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sábado, 26 de junio de 2010

Crimen de Estado
La corte ordenó que se investigue si en las fuerzas armadas se  fraguó un plan para matar a cepeda
La corte ordenó que se investigue si en las fuerzas armadas se fraguó un plan para matar a cepeda

DERECHOS HUMANOS

La condena por la muerte del senador Manuel Cepeda es un antecedente que muestra lo que puede pasar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso de 1.500 miembros de la UP asesinados.


Que a un senador de la República lo mate la mafia, un grupo criminal o la guerrilla no sería raro, pues justamente lo que buscan estas organizaciones es desestabilizar la democracia. Pero que el Estado mismo participe en el asesinato de uno de sus integrantes es espeluznante. Por eso ha causado revuelo la sentencia que acaba de proferir la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar al Estado por la muerte del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, ocurrida el 9 de agosto de 1994.
Cepeda sabía que lo iban a matar. Había denunciado en 1993 que los militares fraguaban un plan llamado Golpe de gracia, para asesinarlo a él y a otros dirigentes comunistas. Pero mientras el gobierno del momento consideró "inverosímil" esta denuncia, un sicario le dio la razón el 9 de agosto de 1994, cuando murió acribillado camino al Congreso.

Lo que dijo la Corte la semana pasada es, ni más ni menos, que el de Cepeda fue un crimen de Estado. "En el contexto en que fue perpetrado y por haber sido cometido por miembros del Ejército, es decir, desde el Estado mismo, y en conjunto con miembros de grupos paramilitares, la ejecución del senador Cepeda Vargas requirió una compleja organización, lo que se ha expresado también en la dificultad para develar a la totalidad de sus perpetradores, tanto intelectuales como materiales", dice la sentencia en uno de los apartados.

Aunque el Estado colombiano reconoció ante el tribunal internacional su responsabilidad en la muerte del senador, no reconoce que existiera un plan para exterminar a miembros de la UP, y por eso mismo la Corte ordena a la justicia colombiana que investigue este punto.

En el caso de Cepeda, como en muchos otros, solo se llegó a los autores materiales y se desistió de investigar a oficiales de alto rango. No obstante, el proceso de Justicia y Paz ha arrojado datos escabrosos que señalan con claridad no solo que Carlos Castaño ordenó el crimen, sino que contó con información directa de los militares. Algunos paramilitares señalan que el hoy detenido ex director del DAS José Miguel Narváez habría entregado información para cometer el crimen. Muchos ex miembros de las AUC, como 'el Alemán', han dicho que cuando este iba a sus campamentos les decía que los comunistas eran enemigos y era lícito matarlos.

Además de la indemnización económica a la que tiene derecho la familia, que se tasó en 330.000 dólares, la Corte obliga a resarcir el buen nombre del senador y a pedir perdón por este crimen, incluso en el propio recinto del Congreso.

Esta reivindicación de su nombre es importante porque al defenderse ante la Corte, el gobierno argumentó que en la época del crimen Cepeda defendía la combinación de las formas de lucha, incluida la armada, y que como dirigente comunista mantenía vínculos con las Farc. La Corte deja claro que el Estado debió actuar como facilitador para enjuiciar a Cepeda, si es que había lugar a ello.

Quizá lo más trascendental será la orden de la Corte de indagar si había un plan de exterminio, si este se fraguó en los cuarteles militares y por orden de quién. Qué tanto sabía el gobierno y qué tanta indolencia y complicidad hubo de los organismos de seguridad. Por eso esta sentencia puede leerse también como un anticipo de lo que será el caso más grave y costoso que hay contra Colombia en la Corte Interamericana y que aún no se ha fallado: el de los asesinatos de más de 1.500 miembros de la UP, pues los denunciantes alegan que hubo un patrón sistemático de muertes diseñado desde el Estado.

El fallo demuestra también que mientras haya justicia internacional, el país tendrá que afrontar la verdad sobre la guerra sucia que ha vivido. Un proceso irreversible y doloroso, pero necesario para pasar la página de la violencia política.




¡Qué horror!
Para los investigadores, esta nueva oleada de descuartizamientos  en estos meses da cuenta de un perfil sicológico de los victimarios más  violento que el conocido hasta ahora porel país.  “La violencia es como  un deporte para ellos, es algo que les genera satisfacción”, dicen  impresionados.
Para los investigadores, esta nueva oleada de descuartizamientos en estos meses da cuenta de un perfil sicológico de los victimarios más violento que el conocido hasta ahora porel país. “La violencia es como un deporte para ellos, es algo que les genera satisfacción”, dicen impresionados.

VIOLENCIA

Investigadores que creían haber visto lo peor de la violencia en el país están aterrados ahora con los nuevos descuartizadores: son muchachos de ciudad que no habían estado en la guerra. Sus diálogos son espeluznantes.
Domingo 27 Junio 2010

Treinta de enero de 2010. Un grupo de sicarios habla por teléfono de su más reciente "vuelta": el asesinato de una persona en Montería. En una llamada interceptada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, alias 'Toto' y 'el Flaco' le cuentan a alias 'Jimmy', como si fuera un juego, el escabroso crimen que acaban de cometer:

Toto: Estábamos jugando... a pico y pala...

Jimmy: ¿Hicieron algo?

Toto: De eso que usted hace y le gusta mucho... apenas nos estamos cambiando.

Jimmy: ¿Y quiénes boliaron ahí?

Toto: Usted viera al Flaquito...

Jimmy: ¿Y 'Caliche' qué? ¿Buen boliador?

Toto: Esa gonorrea fue el que empezó...

Jimmy: Páseme a la Flaca.

Flaco: Hola, perra.

Jimmy: Hola, descuartizadora (Jimmy y el Flaco se ríen). Hola, carnicera. Me guarda un pedacito de ñervo.

Flaco: ¿Frito o sudao?

Los que hablan pertenecen a la banda Los Urabeños, uno de los nuevos carteles que se están peleando el poder del narcotráfico en el país y que tiene una guerra casada con Los Paisas. Las dos bandas son derivaciones de los imperios criminales de dos ex jefes paramilitares hoy detenidos: los primeros de 'Don Mario', Daniel Rendón Herrera, y los segundos de 'Don Berna', Diego Murillo Bejarano.

Los investigadores que hacen seguimientos a Los Urabeños quedaron impactados con la sevicia del diálogo. "Es como si se sintieran sublimados con lo que hacían", dice uno de los detectives que creía haber visto lo peor de la barbarie con la violencia paramilitar de los años 90 y principios de este siglo.

Pocos días después, una nueva conversación interceptada al mismo grupo terminó de aterrarlos. Fue hace apenas cuatro meses. Mientras espera que del otro lado de la línea le contesten, alias 'el Soldado' comenta: "Pegué el dedo de una: tres en serie en una noche". Según los investigadores, había cometido un crimen múltiple. Luego habla con alias 'Chumilo'. Primero le pregunta si se quedaron con el dinero y el celular de uno de los muertos, y después le inquiere por otra de las víctimas:

Soldado: Y le quitaron la ropita a la peladita esa...

Chumilo: Tocaba, eso pa' desarmarla tocaba...

Soldado: ¿Y qué, cómo era?

Chumilo: Normal, estaba buena.

Soldado: ¿Sí?

Chumilo: Sí, eso pa' desarmarla tocaba empelotarla.

Soldado: Y qué, gonorrea... ¿no le hicieron males?

(Escuche acá el audio completo)

Los investigadores luego identificaron a las tres víctimas de esta masacre: un oficial retirado del Ejército, su madre y su novia. Estos se sumaron al caso de un mototaxista, que al parecer es el mencionado en la primera grabación, y al de un taxista cuyo cuerpo fue encontrado después. Todos los crímenes sucedieron en Montería, las autoridades los atribuyen al mismo grupo y no descartan que sean más las personas asesinadas y descuartizadas.

Gracias a sofisticadas técnicas forenses y al uso de perros adiestrados, los cuerpos del ex oficial y su familia y el del mototaxista fueron encontrados en la finca Villa Elena, a menos de diez minutos de Montería por la vía principal que conduce a Arboletes. El otro fue enterrado en otra hacienda. Todos los cuerpos se hallaron a poca profundidad. Sobre el tronco de la víctima ponían su cabeza y sus extremidades, luego la ropa y encima la siguiente víctima en las misma condiciones. El móvil de los crímenes aún no es claro.

Las autoridades ya sabían de la pelea a muerte entre Los Urabeños y Los Paisas por el control del negocio del narcotráfico en Córdoba. También conocían que cada grupo reclutó al menos a 200 personas. Pero desconocían el tamaño de la degradación con que vienen operando.

De acuerdo con sicólogos forenses, cuando se descuartiza a una víctima y se dejan esparcidas las partes de su cuerpo lo que se quiere es enviar un mensaje a su enemigo. Cuando se desmiembra a una persona viva y se hace en público, lo que se quiere es llenar de terror a la gente. Pero no parece ser este el caso. Tampoco se trata de dispersar las partes de un cuerpo para que sea difícil identificarlo o para poder movilizarlo con mayor facilidad cuando el crimen ocurre en una ciudad, pues todos los miembros son enterrados en un mismo lugar, y tanto el crimen como el entierro sucedieron en zonas rurales.

En estos casos, la desmembración se dio luego de un tiro de gracia. Después fueron cortados con machete; en unos casos, por la forma de los cortes se evidencia su poca práctica. Según especialistas, esto se hace por algún tipo de "satisfacción muy íntima y personal del victimario", como explicó el especialista Javier Rojas al Meridiano de Córdoba, que dio a conocer la noticia de los nuevos descuartizamientos. "Puede ser como una firma de comportamiento grupal", dice. Incluso a los investigadores les llamó la atención la forma cuidadosa como organizaron los cuerpos dentro de la fosa.

Una nueva conversación permitió al CTI avanzar en la captura de los asesinos. Uno de ellos, alias 'Caliche', en un aterrador acto de arrepentimiento llamó a su madre. En un aparte le dice:

Caliche: Otra cosa, cuchita. ¿Sabe qué, más bien? Que pa' toda la gente que hagan que yo estoy muerto.

Madre: ¿Por qué? ¿Qué pasó?

Caliche: No, tiene que ayudarme, en estos días me tocó hacer unas cosas que… Yo sé que usted me ha dicho que no le comente nada de lo que yo hago... Lo que hice ese día ahí fue una vuelta ahí que uno nunca olvida eso... Sabe qué, madrecita, me tocó picar a un man, a la mamá y a la hermanita...

Madre: Huyy… por Dios bendito.

Caliche: Se lo juro, cucha. Y sabe qué, madrecita. Me siento mal, me siento arrepentido.

Madre: Mijo, pero si no lo hacía usted, se lo hacían a usted…

Caliche: Y es el momentico, viejita, que sabe qué, cucha, me siento raro...

Madre: No pues, rece, mijo. Es algo que le tocó a usted, mijo.

Caliche: Ese día yo nada más veía eso y en la mente mía pensaba era en usted y en la niña. Pero sabe qué, cucha. Se lo digo de corazón: al man no, nada, normal. Al man le di sin mente. Pero a la mamá y a la hermanita… remordimiento nada más, porque mi mamá y mi hermanita… yo pienso es eso y no quiero que nada de eso les pase a ustedes…

Luego la madre le recomienda que lo mejor es que "haga sus cosas lejos, donde nadie lo conozca... y no se meta en problemas...", y concluye mencionando otro crimen:

Caliche: En estos días Jimmy se ganó diez palos y le llevó cinco palos a la cucha de una.

Madre: ¿Y en qué se los ganó?

Caliche: Usted sabe… haciendo lo mismo de uno. Yo no me conformo con eso, sino que más.

Madre: De pronto mi Diosito a usted lo tiene pa' más, no sé…

Caliche: Dios quiera que sí. Bueno, pues, madrecita, mis bendiciones.

Madre: Que mi Dios lo bendiga. Que las ánimas benditas lo protejan de todo mal y peligro.

(Escuche acá el audio completo)

En esta conversación, según los investigadores, se refieren al asesinato de un piloto acribillado en el norte de Bogotá. Esa misma banda estaría vinculada además con la muerte de un comerciante, ultimado en esa zona de la ciudad. Los investigadores le siguieron el hilo a esta pista y encontraron que se había dado la orden de asesinar al menos a diez personas más en la capital y a otras cinco en Córdoba. Pero esos planes se desbarataron cuando el CTI capturó a 21 personas relacionadas con los macabros hechos. Uno de ellos ya reconoció un homicidio.

La sorpresa de los investigadores fue mayúscula cuando se dieron cuenta de que los descuartizadores son personas menores de 25 años y que no han sido paramilitares, lo cual hubiera ayudado a explicar el origen de su comportamiento sangriento. Además, son jóvenes de ciudad, principalmente de comunas de Medellín, que no han tenido contacto con implementos de campo como los usados en los desmembramientos, lo que normalmente "no los hacía competentes" para esto, según los investigadores.

Lo sucedido con este grupo, más que ser otro episodio de una violencia que se resiste a terminar, genera mucha preocupación entre las autoridades que ya se consideraban curtidas en estas lides. "La violencia es como un deporte para ellos, es algo que les genera satisfacción. No tienen ni Dios ni ley", dice uno de los investigadores, que al analizar la sicología de los victimarios se pregunta si lo sucedido no es una macabra radiografía de una nueva clase de violencia que podría estar enfrentando el país, en un momento en que ni siquiera ha hecho catarsis de la barbarie de la guerrilla y de los paramilitares.


lunes, 14 de junio de 2010

EDITORIA DE Juan Gossaín
PARA ESCUCHAR:

http://media.rcn.com.co/audios/rcnradio/Editorial-abril13.mp3

'Paras' contaron cómo infiltraron la Universidad Popular del Cesar
De acuerdo con versiones de ex paramilitares, los tentáculos de  ´Jorge 40´ llegaron hasta la Rectoría de la Universidad Popular del  Cesar.
VERDADABIERTA.COMDe acuerdo con versiones de ex paramilitares, los tentáculos de ´Jorge 40´ llegaron hasta la Rectoría de la Universidad Popular del Cesar.
VERDADABIERTA.COMVarios desmovilizados de un frente del Bloque Norte de las Auc, le contaron a la Fiscalía cómo supuestamente infiltraron entidades estatales en Cesar, entre ellas la fuerza pública y la Universidad Popular de ese departamento.
Martes 15 Junio 2010

Las Chuza...DAS

Es terrorismo de Estado «La Inteligencia Ofensiva», un arma para eliminar al que piense diferente

Cuando a uno le dicen que hay interceptaciones de teléfonos, genera preocupación, en cuanto a que es una violación a la intimidad y a la privacidad, pero la vida sigue. Pero cuando sale un debate como el de 9 de junio en la plenaria del Senado, en el que se saca a la luz y confirma que la inteligencia del Estado, -aquella que esta «facultada … para mantener la seguridad nacional, actuando con pleno respeto de los derechos y las garantías Constitucionales»-, a orden de Presidencia, se sobrepasa esta normativa, y utiliza todos los equipos físicos y humanos del DAS, impulsando una táctica de guerra para espiar a todos sus contradictores, opositores, detractores y serviles, y no bastándole, da instrucciones para ejecutar actividades de «Inteligencia ofensiva», donde se trata de crear situaciones de amenaza y temor que logren desestabilizar y confundir, obteniendo por supuesto, resultados prácticos para su intervención, es así, elaboración de panfletos, de videos que comprometan el actuar del que le denominan «blanco político», intimidando, incluso poniendo en riesgo su vida e integridad; entonces, la situación cambia, nos robaron la seguridad, nos despojaron de nuestra tranquilidad, se apoderaron de nuestra intimidad, esto se convierte, como bien lo dijo el Senador Petro, en un crimen contra la humanidad.

Y es que no es para menos, no se escapa nadie, desde los magistrados de las altas cortes que hoy tienen tanta resonancia en la actual coyuntura, políticos de derecha, izquierda, organizaciones sociales campesinas, de paz y derechos humanos, periodistas, organizaciones eclesiales, entre otras. De los cuales, cuentan con una documentación básica de fecha, lugar de nacimiento, nombre de padres, hijos, hermanos, como de información familiar, laboral, política y financiera, hasta recomendaciones para bloquear el trabajo de estas personas y organizaciones.

Recordemos también que este tipo de acciones estatales e ilegales es una práctica vieja, que sale a lo público a raíz de el asesinato y la desaparición de algunos líderes de oposición y defensores de derechos humanos, caso Ángel y Claudia, -quienes eran seguidos y sus comunicaciones estaban interceptadas-.

Algunos de los casos confirmados en este accionar de guerra para resaltar en esta nueva ola del escándalo, pero que llevan años siendo víctimas de este accionar son:


*El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, abogados defensores de derechos humanos que han sido víctimas de amenazas, infiltración de llamadas y correos, seguimientos a ellos y sus familias e incluso exiliados, adelantan procesos como la masacre de Mapiripan, el Naya, Alaska, falsos positivos, Noguera, Chengue por mencionar algunos casos, en donde las responsabilidades señalan al Estado y la fuerza pública en su mayoría;

* la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, comunidad campesina en resistencia a la guerra que en sus principios tiene la claridad de no colaborar con ningún actor armado, lleva 200 víctimas, de las cuales más del 70% a manos del ejercito y paramilitares, han sido amenazados, asesinados, robados, desplazados, víctimas de montajes, judicializaciones, con falsos testimonios, bloqueos de correos, persecución a sus acompañantes como SJ. Javier Giraldo, defensor de derechos humanos y trabajador incansable por el respeto a los pueblos, el derecho a la vida, a la verdad y a la justicia, a Gloria Cuartas ex alcaldesa de Apartadó, miembro del polo democrático y promotora de los derechos de las mujeres;

*Holman Morris, quién ha hecho reportajes de periodismo independiente sobre los indígenas, las comunidades campesinas, el acuerdo humanitario, como también sobre el TLC, el ALCA, la para política, las fumigaciones, la verdad, la justicia y la reparación, los desplazados, las masacres en Colombia, la Up, la desaparición forzada, las liberaciones de secuestrados. Periodista que a ganado premios internacionales por su labor investigativa;*

La Asamblea por la Paz, cuya iniciativa esta conformada por organizaciones sociales de paz y derechos humanos a nivel local, regional y nacional, en 10 años ha sido allanada cinco veces ilegalmente, donde se robaron equipos en el que reposaba información como bases de datos, comunicados públicos y documentos de proyectos, algunos de sus lideres han sido amenazados, víctimas de seguimientos y hostigamientos, han sido filtradas sus comunicaciones, interceptados sus teléfonos, asimismo, a sus financiadores como también quienes administran sus recursos.

Lo alarmante del asunto, es que dentro del mismo conducto regular establecido por el organismo de seguridad para realizar este tipo de acciones se presentan cientos de falsificaciones de autorizaciones para infiltrar líneas telefónicas o correos y/o no se encuentran argumentos que justifiquen las mismas. El gobierno ha manifestado su preocupación no por el hecho en si, sino por quién filtro a los medios este accionar ilegal de la entidad -que viola los derechos y las garantías de todo ciudadano contempladas en la Constitución Nacional-, que esta a su servicio, que responde a sus órdenes y que reporta todo su trabajo a sus oficinas. Las investigaciones en la actualidad con polígrafo en mano por cada uno de los empleados relacionados con esas oficinas se centran en encontrar al responsable.

Varios de los funcionarios más involucrados ya se les ha desvinculado, otros están investigados por procesos que los vinculan con paramilitarismo que vienen dilatando mientras llega el cambio del fiscal general para ver si se le da otro rumbo a las investigaciones y ahora se inicia una nueva etapa de indagación superficial para ocultar al verdadero culpable, pues hay obstrucciones evidentes por parte de la entidad. Según el gobierno los equipos serán manejados por la policía quién se encargará de esa labor, orden ambigua (por no decir que es un sofisma de distracción), pues la inteligencia de la fuerza pública desde hace muchos años hace estas acciones, si no, que le pregunten al presidente Belisario Betarcour o al ex director del DAS Maza Marquez quien es responsable de una época devastadora para el pueblo colombiano de cientos de desapariciones y asesinatos.



Pruebas reinas en 'chuzadas' del DAS encienden debate

DAS-GATEEste miércoles revivió el escándalo sobre las interceptaciones ilegales que hizo el DAS a las comunicaciones de políticos, magistrados y periodistas, luego de la publicación de La FM radio de unas grabaciones clandestinas a conversaciones de candidatos del 2006.
Miércoles 13 Mayo 2009
En la segunda conversación Hernán Onatra, jefe de prensa de Antonio Navarro Wolff, está cuadrando la participación de Mireya Beltrán, Gustavo Petro y Navarro Wolff para una entrevista en Villavicencio. Escuche un fragmento de la llamada de seguimiento al Polo.

La última grabación publicada por La FM fue de una periodista de esta emisora, Jenny Arias, quien estaba esperando los resultados de un boletín electoral. Escuche un fragmento de la conversación intervenida a esta periodista.

La revista SEMANA reveló hace algunas semanas el escándalo de los seguimientos e interceptaciones irregulares por parte del DAS a magistrados de las Altas Cortes, periodistas y opositores políticos del gobierno.

En su momento, el gobierno anunció medidas e investigaciones internas pero puso en duda las denuncias y aseguró que no existían pruebas de dichas chuzadas.

Entre los candidatos que eran objeto de escuchas a sus conversaciones privadas están, también el senador Antonio Navarro, Gustavo Petro, Jorge Robledo, Gina Parody, Samuel Moreno, Luis Eduardo Garzón, y el actual gobernador de Cundinamarca, Andrés González, según los informes obtenidos por la emisora.

Los ex técnicos del DAS que entregaron las pruebas, en una declaración grabada, dijeron que prefirieron no revelar su identidad pues temen "ser asesinados".

Según La FM se trata de ex funcionarios del DAS que participaron directamente en las chuzadas y que trabajaron en las últimas tres administraciones; la de Jorge Noguera, hoy preso por nexos con los grupos paramilitares, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, quien dejó la entidad en medio del escádalo por las chuzadas.

El actual director del DAS, Felipe Muñoz se refirió a las prubas reveladas y dijo que que el DAS tiene problemas de fondo graves, que no ha tratado de minimizar la situación y considera que el organismo necesita una reforma de fondo.

Agregó que a partir del 29 de febrero, (fecha en la que SEMANA reveló que en el DAS se continuaba grabando ilegalmente a periodistas, magistrados y opositores del gobierno), ha tomada diferentes decisiones, entre las que se encuentran el retiro de 33 funcionarios, el trasladado más de 40 funcionarios de área, el cierre del grupo Goni (responsable de interceptaciones), la reestructuración de la Subdirección de Análisis y la creación de varias unidades al interior de la institución, entre otras.

El director del DAS también dijo que encontró unas carpetas sobre el G3, un grupo creado al interior de esta institución de manera ilegal, el cual era integrado por Carlos Arzayus, José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS y actual asesor de Fedegan, y el ex director del DAS, Jorge Noguera. Muñoz agregó que le entregó dichas carpetas a la directora del CTI, Marilu Méndez.

Por último, dijo que los equipos táctico móviles de interceptación del DAS están parados desde hace tres meses y que las salas de interceptación están controladas por la Fiscalía.

Andrés Peñate, ex director del DAS durante el periodo que se realizaron algunas de las 'chuzadas' dijo estar "decepcionado y devastado", ante la evidencia de lo que estaba ocurriendo en la entidad mientras él era el director.

Para Peñate, quien pidió disculpas por no haber podido controlar mejor la situación, el responsable de las chuzadas es su ex director de Inteligencia, Carlos Arzayus. Escuche las reacciones de Peñate tras conocer las llamadas 'chuzadas'.

Así mismo, María del Pilar Hurtado, quien se desempeñó como directora del DAS desde agosto de 2007 hasta diciembre del año pasado, cuando sucedieron algunas de estas irregularidades, dijo en la misma emisora que el Presidente de la República le expresó en su momento su preocupación por los rumores que había de nexos del narcotráfico con magistrados de la Corte Suprema, pero insistió en que en ordenó interceptarlos, pero aseguró que lo hizo dentro de un proceso legal.

Al conocer las grabaciones de La Fm, aseguró: “yo no puedo negar que fue una excelente experiencia profesional, pero yo pensé que nuestro trabajo iba en línea de mejoramiento para devolverle la honorabilidad a muchos funcionarios mancillada por unos pocos. Yo creo que la gran mayoría de personas cumplen su trabajo como corresponde”, aseguró.

Según revelaron los ex investigadores que entregaron la información a La FM, las interceptaciones se hacían desde hace varios años y cada semana entregaban reportes a sus jefes de los seguimientos a los personajes que se les asignaban. Con esto, la teoría de que no hay pruebas sobre las ‘chuzadas' queda desvirtuada.

Nueva amenaza de las 'Águilas Negras' a prestigiosa ONG de Estados Unidos
Por Por Juan Carlos Iragorri, corresponsal de SEMANA en Estados Unidos
En un correo electrónico, el grupo denominado las ‘Águilas Negras’  declara como “objetivo militar” a los integrantes de WOLA y de otras 70  ONG de derechos humanos.
En un correo electrónico, el grupo denominado las ‘Águilas Negras’ declara como “objetivo militar” a los integrantes de WOLA y de otras 70 ONG de derechos humanos.
DERECHOS HUMANOSEn menos de un mes, el grupo paramilitar amenaza a los integrantes de WOLA, una de las ONG norteamericanas que promueven los derechos humanos en Colombia. Estas amenazas pueden entorpecer la votación del TLC en el Congreso estadounidense.

La conocida ONG norteamericana WOLA, dedicada a la promoción de los derechos humanos, recibió el viernes una amenaza de muerte contra sus activistas en Colombia, según informó esta mañana la organización. El grupo paramilitar colombiano ‘Águilas Negras’ es el responsable de la amenaza –la segunda en menos de un mes–, tal como advierte la ONG en un comunicado.

De acuerdo con el texto, un correo electrónico de las ‘Águilas Negras’ fechado el 11 de junio declara como “objetivo militar” a los integrantes de WOLA y de otras 70 ONG de derechos humanos que trabajan a favor de la población desplazada por la violencia. “Serán asesinados sin dejar rastro”, agrega el e-mail según la organización norteamericana.

El 14 de mayo, es decir hace menos de un mes, las ‘Águilas Negras’ también amenazaron a WOLA mediante correo electrónico. En ese momento, la ONG expidió un comunicado de prensa en el que señaló que la amenaza había sido recibida justo un día después de que sus representantes hubieran sostenido una reunión de trabajo en Washington con la embajadora de Colombia, Carolina Barco.

La embajadora se declaró molesta con el texto de ese comunicado porque consideró que la ONG vinculaba la amenaza con la reunión de trabajo. En efecto, Dan Kovalik, un bloggero de The Huffington Post, una de las páginas web más leídas de Estados Unidos, recogió ese vínculo. Ante las quejas de Barco, WOLA modificó el comunicado y envió un representante suyo a hablar con la embajadora para limar asperezas.

“Desde la última amenaza han sido asesinados en Colombia dos prominentes defensores de derechos humanos”, dijo hoy Gimena Sánchez, representante de WOLA. “Cuarenta líderes de los grupos desplazados han sido asesinados desde el año 2005. Las autoridades han sido incapaces de llevar ante la justicia a los culpables. Y aunque nos amenacen, WOLA seguirá en Colombia, donde hay 4,5 millones de desplazados”, agregó.

En sus correos electrónicos, las ‘Águilas negras’ también amenazan de muerte a los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), del Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz (INDEPAZ), de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), entre otros.

WOLA, cuya sigla significa Washington Office on Latin America (Oficina en Washington de América Latina) es una ONG fundada en 1974 por algunos líderes políticos y religiosos con el fin de promover los derechos humanos y la justicia social en los países latinoamericanos y del Caribe. Es una de las ONG más activas sobre la región y tiene sede en la capital norteamericana.

El impacto político de estas denuncias no se hará esperar. La bancada del partido demócrata, que controla las mayorías en el Congreso norteamericano, se ha opuesto a someter a consideración el Tratado de Libre Comercio con Colombia (TLC), firmado en noviembre de 2006, con el argumento de que este país no protege suficientemente a los sindicalistas y a los defensores de los derechos humanos.

En cualquier caso, este noviembre tendrán lugar elecciones legislativas en Estados Unidos. Se renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, dijo recientemente en Bogotá que el gobierno de Barack Obama impulsará la aprobación del acuerdo comercial. Eso está por verse.

WOLA, en su comunicado, admite que desde el pasado mes de mayo el Gobierno de Colombia ha hecho esfuerzos para garantizar la integridad de los defensores de derechos humanos. SEMANA intentó hablar esta mañana con la embajadora de Colombia en Estados Unidos, Carolina Barco. Fue imposible. Cumplía citas inaplazables en el Congreso en Washington.

Puede consultar el comunicado de WOLA en inglés aquí.



EN PEREIRA HAY DESEMPLEO Y NO DEJAN TRABAJAR

Vendedora, agredida por funcionarios

http://www.latarde.com/images/stories/2010/6/17/pereira02.jpg

Marcela Santos Ruiz

Un nuevo caso de agresión física, se presentó el miércoles en horas de la mañana cuando los controladores del espacio público agredieron a una vendedora informal de la Plaza de Bolívar, según lo manifestaron testigos de lo sucedido.


María Margarita López vendedora de tintos, se disponía a realizar una llamada telefónica a uno de sus dos hijos cuando de repente fue sorprendida por los controladores del espacio público quienes intentaron levantar su carro de tintos, fue entonces cuando la mujer, al ver lo que sucedía, quiso impedir a toda costa que se llevaran su medio de sustento, entró en discusión con aquellas personas que, según lo relatado por ella misma, eran más de diez hombres quienes intentaron subir su mercancía en un camión de la Alcaldía Municipal.


“En medio de ese forcejeo me tumbaron con el carrito y el café me cayó quemándome una pierna, sin embrago a ellos no les importó y continuaron agrediéndome”, anotó López.


Los transeúntes que fueron testigos de lo sucedido, de inmediato acudieron en su auxilio, lo que empeoró la situación. “Cuando las personas intentaron ayudarme, los controladores del espacio público tiraron todos los termos contra el pavimento y los rompieron sin importarles que me estaban maltratando, así como los panes y demás alimentos que diariamente vendo por las calles de la ciudad como mi único medio de sustento”, agregó.


No obstante los hombres dejaron a la mujer sin apoyo de ninguna clase y abandonaron el lugar.

“No es posible que nos sigan atropellando de esta forma, nos persiguen por toda la ciudad y no permiten que trabajemos, además no estamos de acuerdo con la forma tan arbitraria como nos tratan pues nosotros hemos cumplido con los requisitos que exige la administración municipal como es portar un carné de manipulación de alimentos”, señaló Gloria Patricia Saavedra, vendedora informal del centro de Pereira.


Así mismo, Ana Cristina Salazar Villa, vendedora informal, señaló que el 31 de mayo del presente año, estaba ubicada en la calle 19 con carrera 9a. cuando fue alcanzada por espacio público y así como Margarita, fue agredida físicamente y desprendida de su mercancía la que hasta el momento no ha podido recuperar.

Respuesta
Frente a lo sucedido Fabio Sánchez Múnera, Subsecretario de Gobierno Municipal, informó a El Diario del Otún, que la Secretaría de Gobierno se hará responsable de los daños materiales de los que fue víctima la vendedora, los cuales ascienden a 700 mil pesos. “La Secretaría de Gobierno va a garantizar la reposición de los elementos de trabajo de la ciudadana”.


Agregó que “se va a verificar el procedimiento y la conducta de los controladores del espacio público y si hay una responsabilidad directa de ellos se suspenderán del cargo”.



Demanda penal
En medio de esta penosa situación que enfrentó la vendedora, el Personero de Pereira, Juan Carlos Vélez, quién se hizo presente en el lugar de los hechos, le puso orden a la situación entregando un parte de tranquilidad a los familiares, pues se levantó un acta que relata lo sucedido con la versión de los testigos.


“El objetivo con el acta es que los familiares puedan firmar para darle curso a una demanda penal contra la Alcaldía Municipal ante la Fiscalía General de la Nación, pues con esto buscamos hacer valer los derechos de los ciudadanos”, dijo Vélez.


Luego de gritos, silbidos y reclamos de los presentes, Margarita López fue trasladada hacia Medicina Legal donde le hicieron un chequeo para comprobar la gravedad de sus lesiones.


En cuanto a la mercancía, en horas de la tarde del mismo día familiares de Margarita y testigos de lo sucedido acudieron a la Personería Municipal, donde Ómar Alonso Toro, Secretario de Gobierno, hizo entrega de 600 mil pesos como pago a los daños ocasionados.


Lo preocupante de esta situación es que los abusos se han convertido en "el pan nuestro de cada día" sin que la administración haga mucho para darle una solución.


Aunque en esta ocasión se pudo hacer justicia por lo menos en lo material, muchos vendedores continúan siendo víctimas de atropellos par parte de funcionarios de espacio público, por lo que extienden una petición para que esta situación no continúe perjudicándolos ni física ni moralmente y puedan trabajar en paz.







El caso Plazas Vega
Una juez condenó al coronel Plazas Vega  a 30 años de cárcel por  su responsabilidad en la desaparición de los sobrevivientes del Palacio  de Justicia. El fallo fue apelado y espera una segunda instancia en el  tribunal.
Una juez condenó al coronel Plazas Vega a 30 años de cárcel por su responsabilidad en la desaparición de los sobrevivientes del Palacio de Justicia. El fallo fue apelado y espera una segunda instancia en el tribunal.
PORTADALa condena a 30 años contra el ex coronel sacó a flote el profundo malestar de los militares. ¿Qué implicaciones tiene para la democracia y la conducción de la guerra?
Sábado 12 Junio 2010
El Presidente les habló a los colombianos rodeado de la cúpula  militar para manifestar el dolor  y el desestímulo que hay en las filas.
El Presidente les habló a los colombianos rodeado de la cúpula militar para manifestar el dolor y el desestímulo que hay en las filas.
Los más insignes generales retirados ya habían hecho una rueda de  prensa hace unos días donde expresaban la baja moral que hay en las  tropas.
Los más insignes generales retirados ya habían hecho una rueda de prensa hace unos días donde expresaban la baja moral que hay en las tropas.
Aunque hubo un proceso de paz que llevó a una amnistía para los  jefes del M-19, muchos se preguntan porqué entonces las condenas tan  fuertes contra  los militares.
Aunque hubo un proceso de paz que llevó a una amnistía para los jefes del M-19, muchos se preguntan porqué entonces las condenas tan fuertes contra los militares.
El general (r) Jorge Enrique Mora dijo que la moral de la tropa  era baja, y el comandante de las Fuerzas Militares.
El general (r) Jorge Enrique Mora dijo que la moral de la tropa era baja, y el comandante de las Fuerzas Militares.
Muchos analistas creen que  desde la Operación Jaque  y el  bombardeo a Raúl Reyes no hay golpes contundentes contra la cúpula de  las Farc por la crisis que hay dentro de las Fuerzas Armadas.
Muchos analistas creen que desde la Operación Jaque y el bombardeo a Raúl Reyes no hay golpes contundentes contra la cúpula de las Farc por la crisis que hay dentro de las Fuerzas Armadas.
Creado en el gobierno de Bill Clinton, el Plan Colombia resultó  crucial para cerrar el capítulo de la impunidad endémica en derechos  humanos. La Enmienda Leahy obliga a los militares  a cumplir con  estándares de guerra limpia, sin los cuales no hay plata de los  gringos.
Creado en el gobierno de Bill Clinton, el Plan Colombia resultó crucial para cerrar el capítulo de la impunidad endémica en derechos humanos. La Enmienda Leahy obliga a los militares a cumplir con estándares de guerra limpia, sin los cuales no hay plata de los gringos.
La justicia ordinaria  tiene graves fallas frente a la lógica  castrense, y hay una falta de capacitación de los jueces para entender  los protocolos de la guerra, que por complejos y técnicos  ameritan una  justicia especializada.
La justicia ordinaria tiene graves fallas frente a la lógica castrense, y hay una falta de capacitación de los jueces para entender los protocolos de la guerra, que por complejos y técnicos ameritan una justicia especializada.
Casos como los falsos positivos exacerban el clamor por la  justicia y aumentan la presión política.
Casos como los falsos positivos exacerban el clamor por la justicia y aumentan la presión política.

El fallo de la juez que condenó a 30 años al coronel Plazas Vega por la desaparición de 11 sobrevivientes en el holocausto del Palacio de Justicia en 1985 ha creado un terremoto en la institución militar que no tiene antecedentes en la historia reciente del país. Apenas se conoció la noticia, la cúpula militar fue de urgencia a reunirse con el presidente Uribe para expresarle, en calidad de jefe supremo de las Fuerzas Militares, lo que significaba esa condena para la moral de la tropa, el honor militar y la futura conducción de la guerra. Para los militares estaba todo en juego. Tanto así, que el gobierno interrumpió la programación de televisión y el Presidente apareció ante los colombianos pocas horas después rodeado de la cúpula y de su ministro de Defensa. El mensaje fue claro: había "dolor y desestímulo" en las filas, los colombianos debían "abrazar a sus militares" y era necesario pensar en "una legislación que rodeara de garantías a las fuerzas armadas".































Muchos colombianos pudieron interpretar la alocución del Presidente como un desafío a la independencia de la justicia, teniendo en cuenta que el proceso contra el coronel Plazas Vega sigue vivo y espera una segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. Más aún cuando la semana anterior el propio Uribe había salido lanza en ristre a descalificar a los jueces y a la propia Corte Suprema luego de que una juez ordenó la captura de un alto funcionario del gobierno por el escándalo de las 'chuzadas' del DAS.

Este ambiente de fuego cruzado entre el Presidente y el poder judicial ha levantado una cortina de humo frente al debate de fondo con los militares, donde la condena contra Plazas Vega fue solo la gota que rebosó la copa. El malestar en el Ejército se ha venido incubando de tiempo atrás. Se está formando una tormenta perfecta donde confluyen varios elementos: una justicia penal militar débil, una justicia ordinaria que juzga casos que deberían estar en cortes marciales, la revelación de hasta dónde llegaron los lazos entre militares y paramilitares, y el impacto sicológico, moral y judicial de los falsos positivos.

Desde distintos frentes se ha sentido el profundo descontento militar. El general Padilla salió a los medios a decir que los soldados no tienen las garantías judiciales; el general (r) Jorge Enrique Mora reveló que los soldados tienen la moral en el piso y ya no saben si combatir o no; y todas las asociaciones de militares activos y en retiro firmaron un duro manifiesto de nueve puntos donde defienden al coronel Plazas Vega, tildan a la Fiscalía de "desenfrenada y vengativa" y dejan constancia de que nunca antes la fuerza pública había estado tan indefensa. La situación es tan delicada que algunos analistas se han atrevido a plantear que por ello no ha vuelto a haber golpes contundentes contra la cúpula de las Farc desde el bombardeo a Raúl Reyes y la Operación Jaque, en 2008.

El problema no es, como muchos sectores de la extrema izquierda lo ven, que los militares quieren volver a imponer un fuero militar que los blinde de toda acción de la justicia frente a las violaciones de derechos humanos, como ocurrió durante muchos años. Pero tampoco es, como sectores de la extrema derecha creen, que se trata de una sofisticada estrategia de guerra política orquestada por la guerrilla para bloquear las operaciones del Ejército y enredar judicialmente a sus comandantes. Seguramente habrá algunos militares que tengan rabo de paja y quieran a toda costa volver a un fuero más fuerte para taparse con esa cobija. Y no hay duda de que también hay muchas ONG manipuladas por la guerrilla que inundan la Fiscalía con demandas a coroneles y capitanes. Pero estos dos fenómenos son minoritarios y ninguno explica el verdadero problema.

El caso de Plazas Vega, mucho más allá de lo que ocurra con su destino judicial o de su drama personal, va al corazón de ese problema: el de las relaciones entre civiles y militares, el del alcance del fuero militar, pero también el de poner a pensar a la sociedad sobre la posibilidad de un acuerdo político para una reconciliación nacional luego de un proceso de paz. El tema es complejo pues el affaire Plazas Vega reúne, en un caso emblemático, los desafíos de una democracia amenazada por actores armados y poderes mafiosos, los alcances de una amnistía a un grupo guerrillero -el M-19- y la relativización de la justicia con los paramilitares.

El malestar de los militares se podría resumir en dos puntos concretos: el progresivo debilitamiento de la justicia penal militar y la asimetría en el tratamiento judicial entre los militares que han defendido las instituciones y son condenados a 30 años, y los jefes guerrilleros y paramilitares que han cometido los peores actos terroristas y que o fueron amnistiados, o tienen penas de menos de ocho años.

En este último punto es difícil entender para un ciudadano común que los jefes guerrilleros del M-19 que ordenaron tomarse el Palacio de Justicia hayan sido indultados y estén hoy en la política o en embajadas, y los militares que dirigieron la retoma del Palacio sean condenados a 30 años -como el caso de Plazas Vega-. Puesto así, en blanco y negro, se vislumbra una gran injusticia.

Pero la realidad nunca es tan maniquea. Por un lado, hay que recordar que los guerrilleros del M-19 entraron en un proceso de paz con el gobierno, entregaron las armas y fueron amnistiados por dos leyes expedidas por el Congreso, uno de cuyos ponentes fue el entonces senador y hoy presidente Álvaro Uribe. La sociedad los indultó, se reintegraron a la vida civil y se sometieron a las reglas del juego como ocurre con todas las negociaciones de paz del mundo.

Por otro lado, la condena de la juez contra Plazas Vega se dio por la desaparición forzada de 11 personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y luego fueron supuestamente torturadas y asesinadas. Es obvio que un acto de esa naturaleza no tiene nada que ver con defender la democracia. Por eso nadie duda de que si Plazas Vega dio la orden de desaparecer a estos sobrevivientes merece una condena ejemplarizante. La polémica aquí está en la supuesta debilidad de las pruebas que argumenta la defensa y los cuestionamientos sobre si la responsabilidad del coronel como jefe de la operación fue directa o indirecta (ver siguiente artículo).

Pero más allá de la valoración probatoria y de si Plazas es culpable o inocente, el caso trasciende el episodio del Palacio de Justicia y tiene que ver con la manera como una sociedad reabre su pasado. ¿Los colombianos quieren afrontar esas heridas dentro de un marco de memoria y reparación o desde un marco de aplicación estricta de la justicia desempolvando expedientes como lo ha hecho el juez español Baltasar Garzón? En otras palabras, ¿deben ser los tribunales los que salden la deuda histórica de la violación de los derechos humanos ocurridos en la guerra?

Más allá del grado de justicia que sea necesario, no se puede soslayar la dimensión política e institucional de este debate. Hay que tener una lectura más universal, que mire ese pasado de una manera integral, que interprete el contexto histórico, que palpe los miedos de la sociedad y que entienda las lógicas políticas, militares y sociales del conflicto. De la retoma del Palacio de Justicia, de los vínculos entre paramilitares y militares, o de la penetración de la mafia, entre otras.

Gran parte de lo que ha salido a flote 20 años después se debe a que ha sido imposible establecer la verdad. Por eso, crear una Comisión de la Verdad para poder exorcizar ese pasado que sigue persiguiendo al país no es descabellado y debería estudiarse.

El otro elemento de la asimetría es el de cómo una sociedad puede asimilar condenas judiciales draconianas a sus militares, mientras jefes paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz reciben penas irrisorias frente a la magnitud de las atrocidades cometidas por sus hombres en armas.

Frente a esta relativización de la justicia, que desde el punto de vista político tiene una explicación, pero desde el punto de vista moral deja perpleja a la sociedad, se perfilarían dos caminos. El primero, impulsar una ley de punto final que cobije a los militares. Pero con un conflicto armado vigente, con una justicia cada vez más globalizada, con los tratados que ha suscrito Colombia y con delitos de lesa humanidad que no prescriben, esta figura sería prácticamente inviable frente a la comunidad internacional. El segundo camino es el más seguro y el que debería seguir el país: fortalecer la justicia penal militar para los delitos cometidos claramente en el contexto de la guerra, y que la justicia ordinaria siga investigando los que sin duda alguna tienen fines criminales o son violaciones de los derechos humanos.

El hecho de que hoy la Fiscalía esté investigando a oficiales de alta graduación, incluidos generales, que hasta hace poco se consideraban héroes de la patria es, en buena medida, consecuencia de la inoperancia de los tribunales militares. En los años 80 y 90 el fuero se usó en muchas ocasiones como un escudo para cometer desafueros contra la población civil, como ocurrió con las macabras alianzas que realizaron los militares con los grupos de autodefensa en el Magdalena Medio y Urabá, por mencionar solo dos casos. Masacres como la de La Rochela, los 19 comerciantes o Mapiripán llevaron a que Colombia fuera condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada la impunidad en que quedaron estos crímenes.

Casos como el del bombardeo de Santo Domingo, en Arauca, que a todas luces debía ser juzgado en un tribunal militar, terminó en la justicia ordinaria por la propia torpeza de la cúpula del momento, la cual decidió negar el hecho de que pilotos de la fuerza aérea hubieran bombardeado ese caserío. Solo cuando la Fiscalía avanzó en la investigación de la muerte de 17 personas y pudo comprobar que una bomba cluster había sido lanzada, la FAC admitió su responsabilidad, para ahí sí exigir que el caso pasara de nuevo a los tribunales militares. Otro ejemplo que ilustra este dilema es el de la masacre de San José de Apartadó. La justicia militar concluyó que no había tropas en la zona donde fueron degolladas dos familias, pero luego se demostró que por lo menos dos compañías actuaron conjuntamente con los paramilitares. Este episodio hizo que la justicia militar perdiera no solo credibilidad, sino que se convirtiera en una institución de papel.

Porque si bien los militares hoy dicen que el fuero existe en todos los Ejércitos respetables del mundo, también es cierto que las justicias castrenses en democracias fuertes suelen ser más duras. Justamente porque se entiende que si una sociedad les entrega a los militares el poder y el monopolio de ejercer la violencia, también tiene que ponerles controles y castigos más severos, si no quiere que sus ejércitos se conviertan en hordas de bárbaros.

La actuación de la justicia contra los militares en casos de derechos humanos es una consecuencia directa de su proceso de modernización y también un efecto de la globalización de la justicia en el mundo entero. Colombia no es una excepción. Basta leer los periódicos de Argentina, Perú, Guatemala y otros países para darse cuenta de que se trata de una tendencia global.

En el caso colombiano, el Plan Colombia resultó crucial para empezar a cerrar el capítulo de la impunidad endémica en derechos humanos. La Enmienda Leahy obliga a los militares a cumplir con unos estándares de guerra limpia, sin los cuales no hay plata del gobierno de Estados Unidos. Por eso, cuando se acusa a los jueces de hacer una guerra jurídica impulsada por la guerrilla se olvida que los congresistas y el propio gobierno de Washington han estado apoyando a la Fiscalía para lograr esclarecer estos crímenes.

Basta recordar la masacre de Jamundí, en la que una patrulla del Ejército masacró a una patrulla élite de la Policía que estaba persiguiendo al narcotraficante 'Don Diego'. Este hecho, que los militares presentaron como un accidente entre tropas, resultó ser una emboscada para proteger a un capo de la mafia protegido por el Ejército. Tan abundante era la evidencia en este caso que la Fiscalía la investigó desde el primer momento. Poco después, el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, firmó un acuerdo que, lejos de arrebatarles el fuero a los militares, como lo sugieren algunos, cumple con lo que ordenó la Corte Constitucional: que en caso de violaciones a los derechos humanos es la justicia civil, y no la militar, la que debe encargarse del proceso. Ello en el entendido de que la función de los militares es combatir con combatientes, y que los atentados contra los civiles son un desafuero.

Pero que la Fiscalía investigue no garantiza que la justicia sea más eficiente, más rápida ni más justa. La justicia ordinaria tiene graves fallas frente a la lógica castrense, y hay una falta de capacitación de los jueces para entender los protocolos de la guerra, que por complejos y técnicos ameritan una justicia especializada. La congestión es otro aspecto que conspira contra la rapidez, y sin duda también la presión política que hay en casos como los de los falsos positivos, donde la sensibilidad de la opinión pública está exacerbada y nada distinto a una condena es considerado justicia.

Sin embargo, lo único que no puede hacer Colombia, en aras de proteger a sus militares, es retroceder en los logros que se han tenido en materia de derechos humanos. Que haya una justicia creíble y capacitada es esencial para la democracia. Y que su Ejército actúe dentro de la ley es crucial para que el Estado sea legítimo. Por eso el balance necesario es cómo seguir avanzando en el respeto a los derechos humanos y contra la impunidad sin deteriorar el fuero militar necesario para ganar la guerra, y con unos tribunales militares y civiles con capacidad de impartir justicia.

Hay por lo menos tres acciones que deberían emprenderse. La primera es que se fortalezca la justicia penal militar y entre en vigencia el nuevo código que la convierte en un sistema oral en reemplazo de trámites escritos interminables. Pero se necesitan recursos y profesionalización para que no sea tan inoperante como en el pasado. En segundo lugar, fortalecer la capacidad de la Fiscalía para juzgar a los militares que han cometido delitos por fuera del servicio. Y, quizá más importante, pensar si se requiere una reforma más profunda que cree, por ejemplo, una sala mixta de militares y civiles en la Corte Suprema de Justicia para darle credibilidad y altura a un tema tan crucial para el país.

Todos los elementos mencionados anteriormente han vuelto a estar sobre el tapete por cuenta de la condena a 30 años de cárcel al coronel Plazas. Esta ha divido a la opinión pública y ha ofendido a los estamentos militares. Queda por verse cuál será el veredicto final de las instancias que están aún pendientes. Sin embargo, la parábola del caso Plazas es que, más allá de si es culpable o inocente, no todo se vale en la guerra.


BP: crudo horizonte
La plataforma Deepwater Horizon estalló el 20 de abril pasado.  Luego de casi dos meses la BP no ha logrado detener el derrame. Solo el  costo de enfrentar la emergencia ya ascendió a 1.430 millones de dólares  y se calcula que el costo total podía llegar a 23.000 millones de  dólares.
La plataforma Deepwater Horizon estalló el 20 de abril pasado. Luego de casi dos meses la BP no ha logrado detener el derrame. Solo el costo de enfrentar la emergencia ya ascendió a 1.430 millones de dólares y se calcula que el costo total podía llegar a 23.000 millones de dólares.
NEGOCIOSHay incertidumbre por la gigante petrolera BP, responsable del mayor derrame de petróleo de la historia. Algunos hasta hablan de una quiebra. Cuál es la realidad.

La multinacional BP enfrenta la hora más crítica de toda su historia: no ha podido controlar la fuga de 25.000 barriles diarios de petróleo en el lecho del Golfo de México, sus acciones han perdido casi la mitad de su valor, la mancha de crudo está expandiéndose por las costas estadounidenses y el presidente Barack Obama aprieta cada vez más las tuercas en busca de una solución.
El impacto que todo esto va a tener sobre una empresa cuyas acciones son consideradas de las más confiables en esa industria del petróleo ha desatado toda suerte de especulaciones sobre cuál será su futuro. Hay quienes incluso hablan de que no tendrá ninguno.

Pero deben ser analizadas con lupa las versiones que hay sobre una eventual quiebra de la prestigiosa compañía inglesa por cuenta de la debacle ambiental. A finales de la semana pasada, la petrolera dijo que el accidente del 20 de abril, cuando explotó la plataforma Deepwater Horizon, le ha significado costos por 1.430 millones de dólares, monto que hace ver insignificantes los 75 millones de dólares que son la máxima sanción prevista en las leyes gringas para estos casos, y que BP ya aceptó pagar. Sin embargo, en la prensa especializada circuló un cálculo atribuido al Crédit Suisse según el cual el costo total sería de 23.000 millones de dólares si el derrame continúa hasta agosto, como se prevé.

A pesar de estas impresionantes cifras, los números que se conocen de la petrolera parecen suficientemente sólidos para soportar ese golpe. A diferencia de lo que le pasaría a un banco -al que la pérdida de confianza le generaría una corrida de ahorradores y con ello una causal de iliquidez-, la BP tiene importantes activos y decenas de explotaciones petroleras muy rentables en más de 100 países. Además de agravarse el problema, ya se especula que la actitud sensata de la compañía será aislar la operación que tiene en Estados Unidos para evitar que 'contamine' el resto del negocio. Pero que exista un flujo de caja suficiente no significa que la petrolera vaya a salir sin profundas cicatrices de este lamentable e histórico episodio por sus repercusiones ambientales.

La mayor preocupación para las finanzas de BP viene por el remezón político que está causando el derrame en Estados Unidos, que tiene profundas implicaciones en los mercados de valores.

La declaración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reclamando "qué trasero tenía que patear" para solucionar la crisis, es hasta ahora la embestida más grande que ha tenido que lidiar la compañía, que ha afectado el valor de su acción. En bolsa, la compañía pasó de valer 190.000 millones de dólares antes de la crisis, hasta llegar a 108.000 millones de dólares el miércoles de la semana pasada. También ha generado tensión la citación que el Congreso de ese país hizo a los representantes de BP y cuatro multinacionales más, por las implicaciones que el derrame tenga en la regulación de la industria.

De ahí que la petrolera saliera a generar confianza a sus inversionistas, incluso con un llamativo comunicado en el que dice que no entiende por qué bajan sus acciones, y que significó un ligero repunte a final de la semana. Lo que se busca evitar es que alguien pueda aprovechar los bajos precios del mercado para una "toma hostil" aprovechando el mal momento bursátil. El punto es de tal sensibilidad que en el Reino Unido se conoció que el primer ministro de ese país, David Cameron, hablará telefónicamente con Obama sobre el tema este fin de semana, cuando se cumple el ultimátum que este le impuso a la petrolera para dar una solución definitiva al asunto.

Las declaraciones presidenciales también dificultan la situación de la petrolera en lo jurídico, que es el otro frente por donde vienen las amenazas para BP. Ya hay cálculos según los cuales las demandas le significarán 14.000 millones de dólares más. Pero puede agravarse pues como resultado de la decidida actitud con que el mandatario gringo ha enfrentado a la petrolera, cualquiera que se sienta afectado por la marea negra se sentirá estimulado a demandar. El frente jurídico será a futuro la mayor complicación para la firma británica, lo que sin duda debe tener a la multinacional trabajando con intensidad no solo en frenar la salida de crudo, sino en construir la argumentación jurídica que la salve de las reclamaciones que se le vienen en los tribunales.

¿Bonanza negra?
Un buque de gran calado como el de la foto está en capacidad de  cargar hasta 2 millones de barriles de crudo. Desde agosto del año  pasado, llegan embarcaciones de este tipo al país. La actividad  petrolera está en pleno fervor.
Un buque de gran calado como el de la foto está en capacidad de cargar hasta 2 millones de barriles de crudo. Desde agosto del año pasado, llegan embarcaciones de este tipo al país. La actividad petrolera está en pleno fervor.
EXPLORACIÓNEl país está a punto de romper todas sus marcas en materia petrolera. Muchos se preguntan qué va a pasar con el 'boom': adónde irán a parar las regalías y qué pasará con lo que los expertos llaman la 'enfermedad holandesa'.

Los habitantes del puerto de Coveñas se sorprendieron a finales del año pasado con la llegada del buque Front Crown, uno de los transportadores de petróleo más grandes del mundo, capaz de llevar dos millones de barriles de crudo. La embarcación llegaba por primera vez al país a cargar un millón de barriles para llevárselos a la firma india Relliance, producto de una venta de Ecopetrol. Esta clase de operaciones, por su magnitud, nunca se había realizado en Colombia; pero desde agosto del año pasado, la historia cambió y ahora es una operación habitual. La noticia ilustra cómo han cambiado las cosas en la industria petrolera colombiana, que ahora vive una nueva época de auge: la producción está disparada, el crudo a buen precio y la principal firma, Ecopetrol, conquistando mercados en el lejano oriente.

Todos los indicadores del sector son muy positivos. Colombia cerrará 2010 con una producción tope de casi 800.000 barriles diarios y se espera que antes de terminar 2011 llegue hasta un millón de barriles por día, según lo señaló el ministro de Minas, Hernán Martínez. Será el nivel más alto de producción de petróleo jamás visto en el país.

Hoy la industria petrolera representa casi el 40 por ciento del valor de las exportaciones colombianas, según las más recientes cifras del Dane. El año pasado, Colombia le vendió al mundo 10.268 millones de dólares en petróleo, y en el primer trimestre de este año ya va en 3.546 millones.

Y aún falta mucho por verse, pues la actividad exploratoria marcha a toda máquina y las expectativas por nuevos descubrimientos son altas. Como si esto fuera poco, el próximo 22 de junio tendrá lugar una nueva ola de adjudicación de contratos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Minas realizarán una ronda para adjudicar 225 bloques en todo el país. A la competencia asistirán 50 compañías de todas las tallas y de todos los países. Con este proceso se abre una nueva frontera de exploración y evaluación técnica en 47 millones de hectáreas, donde están incluidas inmensas zonas en San Andrés, La Guajira, el golfo del Urabá, Chocó, Valle, Cauca y el océano Pacífico.

Si se adjudica la mayor parte de los contratos, Colombia tendrá actividad con fines petroleros en prácticamente la mitad de su territorio. Es un hecho sin antecedentes.

Sin embargo, es necesario prender las alarmas por lo que este auge de producción y exploración implica para el país. Hay riesgos evidentes, y de no ser precavidos, los colombianos podrían convertir el sueño de un nuevo boom petrolero en una pesadilla.

Las preocupaciones surgen de dos temas: primero, el manejo de las multimillonarias regalías que va a generar la bonanza y, segundo, el riesgo de que se presente en el país lo que los economistas han llamado la 'enfermedad holandesa'.

En lo que se refiere a las regalías, es claro que el país no ha hecho bien la tarea. Durante este gobierno (2002-2009) han sido girados casi 29 billones de pesos por este concepto, la mayor parte apenas a ocho departamentos. Solo en 2009, las regalías llegaron a 5 billones de pesos.

Muchos de esos recursos han ido a parar a elefantes blancos como plazas de toros, estadios o piscinas con olas, inversiones suntuosas en regiones en las que los niveles de necesidades básicas insatisfechas son muy altos, como los llanos orientales y la costa. Por eso vale la pena preguntarse qué van a hacer los mandatarios locales cuando la producción haya crecido 30 por ciento, como se espera que ocurra en los próximos tres años, y a un precio relativamente alto y estén recibiendo muchas más regalías que hoy. El país no puede dejar que ese barco siga su marcha, pues la frustración puede resultar mucho más grande.

La salida, sin lugar a dudas, es una reforma de fondo a la Ley de Regalías. Durante este gobierno se hicieron por lo menos tres intentos, pero nunca prosperaron porque el Congreso no le cogió la cuerda al tema. Allí el reto es para el nuevo gobierno. De ser necesario, la nueva norma debería incluir criterios centralistas para la administración de los recursos, pues evidentemente muchas regiones han fracasado en llevarles prosperidad y desarrollo a sus habitantes.

La otra preocupación por esta bonanza petrolera es un extraño mal que aqueja a los países exitosos en exportar el crudo. Se llama la 'enfermedad holandesa'. Esta definición fue acuñada cuando, a mediados de los 70, los Países Bajos tuvieron un boom en la exportación de hidrocarburos. Esto hizo que los ingresos de esos países se dispararan, lo que terminó generando una revaluación del tipo de cambio. El resultado final fue un golpe a la competitividad de las otras industrias no petroleras. Lo que se ganó por las exportaciones de hidrocarburos se perdió por cuenta de la quiebra de muchas firmas que no pudieron sobrevivir y el consecuente incremento del desempleo y la pobreza.

Ese es el temor frente a lo que pueda pasar con Colombia. Actualmente, el mercado nacional tiene un exceso de divisas explicado por el boom de inversión extranjera y la recuperación de las exportaciones. Así que la amenaza no es un asunto de ficción sino un peligro inminente.

Esta semana el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, señaló que el país podría llegar este año a 40.000 millones de dólares en exportaciones. Por otra parte, el flujo neto de inversión extranjera ha estado entre 7.000 y 8.000 millones de dólares por año, la mayor parte de este para el sector petrolero. Todo ello muestra una enorme confianza en la economía del país, pero también una realidad innegable: que van a seguir llegando dólares por montones, lo que significa una enorme posibilidad de revaluación del tipo de cambio y un golpe para las compañías exportadoras no petroleras. Todos estos son ingredientes naturales de la 'enfermedad holandesa'.

El remedio parece ser muy sencillo. Se trata de definir una 'regla fiscal', que no es otra cosa que imponerle al gobierno una cuota fija de ahorro cada año, mientras haya bonanza, para utilizar esos dineros en épocas de crisis. Así lo hicieron Noruega, que tiene su fondo de estabilización del petróleo, y Chile, con los ingresos por cobre; de hecho, ahora que se presentó el terremoto en territorio austral, buena parte de la recuperación y reconstrucción se financiará con los cerca de 25.000 millones de dólares que ahorró en los años de auge.

Pero el tema no ha sido de fácil resolución al interior del gobierno y sus técnicos. De hecho, hace 15 días se anunció una rueda de prensa para revelar el contenido de la nueva regla, pero el evento fue aplazado porque no hay consenso sobre cómo ponrla en marcha.

El asunto es que las cuentas no cuadran. Si bien la regla fiscal es necesaria por los billonarios ingresos que va a tener el país, la otra cara de la moneda es que el gobierno también va a seguir gastando mucho. Y allí es donde el círculo no cierra: ¿Cómo ahorrar recursos si lo que el país necesita es seguir gastando para modernizar su infraestructura, sostener una creciente nómina oficial, especialmente por el aumento en la fuerza militar, y cubrir los mayores gastos en seguridad social por pensiones y salud? Si no se toman otras medidas aumentando los ingresos o reduciendo los gastos, la regla fiscal podría terminar siendo un saludo a la bandera.

Es claro que el país hizo muy bien en impulsar el sector petrolero, y ahí tanto el ministro de Minas, Hernán Martínez, como su antecesor, Luis Ernesto Mejía, y el presidente de la ANH, Armando Zamora, se merecen todos los aplausos. Pero si no se toman las medidas para prevenir los riesgos, la suerte de Colombia podría complicarse.

Chocó - Colombia
CHOCÓ, la tragedia continúa…
dhColombia
Lutas Pintero / Miércoles 30 de mayo de 2007

El actual Gobierno presidido por el Señor Álvaro Uribe Vélez desconoce los acuerdos firmados en Quibdó (Chocó) el pasado 27 de abril entre representantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó y funcionarios del Gobierno Nacional, tras la toma pacífica indígena realizada frente a las instalaciones de la Gobernación, entre el 23 y 27 de abril de 2007.

Hoy 29 de mayo de 2007, tras los acuerdos firmados 14.447 niños y niñas indígenas siguen sin poder acceder a la educación en el departamento del Chocó. El Ministerio de Educación Nacional, sigue desconociendo sus derechos y en su intento por privatizar la educación para indígenas, ofrece la contratación de maestros a través del banco de oferentes, que dura solo 1 año, y sin ninguna garantía.

La Asociación OREWA, exige el cumplimiento de la sentencia C-208 de 2007, cuyo cuerpo ya ha sido publicado y por lo tanto debe ser cumplida; sentencia bajo la cual se reconoce el derecho y se ordena la vinculación por el departamento, de docentes y directivos docentes para población indígena.

Dentro de los acuerdos firmados en Quibdó el 27 de abril de 2007, estaba previsto que el día 17 de mayo se realizaría una reunión con los alcaldes de los municipios del Chocó, para establecer sus compromisos en materia educativa, en salud, entre otros. En esta reunión participarían, también: Ministerio de Protección Social, el Gerente Social para el Chocó, el gobernador, la oficina de asuntos indígenas del Ministerio del Interior y los representantes de la mesa negociadora de la Asociación OREWA.

Transcurrido el tiempo definido, y ante el incumplimiento de estos acuerdos, las comunidades indígenas en Asamblea Permanente, decidieron bloquear la carretera Quibdó-Medellín, como una acción de hecho para exigirle al gobierno departamental y nacional, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de la ley y de la Constitución Política de Colombia.

Ver más información…


LAS VERDADES DE LA IN-“SEGURIDAD DEMOCRÁTICA”
dhcolombia / Miércoles 28 de enero de 2009

DENUNCIA DE LA ORGANIZACION INDIGENA DE ANTIOQUIA

La Organización Indígena de Antioquia, reiterando nuestra posición plasmada en la Resolución de Junta Directiva Nº 01 de Abril de 2008, por medio de la cual las autoridades indígenas del departamento de Antioquia deciden no aceptar la realización de consulta previa en los territorios y comunidades indígenas para cualquier tipo de decisiones políticas, administrativas, legislativas y cualquier otra acción que provenga de las instituciones públicas y privadas, así mismo manteniéndonos firmes en la defensa de nuestras comunidades y nuestros territorios, DENUNCIAMOS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA, NACIONAL E INTERNACIONAL, la invasión a los territorios de las comunidades indígenas Emberas que habitan la zona del bajo Atrato en los municipios de Murindó y Mutatá, por parte de la multinacional minera Muriel Mining Corporation.

HECHOS

1. Desde mediados del mes de diciembre de 2008, la empresa minera Muriel Mining Corporation viene haciendo presencia y adelantando trabajos de prospección y exploración con equipos, maquinaria y personal en los territorios propios de los resguardos indígenas de Careperro, Murindó, Turriquitadó, Coredó, Citaguarodó, Guaguas, Coredocito, Jiguamiandó en el Bajo Atrato Antioqueño, municipios de Murindó y Mutatá, sin que las comunidades hayan sido consultadas y valiéndose de engaños a algunos líderes indígenas, la empresa minera ha venido deforestando bosque natural para la construcción de un helipuerto e instalación de campamentos en el cerro de Careperro, ante esta situación las comunidades indígenas que suman alrededor de 638 personas entre mujeres, hombres, niños y ancianos se han asentado en el cerro dispuestos a defender sus territorios,

2. Actualmente el Ejército Nacional viene haciendo presencia permanente en la zona donde están ubicados los campamentos y maquinarias de la empresa minera y han arrasado con las provisiones de plátano y yuca que los compañeros tenían para la alimentación, debido a la escasez de agua aproximadamente 90 personas empiezan a tener problemas de salud, entre ellos hay varios menores enfermos.

3. El día de hoy (21 de enero de 2009), ha fallecido un menor de 5 días de nacido, debido a la falta de alimentos y hacinamiento en que se encuentran los compañeros, su madre se encuentra en estado delicado de salud.

4. En años anteriores la OIA ha denunciado públicamente a la empresa por entrar a los territorios indígenas utilizando toda clase de artimañas y comprando a los líderes indígenas con comida, licor y ofreciendo dinero, lo cual refleja una clara violación de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la zona. En ese sentido, las comunidades indígenas y la OIA, dadas las condiciones y el tratamiento que le ha dado la empresa minera a la consulta previa estipulada como derecho en el marco de la Ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de 1989 de la OIT, se han negado a la consulta misma, pues no quieren ser utilizados, ni manipulados ni engañados, como ha sucedido con muchos pueblos indígenas en otras zonas del país.

5. Los representantes de la Empresa minera Muriel Mining Corporation no se han querido reunir con las autoridades locales, los líderes y la Organización Regional para tratar el asunto, con la excusa de que ya todos han aceptado la consulta que fue realizado con procedimientos indebidos.

ANTECEDENTES

La sociedad Minera Muriel Mining Corporation es una multinacional de los Estados Unidos, con domicilio principal en el Estado de Colorado con sucursal en Colombia en la ciudad de Medellín (Antioquia).

Dentro del megaproyecto minero “Mandé Norte”, Ingeominas y la Gobernación de Antioquia, otorgaron a la Multinacional Minera Muriel Mining Corporation nueve permisos para la exploración, explotación y comercialización de las reservas de cobre, oro y molibdeno que se encuentran en los municipios de Carmen del Darién (Chocó) y Murindó (Antioquia), las zonas afectadas corresponden a territorios colectivos de comunidades negras y territorios tradicionales del pueblo Embera.

En esta zona, los grupos armados han hecho presencia, cometiendo crímenes catalogados como de lesa humanidad, en muchas ocasiones con apoyo o tolerancia del Ejército Nacional.

Por todo lo anterior, llamamos a la opinión pública nacional e internacional a pronunciarse en contra de la violación de los derechos de los pueblos indígenas asentados en los municipios de Murindó y Mutatá, por parte de la multinacional Muriel Mining Corporation y el Gobierno Nacional, así mismo llamamos a todas las organizaciones sociales a respaldar y acompañar la resistencia que la comunidad Embera viene ejerciendo en defensa de su territorio desde el cerro de Careperro (sitio sagrado y de equilibrio) en el municipio de Murindó.

Instamos a las entidades públicas de control y defensa de los derechos humanos tales como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, a las personerías y a las organizaciones de derechos humanos a fin de que garanticen la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las comunidades afectadas.

Instamos a los miembros de la fuerza pública que hacen presencia en la zona a fin de que se abstengan de violentar los derechos de nuestros compañeros que se encuentran en legítima resistencia y defensa de sus territorios.

Organización Indígena de Antioquia,
Medellín 21 de enero de 2009.