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miércoles, 3 de diciembre de 2008


80 años despues de la
Masacre de las bananeras.

Y narra Gabriel Garcia Marquez
100 años de soledad:



...uno de los tantos miércoles llegó a Macondo y almorzó en la casa el rechoncho y sonriente Mr. Herbert.
Paso desapercibido entre los numerosos comensales.
"Nadie lo distinguió en la mesa mientras no se comio el primer racimo de bananos"
"....y al terminar el primer racimo suplico que le llevaran otro."
"Con la incrédula atención de un comprador de diamantes examino meticulosamente un banano..."
"...midió la temperatura, el grado de humedad de la atmósfera y la intensidad de la luz"
"El miércoles llegó un grupo de ingenieros, agrónomos, hidrólogos,topógrafos y agrimensores que durante varias semanas exploraron....."
"Más tarde llegó el señor Jack Brown en un vagon.....que era todo laminado en plata con poltronas de terciopelo episcopal..."

"....los suspicaces habitantes de Macondo apenas empezaban a preguntarse qué cuernos era lo que estaba pasando, cuando ya el pueblo se había transformado en un campamento de casas de madera con techos de zinc, poblado de forasteros que llegaban de medio mundo en el tren".
"...Los gringos después llevarón sus mujeres lángidas, con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa,...."
y sigue...
"...modificaron el régimen de lluvias,apresuraron el ciclo de las cosechas, y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo de la población,..."
y como si no fuera poco...
"...llevaron un tren cargado de putas inverosimiles, hembras babilónicas adiestradas..
Masacre de las bananeras. y dice...Gabo.
"....la muchedumbre se congrego enla estación desde la mañana del viernes..."
"....el ejercito habia emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la plazoleta..."
"...hacia las doce más de tres mil personas, entre trabajadores, mujeres y niños en la estación y calles aledañas..."
"...el teniente leyó con una bocina de gramofono el decreto número 4 del Jefe Civil y Militar, firmado por el coronel Carlos Cortés Vargas.."
"...en ochenta palabras declaraba a los huelguistas "cuadrilla de malhechores" y facultaba al ejercito para matarlos a bala..."
...tienen cinco minutos para irse grito el capitán.."
"...el capitán dio la orden de fuego y catorce nidos de ametralladora respondieron en el acto.."
"..fueron barridos por las rafagas..."

Se estima que más de 2.100 civiles han sido asesinados para cobrar recompensas



Gorka Castillo

Al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, comienzan a pasarle factura los abusos de su mandato. Al escándalo desatado hace dos semanas por un multimillonario fraude financiero organizado en las sombrías cañerías del Estado, ahora se suma la filtración de que el Ejército ha practicado desde 2002 cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que además han sido financiadas con fondos de la cooperación internacional.
La espoleta de esta eliminación sistemática fue la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate.

La artimaña que empieza a conocerse ahora es que miles de los muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría.

Organizaciones civiles calculan que el número de víctimas supera las 2.100, casi tantas como las causadas en medio siglo por ETA y el IRA juntos. La plataforma Justicia para Colombia -un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la UE- mostró ayer el documento secreto del Ministerio de Defensa, en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas "procederán del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional".


Extracto del documento en el que se especifica la financiación de las recompensas

Este protocolo no sólo pone en duda la legalidad de la política de Seguridad Democrática que le ha ganado popularidad a Uribe. También compromete los acuerdos de cooperación internacional suscritos con varios países, entre ellos España.

1.300 euros por ‘guerrillero' El documento, de 15 páginas, contradice a Uribe, quien siempre negó que existiera una política sistemática de recompensas. Pero la orden entró en vigor de forma "permanente" el 17 de noviembre de 2005. Según las tablas de valoración, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.

Con esta oferta pública, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón.




Asesinatos impunes o falsos positivos

El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como eufemísticamente las denomina el Gobierno de Álvaro Uribe, se destapó hace un mes, cuando un militar reveló que 20 civiles de clase baja desaparecidos cerca de Bogotá habían sido secuestrados para ser asesinados y presentados a la sociedad como guerrilleros de las FARC. Al principio, Uribe entró en cólera contra el autor de difundir esta “falaz” información. En los días siguientes, su tono perdió agresividad hasta llegar al reconocimiento de que aquella atrocidad “era cierta, aunque no generalizada, en unas Fuerzas Armadas modélicas con los derechos humanos”. Dimitió el jefe del Ejército, Mario Montoya, el ingeniero de la liberación de Betancourt, y 27 oficiales fueron destituidos. Alguien, también militar, aseguró que era la punta del iceberg de una política que legaliza la impunidad “y propaga el miedo”.


jueves 4 de diciembre de 2008

Capturan al rector de la Universidad de Córdoba

Agentes del CTI capturaron a Claudio Sánchez, actual rector de la universidad de Córdoba por sus supuestos vínculos con el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso.

El ex jefe del Bloque Norte de las Auc, Salvatore Mancuso, dijo que los paramilitares eran los que mandaban en el claustro universitario y su apoyo fue clave para que lograra ser elegido como rector.

Así mismo manifestó que el nombramiento de rectores en la universidad fue parte de una estrategia que ideó para infiltrar y manejar el claustro universitario, del que dijo estaba infiltrado por la guerrilla.

"No obligamos a nadie, el que aceptara era porque accedía a cumplir con los compromisos impuestos por las Auc", manifestó Mancuso, durante su última versión libre, en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Según él, antes de la elección de Sánchez se reunió con los miembros del Consejo Superior, entre estos se encontraba el nuevo rector y representantes de los sindicatos de la 'U'.

Sánchez, investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, amenazas y constreñimiento ilegal, fue capturado en la sede del Club Campestre de Montería cuando presidía una reunión del Concejo Directivo de la institución, y en el que se analizaba el paro que desde hace 15 días lleva a cabo el sindicato de trabajadores de esa universidad.



Por: Reinaldo Spitaletta

SOMBRERO DE MAGO. MASACRE DE LAS BANANERAS

ES YA UNA PERVERSA TRADICIÓN EN Colombia catalogar de parte del poder, a los que se atreven a soliviantarse por sus derechos, como aliados del terrorismo, o infiltrados por la subversión, tal como hace poco sucedió, por ejemplo, con los corteros de caña del Valle del Cauca, o con la minga indígena. O como pasó hace ochenta años, en Ciénaga, Magdalena, con los trabajadores de la multinacional United Fruit Company. Los huelguistas fueron declarados “cuadrilla de malhechores”.

Esa misma tradición indica que, desde hace décadas, en Colombia se persigue con saña a los trabajadores. Y que si están muy exigentes, entonces algún banquero pide al Gobierno que se declare la conmoción interior. Y listo. O, como sucedió en 1963, a los obreros de Cementos El Cairo, en Santa Bárbara, Antioquia, se les dispara y asesina. Y parte sin novedad. Aquí no ha pasado nada. Así como no pasa nada si se matan sindicalistas. O como viene acaeciendo en el país: se desaparecen muchachos pobres y luego el Ejército los presenta como dados de baja en combate. Sin embargo, los gobernantes pasan de agache.

Claro que lo de los disparos contra los obreros viene de más atrás. Precisamente, de los tiempos de la United Fruit, cuya historia ha sido de arrasamientos y está escrita con sangre. Las trasnacionales han atropellado al país, con la complacencia servil del Estado colombiano. Su sucesora, la Chiquita Brands, patrocinó entre 1997 y 2004 a grupos paramilitares en Urabá, a los que les pagó 1.7 millones de dólares, con la aquiescencia de sus altas jerarquías en Estados Unidos.

Y no sólo financió a esos grupos de asesinos en la zona bananera antioqueña, sino que transportó para tales bandas criminales, en 2001, tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles. Y que se sepa, no hay en Colombia ningún proceso contra la compañía gringa. La impunidad también cobijó, hace ochenta años, a la United Fruit en la masacre de las bananeras, en Ciénaga, ocurrida el 6 de diciembre de 1928. Y, ayer como hoy, los gobiernos antipatrióticos siguen caracterizándose por su actitud de cipayos.

Mientras el presidente de entonces, Miguel Abadía Méndez, se dedicaba a cazar patos, el ejército colombiano prestaba sus armas para defender a una empresa extranjera que explotaba a sus trabajadores. La inconformidad de éstos se fundaba en la insalubridad de las viviendas, la iniquidad de las condiciones laborales, el mal tratamiento médico en los dispensarios, el pago mediante vales que sólo servían “para comprar jamón de Virginia” en los comisariatos de la United.

Para el Gobierno colombiano, la compañía extranjera no cometía atropellos. Eran los trabajadores, “los huelguistas amotinados” los que los perpetraban, según el decreto firmado por el general Carlos Cortés Vargas, de ingrata recordación. Así que aquel seis de diciembre los nidos de ametralladoras del Ejército abrieron fuego contra los obreros, a los que el Gobierno ya calificaba de “comunistas y anarquistas”. Murieron unos tres mil. Aunque el jefe militar declaró que habían sido nueve. Más tarde, el Departamento de Estado dijo que eran cerca de mil. Los trenes llevaban los muertos al mar.

Los líderes sindicales Raúl Eduardo Mahecha y Alberto Castrillón denunciaron la matanza, al tiempo que Jorge Eliécer Gaitán, en la Cámara de Representantes, blandía su verbo contra el brutal atropello, en el cual también murieron muchos niños: “¡El Ejército colombiano tiene la rodilla hincada ante el oro yanqui y la altivez para dispararles a los hijos de Colombia!”, dijo Gaitán.

Colombia, país de masacres. La de las bananeras, borrada de la historia oficial, sigue siendo un baldón. Como tantas otras. Es tiempo de honrar a los trabajadores caídos y de recordar la epopeya de los obreros de las plantaciones de Ciénaga.

CIBERPERIODISTAS (TOMADO DE SEMANA.COM)

Autor: COMUNIDAD INJUSTICIAS
Una semblanza de este líder indígena, cuyo nombre ha sido tan injustamente vilipendiado, u olvidado en el mejor de los casos, por el discurso oficial, ignorando su contribución en la lucha por los derechos y el rescate de la dignidad de los indígenas.


SEGURIDAD
Preocupante aumento de bandas armadas en Colombia



POLÍTICA. (TOMADO DE SEMANA.COM)

Los financiadores del referendo que busca la reelección


De la Parapolítica a la Pira-política

El Presidente Alvaro Uribe Vélez es el principal responsable de la crisis que padecen miles de familias colombianas que depositaron sus ahorros en firmas como DMG, DRFE y otras captadoras ilegales de dinero y que causó un levantamiento en Mocoa y disturbios en varios municipios. "El de Murcia (DMG) es un modelo mafioso permitido por este gobierno", afirmó el senador Gustavo Petro, quien recordó el modelo de la empresaria uribista del chance ‘La Gata’. El “curubito más puro del uribismo” y Murcia, “son amigos”, dijo Petro. La turba incendió los patios de la Fiscalía en Mocoa. Foto © EFE

El referendo reeleccionista está muy cerca de DMG, porque esta empresa tiene imborrables vínculos con la firma Transval, que transportó y custodió las firmas. David Murcia tuvo una reunión en la Casa de Nariño con el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, el mismo que se reunió con 'Job', el jefe de sicarios de Envigado, para conspirar contra la Corte Suprema de Justicia. Félix Alfázar González Mira, asesor presidencial para los municipios, admitió haber conseguido cita a representantes de DMG con superintendente de Industria y Comercio. En el momento en que capturaron a Daniel Ángel, mano derecha de Murcia y primo segundo del Secretario General de la presidencia Bernardo Moreno, el gobernador del Magdalena, Omar Díazgranados del Partido de la U, estaba en el mismo apartamento. Provitec -principal accionista de Transval- logró que se le adjudicara el contrato de vigilancia de la Gobernación del Magdalena y además el contrato de vigilancia del Hospital Universitario Fernando Tronconis, que depende del departamento. En una grabación de David Murcia y William Suárez, sobre los resultados de la contienda electoral, hablan de que ganaron en Magdalena y tambiénse refiere a que ganaron en Santa Marta, donde fue elegido alcalde Juan Pablo Díaz Granados.

La derrotada campaña a la gobernación de Boyacá del actual magistrado del Consejo de la Judicatura propuesto por el Presidente Uribe, habría recibido $ 400 millones de DMG, habría recibido $ 400 millones de DMG. En una llamada telefónica, la asistente de Murcia le dice a Suárez (mano derecha de Murcia) que le tienen que hacer llegar "al señor de Cartagena, a Joaco" 1.000 millones de pesos, y en una charla entre Suárez y Murcia queda claro que se trata de Joaco Berrío, actual gobernador de Bolívar por Cambio Radical, pues a veces se refieren a él como Berrío y otras veces como Joaco. Un 'micoen el proyecto de Reforma Financiera ', cuya autora fue la senadora Zulema Jattin, beneficiaba a DMG, pues hablaba de regularizar la venta de tarjetas prepago, que es la manera como esta empresa pone en práctica su esquema de pirámide.




La Palabra de 40 mil caminantes retumbó en Bogotá
Pacto de los sectores sociales en Minga en la Plaza de Bolívar

Fotos: Centro de Medios Populares [1] [2] [3] [4], ACIN y Hernán Durango [1] [2]

Escuche aquí todo sobre la Minga en Bogotá.
Emisora Virtual Dachi Bedea - Nuestra Voz

Emisora de la Onic




En el Meta 120 familias claman justicia frente a la fiscalía por falsos positivos perpetrados por el Ejercito Nacional

Familiares de víctimas de -falsos positivos- de las Brigadas Móviles 12, 3, 4, Batallón 21 Vargas, Batallón Joaquín Paris, Fuerza de Tarea Omega y Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) con jurisdicción en los municipios de Vista hermosa, Puerto Rico, La Macarena , Puerto Concordia en el departamento del Meta y San José del Guaviare departamento del Guaviare; adscritas a la IV División del Ejército de la Patria , al mando del General Guillermo Quiñónez; exigen verdad y justicia con carteles y fotografías de sus seres queridos. "No somos guerrilleros, no representamos a la guerrilla ni a ningún grupo armado legal e ilegal, nadie nos representa, solo nos mueve el dolor, la rabia y la burla de los criminales que disfrutan de sus premios a costa de la tragedia de nuestras familias". Ver comunicado completo

Se investigue al General Guillermo Quiñones
por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el bajo Ariari
ccajar 14/11/2008



SE PROHÍBE A LA PRENSA TOMAR FOTOS Y SE RETIENE A LA COMISIÓN DE LA MINGA EN LA OFICINA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

EN SUS 52 DÍAS LA MINGA CONTINÚA CAMINANDO LA PALABRA

Después de caminar la palabra por más de 52 días por las vías del país, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, recibió un nuevo golpe del Estado nacional: Se le quiso obligar a borrar una imagen donde la Consejera Mayor CRIC, radicaba en la recepción de documentos de presidencia en Bogotá, Calle 6 con 6, el anuncio del regreso de la Minga a las regiones.

Bajo la frase de “si no borra imagen no pueden salir”, la guardia de seguridad privada del edificio de Acción Social, (firma SOS) amenazó a la comunicadora de la ONIC, alegando que se justificara la importancia del registro y pese a lo justificado manifestó, después de hacer una consulta interna, “que debió haberse pedido permiso con dos días de antelación” a lo cual las diferentes personas que acompañaban a la Consejera Mayor del CRIC mostraron su solidaridad y decidieron exigir claridades por parte de la institución.

Luego la funcionaria de derechos humanos de la presidencia, Diana Botero, en compañía de dos agentes de la policía nacional, indicaron que el protocolo institucional no permitía los registros fotográficos. Se le pidió, entonces que lo manifestara por escrito, lo cual se negó ha realizar.

Pasados 20 minutos, la señora Botero, regresó con otro funcionario expresando que se les excusara pues se había cometido un error en el procedimiento y que podían salir. Entonces se les requirió a los funcionarios que la decisión fuera comunicada por escrito. La única respuesta fue “presenten la queja que la institución les contestará.

Acto seguido se procedió a radicar una constancia, que solicitó se indicaran los actos administrativos o protocolos que generaron el incidente.

8:00 P.M. comunicaONICRIC – MINGA


ANEXAMOS TEXTO DE LA CONSTANCIA ESCRITA Y RADICADA A LAS 6:05 P.M.
Diciembre, 1º de 2008.

Los voceros de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, reclamamos de la seguridad de la oficina de correspondencia de Presidencia, se aclare el porque se exigió borrar de las cámaras de prensa la fotografía donde la Consejera Mayor del CRIC, Aída Quilcue, hacía entrega del documento donde se anuncia el regreso “con la dignidad en alto y la convicción desde el corazón, la Minga regresa a las regiones de Colombia y sigue viajando por el mundo”.

Desde el entendido que las cámaras, grabadoras y de fotografía ingresaron a la institución sin ningún problema o restricción, al entender que el documento era de la Minga se procedió, por parte de los miembros de seguridad privada, a exigir que para poder salir se debía borrar los registros hechos por la prensa.

Después de 20 minutos, la funcionaria Diana Botero, del programa de Derechos Humanos de la Presidencia, informó que se trataba de un mal entendido.

Solicitamos como Minga de Resistencia Social y Comunitaria (Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular), se nos indiquen los actos administrativos o protocolos que generaron el incidente. Esperamos esta respuesta sea firmada por presidencia de la República.

Atentamente,
AIDA QUILCUE, Consejera Mayor CRIC, c.c. 34.562.690.
En representación de la MINGA NACIONAL DE RESISTENCIA INDÍGENA Y POPULAR.

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