ideología uribista.

Andrés Uriel Gallego

Desde su retiro, Gallego está recuperandose de una operación de columna y de un cáncer de próstata y está dedicado a cuidar a sus caballos.




Martha Pinto de Hart

En mayo de 2009, Pinto fue nombrada Presidente Ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, puesto en el que todavía se desempeña y desde donde trabaja de cerca al gobierno actual.

Carolina Rentería

En abril de 2009, Rentería dejó su cargo en el DNP y se fue a Washington a ocupar el escaño que Jorge Humberto Botero había dejado libre en el Banco Mundial, puesto que todavía ocupa.


Diego Palacio

Actualmente Palacio está dedicado a ejercer su profesión de médico cirujano que aprendió en la Universidad del Rosario. Tiene montada una consulta privada en la que se dedica a atender a varios de los miembros de la élite política que conoció mientras se desempeñaba como Ministro.

Óscar Iván Zuluaga

Actualmente Zuluaga es codirector del Partido de la U, junto a Juan Lozano, y está sonando como posible candidato del partido a la alcaldía de Bogotá.

Andrés Felipe Arias

En septiembre de este año, Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Embajador en Italia Sabas Pretelt de la Vega y nombró a Arias en ese cargo. Pero Arias no aceptó y se quedó en Colombia para afrontar el pliego de cargos que le formuló la Procuraduría y la investigación previa de la Fiscalía por el caso de Agro Ingreso Seguro. Suena para la Gobernación de Antioquia.


Darío Montoya

A finales de octubre renunció al cargo en el que Santos lo había ratificado y, a pesar de la petición del Presidente de que reconsiderara su decisión, ahora ya está preparando su campaña a la alcaldía de Medellín.

Hernán Martínez Torres

Ahora está dedicado a hacer parte de varias juntas directivas y está sonando como candidato de La U para la alcaldía de Barranquilla.

Fernando Londoño

Desde entonces, Londoño se ha dedicado a su programa radial “La Hora de la Verdad” de la Cadena Radial Súper y a ser columnista en algunos medios como el periódico La Patria de Manizales.

Martha Lucía Ramírez

Ramírez volvió a su oficina de consultoría privada en la que asesora a sus clientes en comercio exterior.


Cementerios e impunidad

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz presenta la versión digital de la revista Noche y Niebla No. 41, periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio 2010.

En las últimas cuatro décadas han sido registrados centenares de miles de muertes violentas en Colombia, un alto porcentaje de ellas relacionado con la represión oficial y con el conflicto armado interno. Muchos millares de víctimas fueron desaparecidas y muchas otras reportadas como muertas en combate, real o ficticiamente, sin que sus restos hayan sido vistos nunca por sus familiares. Nuestras montañas, caminos y ríos esconden multitud de cadáveres sin nombre.

El pasado 4 de agosto (2010) la Fiscalía informaba que el censo recién emprendido de sepulturas anónimas ya se acercaba a 10.000 estando apenas en sus comienzos la recepción de respuestas de los 1.103 municipios. Hasta ahora se destacan, según la Fiscalía, Mutatá (Antioquia) con 1.500 sepulturas anónimas y Granada (Meta) con 510 (Cfr. El Espectador, 04.08.10, pg. 2).

La Macarena: una alerta temprana

Enviado por Comunicaciones el Mié, 08/09/2010 - 09:15.
Editorial Web

Alejandro Angulo Novoa, director del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, analiza el informe sobre el Cementerio de La Macarena de la ONU y clama por que la impunidad tenga fin.
A todos los colombianos: esta es una alerta tardía convertida en alerta temprana. Es tardía en cuanto que las 466 personas no pueden resucitar. Sus despojos mortales están en las tumbas y fosas comunes de La Macarena. Y es temprana en cuanto que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, después de visitar el lugar, exhorta a una acción inmediata: “Para la Oficina es preocupante la falta de controles efectivos y registros adecuados frente a los reportes de personas muertas en combate, lo que plantea interrogantes sobre las circunstancias de su muerte. Esclarecer estos interrogantes es urgente, en particular, teniendo en cuenta los indicios sobre posibles casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en La Macarena y municipios aledaños” (ONU-DD.HH. Informe sobre cementerio de La Macarena, Meta, 7 septiembre 2010).