 Las Auc apoyaron la campaña de Uribe en el 2002: MancusoDocumentos exclusivos: así se fraguó el acuerdo de paz con los 'paras' |  |  |  |
| Desmovilización y desarme | ||
| Lunes, 26 de Abril de 2010 08:00 | ||
 En noviembre de 2002 el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y jefes de las Auc se reunieron en secreto para pactar un cese de hostilidades. VerdadAbierta.com publica la transcripción de esa reveladora reunión, hasta ahora desconocida.
El 12 de noviembre de 2002, dos semanas antes de que las Autodefensas Unidas de Colombia le anunciaran al país su cese al fuego y empezaran a negociar con el gobierno las condiciones para desmovilizar a sus tropas, el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo se reunió en secreto con la plana mayor de ese grupo armado en un finca en Córdoba. A esta reunión fueron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, quien era entonces el jefe del Bloque Catatumbo; Ramón Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y algunos paramilitares más. También asistieron los sacerdotes Julio César Vidal, obispo de Montería, y Germán García, de la Diócesis de Apartadó, quienes junto a varios representantes de la Iglesia Católica, buscando frenar el terror paramilitar que estaba dejando un reguero de víctimas, ya habían establecido contactos con los paramilitares antes de que asumiera el gobierno Uribe. Esta reunión, en la que se cocinó el primer borrador de acuerdo de cómo sería el desmonte del aparato militar de las Auc, fue grabada por los jefes 'paras'. VerdadAbierta.com encontró una transcripción de esta grabación en un expediente judicial y revela en exclusiva su contenido, que arroja muchas luces acerca de qué y cómo se negoció. (Ver transcripición de la reunión de los 'paras' y el comisionado). “Hay una diferenciación de dos tipos de zonas, unas zonas que ustedes tienen control, donde no tendrían mayor dificultad para el cese de hostilidades y otras zonas de frontera podríamos decir”, dijo Restrepo. A lo que Restrepo les respondió: “Ese es un derecho que no les podemos quitar. Lo dejo claro. Yo como representante del gobierno no puedo quitarles a ustedes ese derecho”. Y tanto el comisionado Restrepo como el paramilitar Mancuso estuvieron de acuerdo en que en estas “zonas de frontera”, el gobierno dejaría a los paramilitares "operar defensivamente" allí, mientras llegaba la Seguridad Democrática, que el Comisionado definió allí como redes de informantes, soldados campesinos, aumento de la Fuerza Pública y el retorno de la institucionalidad. Así, dijo el Comisionado de Paz, el gobierno garantizaría que la guerrilla no se fuera a aprovechar del cese al fuego para volver a tomarse "las zonas controladas por las Auc", que era una preocupación mayor que los jefes ‘paras’ negociadores dijeron tener. El proceso, según Restrepo, se haría en tres etapas. Primero el cese de hostilidades, segundo la entrada de la fuerza pública a las zonas controladas por los ‘paras’, y tercero, la desmovilización y el desarme de las Auc. También propuso delimitar zonas para concentrar las tropas paramilitares. Se ve que las conversaciones entre gobierno y paramilitarismo ya venían de tiempo atrás, pues los paramilitares llevaron a la reunión un borrador del comunicado que iban a emitir para anunciar su cese al fuego. El primer punto del borrador era reconocer las Auc como un actor armado del conflicto político y social, y que fueran tratados como tal (ver documento borrador). Y aunque el gobierno no reconoció el estatus político que pedían las Auc, cómo se deduce de las conversaciones, les reconoció ser el Estado de facto en varias regiones y les permitió mantenerlo como una salvaguarda con el posible regreso de la guerrilla. Al no admitir el gobierno que se les daría estatus político, acordaron que era necesario buscar un mecanismo jurídico alternativo que les permitiera negociar con las Auc. El e mail del día anterior “La salida deberá ser política”, dijo Castaño, aconsejó presionar para que el gobierno los considerara un actor político del conflicto y esforzarse para "no despolitizar la negociación”. Pero el correo electrónico de Castaño muestra que su mayor preocupación para enfrentar las negociaciones con el gobierno era la infiltración del narcotráfico en las Auc. Con pragmatismo expuso que “el tema de la extradición, es inconveniente incluirlo en la agenda de trabajo con el gobierno. Debemos (…) prepararnos para hacer nuestra defensa individual ante los EU”. Dos meses antes el Departamento de Estado de Estados Unidos había solicitado en extradición a Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’ para ser juzgados por narcotráfico en ese país. Castaño reiteró que “el gobierno y la comunidad internacional estarán atentos de quienes en las AUC impulsen la lucha contra la extradición; yo a esto no le caminaré jamás, por ahí van los capos y yo al lado de ellos no voy; ya sabemos que ‘Los narcos sólo se unen para matar o traicionar a un amigo’”. “A decir verdad, yo creo que a los Gringos les importa un carajo lo que pase en el futuro con Mancuso o Castaño (…); tal vez seamos considerados por ellos, como instrumentos desechables. Ellos le apuntan a intereses grandes; Petróleo, capos narcos y territorio estratégico en Colombia (Sic)”, dijo Castaño en el correo. Castaño estaba en contra de que grandes narcotraficantes se camuflaran de paramilitares para ser cobijados con los acuerdos de la negociación política con las Auc. A pesar de la oposición del menor de la poderosa familia fundadora del paramilitarismo en Córdoba y Urabá, varios narcotraficantes ya habían "comprado" bloques de las Auc y habían adquirido mucho peso en la organización paramilitar. Así que lograron quedar incluidos en los tratos de paz de Santa Fe de Ralito, entre ellos, Francisco Javier Lindo, alias 'Gordolindo', ‘Los Mellizos’ Mejía Múnera y Miguel Arroyave. Es más, los contactos de Carlos Castaño con la DEA en 2004 para comenzar a negociar directamente la colaboración con la justicia estadounidense, puso a los narcotraficantes "purasangre" a sospechar que éste tejía una traición contra ellos. Así que presionaron a su hermano Vicente, para que les probara su lealtad, enviando a sus hombres a matar a su hermano menor. Y así fue, en abril de 2004, Castaño cayó abaleado por los hombres de su hermano. Luis Carlos Restrepo era consciente del problema que representaba firmar un acuerdo de paz con una organización permeada por el negocio ilícito de traficar narcóticos. En la reunión en la finca de Córdoba el ex Comisionado de Paz dijo que “lo que se busca es que el Ejecutivo no negocie con el narcotráfico...(...)... hay temor de que se use la ley nueva para negociar con narcotraficantes y delincuentes comunes”. Lo que salió de la reunión El gobierno además se comprometió con los paramilitares a darles todas las garantías para la desmovilización. Y dar un “debate más profundo, dentro del Congreso o una nueva reforma constitucional, o una constituyente” para negociar la descentralización del Estado, uno de los puntos que los ‘paras’ pidieron antes de firmar un pacto. Restrepo logró que los ‘paras’ confiaran en él y en las promesas de Uribe. Dijo que no llevaban un plan predeterminado y explicó que el Presidente era “un amansador de caballos, él va sobre el potro, él va ir ajustando las cosas en detalle”. Al final de la reunión, Mancuso reconoció que el grupo de jefes de las Auc llegó “con cara de incertidumbre, de preocupación”, pero después de la reunión dijo: “Ahora veo caras de felicidad, los veo muy sonrientes, la verdad es que es muy bueno”.¨ Al final de la reunión los ‘paras’ se comprometieron a decretar un cese al fuego unilateral el primero de diciembre de 2002 y emitir un comunicado donde dejarían claro que su compromiso es a largo plazo. Se trata de un e mail que le envió Carlos a su hermano Vicente, en el que le informó que “la reunión con el Comisionado de Paz fue muy satisfactoria” (Ver el correo de Carlos a Vicente Castaño). Y existe además un tercer correo que pone en contexto esta reunión clave. Días después, el 18 de noviembre de 2002, Carlos Castaño recibió un correo de Ernesto Yamhure, columnista, ex primer secretario de la embajada de Colombia en Suecia. (Ver correo de Ernesto Yamhure a Carlos Castaño). El comunicado final de las Auc |
Anuncian investigación por presunta agresión de policías a estudiantes
Bogotá | 26 Abr - 9:17 pm. La foto que publica El Espectador da cuenta de la intención de uno de los uniformados.
Amenazas de muerte en Plato, Magdalena
"Hay 30 pruebas contra ex funcionarios del DAS por el magnicidio de Pizarro"
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| Archivo SemanaEntierro de Carlos Pizarro |
La Procuraduría volvió a intervenir para que no precluya uno de los crímenes contra candidatos presidenciales que sacudieron la estabilidad de la institucionalidad a principios de los 90's. Esta vez se trata del asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, ex jefe del M-19 y candidato presidencial, asesinado el 26 de abril de 1990, al interior de un avión de Avianca, en plena campaña presidencial.
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Este miércoles se conoció la noticia de que la Procuraduría le pidió a la Fiscalía investigar al ex jefe de inteligencia del DAS, Alberto Romero, y a Jaime Ernesto Gómez Muñoz, detective del DAS que pertenecía al esquema de seguridad de Pizarro, por su presunta partición en el asesinato.
Gabriel Jaimes, Procurador Delegado se Asuntos Penales, aseguró en diálogo con RCN Radio que la solicitud de vinculación fue elevada a la Fiscalía General, y agregó que el Procurador Alejandro Ordoñez conformó una agencia especial para evitar la impunidad y contribuir al esclarecimiento del asesinato del ex candidato presidencial.
Escuche a Jaimes quien aseguró que existen cerca de 30 pruebas para justificar la decisión de la Procuraduría.
Jaimes señaló que en un comienzo la investigacipón fue encauzada a encontrar la responsabilidad en el Cartel de Medellín. En este proceso se judicilizó a alias 'El Narco', quien finalmente fue absuelto. Luego se investigó la relación del crimen con el paramilitarismo del Magdalena Medio, donde se vinculó a Carlos Castaño, quién es el único condenado por los hechos, y quien está muerto.
Según Jaimes, quien advirtió que el expediente tiene reserva sumarial, ahora surgen detalles que permiten inferir que los ex funcionarios del DAS de esa época tuvieron una vinculación directa.
Así como se vinculó al general Maza Márquez en el proceso de investigación del asesinato de Luis Carlos Galán, la Procuraduría asegura que tiene suficientes elementos probatorios para vincular al general Peláez Carmona, para ese entonces director de la Dijin, al proceso de Pizarro.
Jaimes sijo que la Procuraduría espera que la Fiscalía atienda su solicitud pronto y "se adopte la decisión de vincularlo al proceso, en calidad de autor del asesinato, por su participación directa e inmediata". Escuche la petición de Jaimes.
Bernardo Jaramillo Ossa sabía que lo iban a matar
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| Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial y dirigente de la Unión Patriótica asesinado el 22 de marzo de 1990. |
Con mezcla de frialdad y quizá con un poco de humor negro, el candidato presidencial por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, aseguraba en todas las entrevistas que lo iban a matar.
Una predicción que no resultaba difícil después del asesinato de centenares de militantes de ese movimiento de izquierda que surgía con un gran respaldo popular que no se veía en Colombia desde la época de Jorge Eliécer Gaitán.
Su presentimiento se cumplió el 22 de marzo de 1990. Cuatro balas disparadas desde una Mini-Ingram por un joven que lo esperaba en el Puente Aéreo de Bogotá, acabaron con su proyecto de una izquierda moderna y democrática y se convirtió en uno de los tres candidatos presidenciales asesinados en la sangrienta campaña de 1990.
Ya estaba muerto el candidato del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán y sólo faltaba un mes para que acabaran con la vida del recién desmovilizado del M-19 y también candidato a la presidencia, Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa tuvo éxito en la política por su franqueza. Quienes lo conocieron, lo catalogaban como un social demócrata, un visionario y un hombre de cambio.
Nació en Manizales en 1956 y se graduó en Derecho y Ciencias Políticas. Pronto se convertiría en un importante dirigente agrario en el Urabá Antioqueño, militante del Partido Comunista Colombiano y tras la expulsión de esa colectividad por plantear reformas ideológicas y abrir paso a la concertación y a la democratización sin abolir la propiedad privada, asumiría la presidencia de la Unión Patriótica después del asesinato de su dirigente, Jaime Pardo Leal en 1987.
Este abogado manizalita acertó, hace 20 años, en lo que sería la degradación del conflicto armado colombiano. Advirtió el fortalecimiento de las estructuras paramilitares y su complicidad con el Estado y el narcotráfico, y señaló la pérdida del horizonte político de la guerrilla de las Farc, subrayando incansablemente que la única salida posible era el diálogo. En repetidas ocasiones aseguró que la UP no necesitaba de las Farc, ante las denuncias de sus contradictores que señalaban a ese movimiento como brazo político de la guerrilla.
“Sé que la única salida política al conflicto armado pasa por el diálogo entre gobierno e insurgencia y la interlocución válida de la sociedad civil para encontrar caminos de reconciliación”, afirmaba en Jaramillo en sus discursos y siempre resaltaba que “no se puede ser consecuente con la paz ni hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares ni se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil”.
Jaramillo Ossa confiaba en que un proceso de paz no debía resumirse a la entrega de armas por parte de la insurgencia, sino que debería alcanzar transformaciones profundas en una sociedad inequitativa como la colombiana. Por eso fue uno de los principales veedores del proceso de desmovilización de la guerrilla del M-19 y su transformación en partido político, perseguido y exterminado al igual que la Unión Patriótica.
Su muerte
Bernardo Jaramillo Ossa llegó al Puente Aéreo de Bogotá a las 7:30 a.m el jueves 22 de marzo. Lo acompañaban Mariela, su esposa, once escoltas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dos de la Policía y dos de la Unión Patriótica (UP).
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La pareja abordaría un vuelo de Avianca, rumbo a Santa Marta, para gozar de la luna de miel que no habían podido tener por las múltiples ocupaciones del dirigente político.
Su esposa recuerda que justo ese día no quiso llevar el chaleco antibalas que siempre usaba por ser uno de los hombres más amenazados del país.
Una hora antes, un joven de 17 años, vestido de corbata y un maletín en su mano, llegó a la terminal aérea y confirmó un pasaje de Avianca en el mismo vuelo a Santa Marta. Las autoridades lo identificaron después como Andrés Arturo Gutiérrez, el menor de cuatro hijos de una familia que vivía en el barrio Enciso de Medellín.
Minutos después, tres hombres se acercaron al joven y le entregaron una ametralladora Miningram, calibre nueve milímetros y una fotografía del líder de la UP. Luego se alejaron. Andrés Arturo agarró el arma, la escondió en su saco y esperó sentado en los pasillos del terminal fingiendo leer un periódico y esperando el momento preciso para actuar.
Todo estaba planeado. Si el primer intento en el Puente Aéreo fallaba, había otro joven que también abordaría el avión para asesinar a Jaramillo en pleno vuelo. Pero si éste también fallaba, otro grupo de sicarios lo esperaba para ultimarlo en el aeropuerto de Santa Marta.
Ese joven que abordaría el avión se llamaba Gerardo Martínez, quien un mes después acabó con la vida del recién desmovilizado del M-19, Carlos Pizarro Leongómez.
Andrés Arturo le disparó a Bernardo a las 8:05 a.m. El sicario desenfundó la ametralladora y la accionó escondiéndola con el periódico. En menos de un minuto descargó las 33 balas del proveedor.
Cayó herido, tenía cuatro impactos en el tórax. Mariela, su esposa, se tiró a su lado para protegerlo. Herido, Jaramillo le dijo a su esposa: “Mi amor, no siento las piernas. Estos hijueputas me mataron, me voy a morir. Abrázame y protégeme”.
Y allí quedó su anhelo de una patria democrática, equitativa e incluyente. Y allí quedaron sus sueños, repetidos en varias entrevistas, de tener la posibilidad de caminar por las calles sin escoltas, de ir tranquilo a una heladería, sentarse en una banca de un parque para darle de comer a las palomas, leer un periódico o entrar a un cine.
El exterminio de la Unión Patriótica dejó como saldo el asesinato de dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, 70 concejales y decenas de diputados, alcaldes y líderes políticos. Se habla de más de 4 mil víctimas, muchos de ellas desaparecidas.
Días antes del asesinato de Jaramillo Ossa, entre los dirigentes de la UP causó revuelo unas declaraciones de Carlos Lemos Simonds, ministro de gobierno del presidente Virgilio Barco. Lemos Simmonds sostuvo en entrevista con Colprensa que “el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica. Se van a enojar porque les estoy diciendo esto, pero ellos saben que es así”.
Dirigentes de la UP reaccionaron diciendo que esas afirmaciones ponían en riesgo la vida de sus militantes.
¿Quién ordenó su asesinato?
Esa misma mañana, el general Maza Márquez, director del DAS, atribuyó la autoría intelectual del asesinato al capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar en su guerra terrorista que había asesinado meses atrás al candidato presidencial Luis Carlos Galán. Pero el poderoso narcotraficante envió una carta declarándose “adolorido” y negó categóricamente ser el autor intelectual del crimen.
Los Castaño, jefes paramilitares, entonces se convirtieron en el foco de las miradas. En su libro “Mi confesión”, Carlos Castaño afirma que su hermano Fidel dio la orden de asesinar al dirigente de la UP. Otras hipótesis hablaron de escuadrones de la muerte cercanos a organismos del Estado e incluso de sectores de las Farc, incómodos con las reiteradas condenas de Jaramillo a la lucha armada.
Veinte años después, lo único que se ha conseguido acaba de suceder: el crimen fue considerado de lesa humanidad para evitar que su investigación prescriba.
Asesinato de Carlos Pizarro es declarado delito de lesa humanidad
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A cinco días de cumplirse 20 años del asesinato del entonces candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez, la Fiscalía General de la Nación declaró este crimen como un delito de lesa humanidad, evitando así que la investigación prescriba por vencimiento de términos.
Para la Fiscalía, el asesinato de Pizarro, perpetrado el 26 de abril de 1990, hace parte de una serie de atentados contra la existencia física de los miembros del M-19, tras casi 15 años de combatir al Estado y reincorporarse a la vida civil.
Son delitos de lesa humanidad los exterminios de comunidades enteras, desaparición, esclavitud, privación ilegal de la libertad, tortura, delitos sexuales, persecución discriminatoria de grupos raciales, religiosos, políticos, entre otros, y deben ser investigados hasta encontrar la verdad.
El único condenado por el magnicidio de Pizarro es el desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño. Sin embargo, este año, la Procuraduría pidió a la Fiscalía vincular a la investigación al director de inteligencia del DAS, Alberto Romero, y al detective Jaime Ernesto Gómez.
Hace dos meses, la Fiscalía no solo vinculó a estos dos ex funcionarios del DAS, sino que decidió llamar a todo el cuerpo de seguridad de Pizarro para que declararan en el proceso.
La decisión la tomó luego de oír en versión al ex jefe de seguridad de Pizarro, el mayor (r.) Henry Galindo Lugo, quien aseguró que el día del crimen, él se encontraba en la capital del Atlántico como parte de la avanzada del candidato.
En ese momento, el pronunciamiento del Ministerio Público sobre la vinculación del DAS en el magnicidio, no sólo fue para el caso de Pizarro, sino también para casos como el de Bernardo Jaramillo Ossa (asesinado el 22 de marzo de 1990) y Luis Carlos Galán (asesinado el 18 de agosto de 1989). Ambos crímenes fueron declarados de lesa humanidad por la Fiscalía.
En el caso de Galán, la Fiscalía ordenó la captura del ex director del DAS, el general retirado Miguel Maza Márquez. Esto debido a que se fortaleció la hipótesis de que el crimen de Galán se perpetró con colaboración de su jefe de escoltas, un detective del DAS. Maza Márquez fue dejado en libertad el pasado lunes por vencimiento de términos.
Sobre el crimen de Bernardo Jaramillo Ossa, cada paso del esquema de seguridad que escoltó al político en sus últimos días está siendo analizado. De hecho, la labor es instruida por el mismo procurador que revisó el expediente de Pizarro.
Entre el Santos falso positivo y otras veleidades.
Desconsuelo, asombro y vergüenza, produce escuchar este personaje en las entrevistas, debates e intervenciones en general, desde chismes de farándula, dadivas a futuro, programas políticos coyunturales de última hora, los cueros al sol, mentiritas, evadir preguntas, cirugías plásticas, hasta las verdades inocultables.
Nuevamente un “conocido de Santos” Mancuso, le recuerda al candidato de la U que él propuso un golpe militar, derrocar un gobierno, al presidente Samper, liberal. (no es acaso eso una traición a la patria como dicen los ideólogos de derecha Londoñados?). También hizo memoria de cuando Juan Manuel Santos, junto con el vicepresidente Francisco Santos su primo, plantearon a los paramilitares la idea de montar el bloque capital. Bloque que si fue creado, grupo paramilitar en Bogotá, que todavía sigue delinquiendo, este empezó a idearse en 1999 e hizo presencia con asesinatos en barrios afligidos de Bogotá en el 2000, de hecho en esa época pagaban $400.000 mil pesos por cabeza. (de dónde salio la plata, para hacer de cientos de ciudadanos unos criminales?) Y es que este grupo a cobrado más de 1000 víctimas en la ciudad y aledaños y son muchas las personas que siguen perdiendo la vida bajo el accionar de muerte de esta “banda emergente” termino de Santos, o que han sido desplazadas, amenazadas, perseguidas. De eso puede dar cuenta el también candidato Vargas Lleras que fue víctima de un atentado de "incierta" procedencia . (Que por cierto, no se sabe que rumbo tomo la investigación de los posibles actores materiales e "intelectuales")
Por otro lado, no es acaso el partido de la U, el que tiene más miembros investigados (cantidad) por parapolítica, eso sin añadirle la corrupción electoral, los métodos usados para ganar elecciones, las prebendas televisadas por compra de votos.
Los “falsos positivos”, siguen siendo incentivados por el ministerio de defensa, son inocultables la cantidad de militares que han incurrido en estas acciones, pareciese que ingresar al ejército es un llamado a “enlistarse para matar”. Discursos mediáticos evadiendo responsabilidad. Fiestas de desagravio promovidas por Padilla y Santos, por supuesto, para que no se desanimen en el ejército y sigan en sus labores de inteligencia, contrainteligencia y delincuencia (Garantizando la seguridad o creando inestabilidad a favor de ellos). Para nadie es un secreto que si el Das chuzaba o chuza, el ejército es el papá del tema, no sólo chuza, sino que además, es el encargado de hacer las “operaciones especiales”, los allanamientos ilegales, ejecuta acciones contra sus “blancos políticos”, dedica con exclusividad a filtrar sabotear web y email (de todos aquellos que se oponen y también de los que no), teléfonos y todo lo que circule en el espectro electromagnético y si no se encarga de montarlo, hace los seguimientos, aplica el manuel de hostigamientos de manera rigurosa contra todo lo que salga de su horda, eso entre cientos de cosas que practica, lo peor –harakiri- lo hacen con nuestros impuestos.
Escuche la indagatoria o testimonio de Mancuso.
Criminales de Estado 25 años de impunidad
Sentencia condenatoria pide la Fiscalía contra el General® Arias Cabrales por haber ordenando la retención de civiles durante el holocausto del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, después de demostrarse su responsabilidad en la retoma del edificio ya que fue comandada por él. En esos hechos fueron desaparecidas 11 personas, que según los testimonios de testigos fueron torturadas, asesinadas y desaparecidos sus cuerpos.
25 años después se procesan militares que incurrieron en un crimen de lesa humanidad, sin conseguir una sola condena y que durante todo este tiempo, varios de ellos siguieron su accionar criminal, entre otros hechos, las amenazas a familiares de las víctimas, falsos testimonios, hostigamiento a defensores en el proceso.
- Piden condenar a Arias Cabrales por retoma del Palacio de Justicia
- Ángela Marí Buitrago, Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia
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| Siete nombres, tres tendencias [ EDITORIAL ] Juan Manuel Santos y Noemí Sanín están peleando a muerte para mostrarse como los mejores exponentes del continuismo; como si fuera un orgullo seguir el modelo uribista en materias como desigualdad social, desplazamiento, interceptaciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, deterioro de la institucionalidad, etcétera. Esta rapiña por recoger las banderas de Uribe, tiene casi en la lona al otro gobiernista, Germán Vargas, cuya figura se acerca cada vez más a los índices del margen de error. Entre los independientes, la figura de Sergio Fajardo sufrió un duro revés tras las elecciones parlamentarias, mientras que a Antanas Mockus lo fortaleció el triunfo en la consulta verde. Sin embargo, el ex alcalde bogotano debe actuar rápida y hábilmante para capitalizar el entusiasmo que ha despertado su candidatura; sobre todo en la franja urbana y estudiantil. ------- 
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El DAS-gate y las ‘chuzadas’, vuelve y juega Asesores del Presidente, magistrados y periodistas fueron ‘chuzados' ilegalmente al parecer por agentes de contrainteligencia. La Casa de Nariño mostró su preocupación por las consecuencias de este episodio.  Foto: ArchivoEl caso de las interceptaciones telefónicas no sólo afecta al DAS. También sacude a gran parte de Suramérica.Hay revuelo en la Casa de Nariño. El fantasma de las interceptaciones telefónicas ilegales ronda de nuevo. Y el DAS vuelve a situarse en el ojo del huracán. Hace 21 meses el país se escandalizó al conocerse que, sin órdenes judiciales, desde la Dirección de Inteligencia de la Policía se estaban ‘chuzando' teléfonos de influyentes políticos de oposición, periodistas, abogados y hasta parapolíticos. El asunto fue tan grave que causó remezón en la Policía y 11 generales fueron descabezados. El espectro de los ‘chuzados' regresa, pero esta vez es el círculo de confianza del presidente Uribe el escuchado. "La interceptación ilegal e injusta, violatoria de la ética democrática, en contra de la libertad de los ciudadanos, de su intimidad, de su libertad para expresar sus ideas políticas, para adelantar su tarea periodística, es una ofensa al Estado de Derecho, es un constreñimiento a la libertad que debemos garantizar a cada ciudadano. ¡Que se acabe ese vicio de creer que la libertad es para que el funcionario abuse y constriña la libertad del ciudadano. Eso no puede darse más en nuestra Patria!", advirtió el presidente Uribe en aquella época. Sin embargo, las interceptaciones telefónicas ilegales siguieron su curso. Ahora a la Casa de Nariño llegaron preocupantes versiones de que los secretarios general y jurídico de la Presidencia, Bernardo Moreno y Edmundo del Castillo, fueron interceptados durante mucho tiempo de manera ilegal. No es lo más grave. Informaciones preliminares advierten que entre los ‘chuzados' hay magistrados de altas cortes y dos nombres en particular: Francisco Javier Ricaurte e Iván Velásquez Gómez. El primero es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y el segundo, nada más y nada menos, que el coordinador de investigaciones de la parapolítica en el alto tribunal. El Espectador dialogó con altos funcionarios de la Casa de Nariño quienes corroboraron la desazón y la vergüenza que produce que el organismo de inteligencia de la Presidencia sea precisamente su verdugo, el que durante meses ha venido escuchando secretamente todas y cada una de las conversaciones íntimas que han tenido. "Imagínese, el DAS ‘chuzándonos' a nosotros. Es el mundo al revés", dijo a este diario un hombre de la guardia pretoriana de la Presidencia. Y agregó: "Es gravísima la podredumbre del DAS. No puede ser que sigan sucediendo estas cosas, más graves aún si son magistrados los ‘chuzados'". SIN OLVIDO 32 |
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