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Siete municipios han sido atacados. Milicias y geografIa de la zona dificultan avance de las tropas. Insisten en que la escalada terrorista es una muestra del desespero de las Farc por desestabilizar el proceso electoral. Ataque a la PolicÃa en Coconuco.
La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia y por mandato de la Constitución, resuelve, DECLARAR INEXEQUIBLE EN SU TOTALIDAD LA LEY 1354 DE 2009 POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A UN REFERENDO CONSTITUCIONAL y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional.
Los medios felicitan a la Corte y la reacción del Presidente porque “gracias a Dios”” no van a decir que somos un país de una democracia inviable, ni que tenemos un Presidente a lo Chávez
Alguna vez Carlos Gaviria dijo que la seguridad democrática sólo había servido para que los ricos volvieran a sus fincas. Seria interesante que esa frase la repitiera en un escenario rural.
Madres de Soacha se niegan a ser utilizadas por el Presidente Uribe para las campañas de reelección. Desde hace dos años pidieron ser escuchadas, pero sólo hasta ahora el presidente las recibe, ahora en plenas elecciones y ad portas del pronunciamiento de la corte sobre la reelección. Las madres esperan respuestas y el país espera que cese la impunidad.
Ayer hubo marcha contra los Decretos de Emergencia Social. En RCN fue una nota que pasó de agache con 30 segundos de emisión. Hoy por el contrario, abrieron con una entrevista de casi media hora al Presidente para explicar los “beneficios” de la Reforma a la Salud. Entrevista que además, fue hecha por Clara Elvira Ospina, la misma que hace dos años dijo en la Cumbre de la SIP, que los Medios apoyaban incondicionalmente al Gobierno colombiano…Donde esta la contraparte y el contra argumento?.....Este video ayuda a entender un poco lo que digo….se repite la situación de la “yidispolitica”, cuando RCN dio un espacio de una hora al presidente para decir que la denuncias de Yidis eran falsas, mientras que a Yidis jamás se le dio un espacio de replica igual.
La llamada emergencia social decretada por el presidente Uribe, y el paquete de medidas que la desarrollan, constituyen un engaño al país, una manipulación de los principios y normas constitucionales y un ataque al derecho a la salud de la población.
La declaratoria de la emergencia, que fue presentada como una necesidad frente al riesgo inminente de una perturbación del orden institucional, al amparo del artículo 215 de la Carta Política, tenía como propósito fundamental atender las presiones de los empresarios que controlan las EPS, quienes exigieron mayores recursos para resolver problemas de liquidez generados, entre otras causas, por los altos costos de la intermediación privada, la corrupción, el manejo irresponsable del flujo de recursos por parte del Gobierno Nacional y el sistemático recorte de las transferencias de la Nación a las entidades territoriales mediante reformas constitucionales.
En pocos días se cumplen los cinco años de una de las masacres más violentas y escalofriantes que ha cometido el Estado colombiano en contra de la población; hecho maquinado, dirigido por la fuerza pública y ejecutado en alianza con las autodefensas, que colmados de tal crueldad y sevicia eliminaron ocho personas (entre ellas, 4 menores).
El caso de la masacre, no estaba ajeno, después de una y otra acción dilatoria, entre ella la perdida de expedientes, el cambio de abogados, hostigamientos, prácticas difamatorias y amenazantes, estigmatizaciones y señalamientos contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, como también contra el abogado de las víctimas; estamos a puertas de un vencimiento de términos y pronta libertad de los militares que incurrieron en un crimen de lesa humanidad.
El 4 y 5 de febrero en Medellín, continuara la audiencia de juicio de 10 militares implicados en los hechos.
Miles de usuarios del actual Plan Obligatorio de Salud, POS, movimientos sociales, estudiantes, médicos y enfermeras, salieron a la calle y pidieron se revoquen los decretos que someten a los colombianos a la muerte por incapacidad de pago o a un endeudamiento asesino.
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El 18 de febrero de 2010 en diferentes puntos de Colombia, miles de ciudadanos se movilizaron para decir NO a los nuevos decretos de emergencia social y NO al referendo releccionista. Solo en la capital del país se movilizaron más de treinta mil personas, el doble de ciudadanos que marcharon por las mismas calles y razones el 6 de febrero pasado en Bogotá. Hoy la Plaza de Bolivar se llenó de forma pacífica y sin contratiempos y movimientos sindicales, políticos, sociales, estudiantiles y toda la rama de salud, entre médicos, enfermeras, paramédicos y estudiantes de medicina, expresaron su inconformismo ante los decretos expedidos por el presidente, Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Protección Social, Diego Palacios.
Como un símbolo patriótico, miles de manifestantes entonaron juntos el himno de Colombia, acto que demostró, que el país no cederá en su oposición a los nuevos decretos. Además, en la marcha se pudo apreciar puestas en escena donde el presidente, acompañado de la muerte, da fin a la salud de los colombianos, expresión artística que refleja la preocupación y que representa el sentir de millones de personas en Colombia frente a los insalubres decretos gubernamentales.
Aunque en el transcurso de la semana el presidente ha suprimido algunos de los decretos, como el de las sanciones a los médicos que formulen tratamiento de alto costo, y sus discursos tratan de apaciguar los ánimos y distraer las reflexiones de la gente, los nuevos decretos siguen dando pie a que lás personas con algunos recursos terminen subsidiando su salud mediante prestamos, y que las personas de bajos recursos sean condenadas a la muerte.
Sin embargo la movilización de por lo menos cuarenta y cinco mil personas en Bogotá, en las dos marchas que se han realizado en menos de quince días, demuestra que los colombianos continuaran movilizandose hasta tumbar los decretos presidenciales que atentan contra el derecho la salud y la vida en Colombia.
Según Uribe, se busca responder a la crisis financiera que enfrentan las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, empresas que deben en este momento 251.000.000 millones de dólares, sin embargo, cinco de las empresas más ricas en el país vienen del sector salud, entre ellas Saludcoop.
EN TODO EL PAÍS YA SE HABLA DEL ‘VOTO COMBO’ Y EL ‘VOTO PREPAGO’
ELECCIONESLos ríos de dinero que se mueven en las campañas al Congreso podrían convertir a Colombia en una plutocracia electoral, en la que sólo serán elegidos los candidatos con más plata. ¿De dónde viene tanto efectivo?
Sábado 20 Febrero 2010
Entre los políticos tradicionales se calcula que comprar un voto puede costar entre 15.000 y 50.000 pesos
Nunca en la historia política de Colombia se había visto que los políticos invirtieran tanto dinero en las campañas como ahora. Denuncias y testimonios en todo el país dejan claro que en esta oportunidad las vallas, los pasacalles, las gorras, las lechonas y las camisetas son tan sólo los gastos de caja menor de millonarios presupuestos destinados al proselitismo.
"El clientelismo ha cambiado", dice Juan Carlos Flórez, historiador y candidato al Senado. Y se refiere a que el tradicional intercambio de favores por votos ya no se hace con tejas o ladrillos a los electores, sino con fajos de dinero en efectivo. El costo de un voto varía según las regiones. En Bolívar puede llegar a los 50.000 pesos; en Bogotá y en Cali su valor oscila entre los 20.000 y los 30.000; y en las ciudades intermedias bordea los 15.000 pesos. El dinero es pagado por los clientelistas en dos cuotas: una, al hacer el trato con el elector, que equivale al 30 por ciento del costo. Otra, una vez están listos los escrutinios.
En la mayoría de los casos, el candidato no es quien ofrece el dinero. Para eso se vale de los 'capitanes', los encargados de buscar a los electores y de anotar en una planilla su cédula, el lugar de residencia y el sitio de votación. Si después de las elecciones se comprueba que un número similar a los anotados en cada zona votó por el candidato, el 'capitán' reparte la plata y se queda con un porcentaje de acuerdo a los votos conseguidos. No más en este rubro, hay candidatos al Senado que, si le apuestan a sacar 30.000 votos 'de organización', invierten hasta 1.500 millones de pesos.
"Ser capitán es todo un negocio", dijo a SEMANA un edil que en diciembre le hacía campaña a un candidato conservador a la Cámara y que hoy trabaja para un aspirante de La U en Bogotá: "Nosotros les ponemos votos a los de Cámara y ellos a los de Senado. Aquí lo único nuevo es la plata", dice.
En Bogotá, un líder capaz de poner 1.000 votos puede llegar a costar 70 millones de pesos. En este contexto, los líderes compiten por los candidatos que más pagan y los candidatos, por los líderes que ponen más votos. "Hay ediles que dicen: doctor, yo le pongo tantos votos, pero usted me da un anticipo... cobran porque hay políticos que los acostumbraron a recibir millonadas", dice el candidato a la Cámara Alfonso Prada mientras recuerda que en la capital esta práctica tomó fuerza en la elección al Concejo en 2007.
Según varios congresistas, desde que entraron a la escena política los partidos ADN -hoy sin personería jurídica- y el PIN, se disparó la venta de líderes al mejor postor. El senador Juan Manuel Galán denunció que candidatos del PIN compran líderes en Bolívar y en Santander. "En Cartagena, por ejemplo, Enilse López, la 'Gata', está dando dinero en efectivo a los políticos y personas naturales para que voten por su hijo Héctor Alfonso López, actualmente candidato por el partido PIN", dice.
Como en la mayoría de transacciones que se hacen en Colombia, en el clientelismo también impera la desconfianza. Por eso es común que los 'capitanes' les retengan la cédula a los votantes para que no le vendan el voto a otro candidato. El Consejo Nacional Electoral comprobó estas prácticas cuando a comienzos de febrero anuló la inscripción de cédulas que se realizó en 2009 en Barranquilla, al descubrir que más de la mitad, de 200.000 ciudadanos que se registraron en octubre, vivía en sitios diferentes a los lugares en que se habían inscrito. Por esa razón, en la ciudad sólo podrán votar quienes tenían sus cédulas inscritas en 2006.
Que las elecciones actuales operan como un mercado, lo demuestra el vocabulario que se ha acuñado en esta campaña. Así, la expresión "voto prepago" es utilizada en Antioquia y en el Valle. Significa que el elector cobra por anticipado la venta del voto. Otra categoría es el del "voto combo", que supone que al sufragante se le ofrece una suma mayor si vota por una fórmula de Senado y Cámara.
A los gastos que políticos tradicionales y nuevos caciques hacen en la compra de votos, se suman los de la publicidad. Entre ellos, los de las vallas. Recientemente el CNE advirtió que, para el caso bogotano, cinco partidos habían sobrepasado el número de vallas permitidas.
Exceptuando el caso de los llamados candidatos de opinión, en los pasillos del Congreso se calcula que los costos de las campañas se dispararon al punto que, entre gastos publicitarios y líderes, un candidato a Cámara puede llegar a gastarse 2.000 millones, y uno a Senado 5.000 millones. Mucho más del tope legal, que para Cámara oscila entre 264 y 531millones, dependiendo del Departamento, y que para Senado es de 675 millones.
¿De dónde sale el dinero para que los aspirantes, que acuden a nuevas formas de clientelismo basadas en la compra de líderes, financien sus exorbitantes campañas? De varias fuentes. Una de ellas es la de los contratistas, interesados en que los parlamentarios les 'ayuden' a tramitar contratos a nivel local, departamental y nacional. A cambio de esta intermediación, les ofrecen a los candidatos y por anticipado un porcentaje del valor en que se calcula el contrato. "No sólo los estratos bajos compran votos", insiste el senador Jorge Enrique Robledo.
En este mismo sentido, la candidata al Senado Mapi Velasco le pidió al Procurador conformar una comisión especial para estudiar presuntas anomalías, como la supuesta utilización de recursos de la Alcaldía de Cali para favorecer la candidatura al Senado de Mauricio Ospina, hermano del mandatario.
Otra fuente de recursos proviene, sin duda, de actividades ilegales como el narcotráfico. "En el Norte del Valle la plata se ve a caudales", dice Velasco. En este mismo departamento, los organismos de control ya tienen los ojos puestos. Buenaventura, El Dovio, Yotoco, Guacarí y Argelia son municipios donde la Registraduría, el CNE y la Misión de Observación Electoral, MOE, han identificado amenazas a la transparencia del proceso electoral. Entre ellas, exceso de publicidad, compra de votos y trasteo de cédulas.
Lo más grave de esta forma imperante de hacer política es el significado que tiene para la democracia. Así, los candidatos que le apuestan a la renovación y que son cumplidores de las normas tienen pocas posibilidades de llegar al Senado o a la Cámara. Por más reconocimiento que tengan, no tienen cómo competir con quienes compran líderes o financian votos, dos condiciones que hoy en día garantizan que alguien en Colombia puede ser elegido. Una situación lamentable, si se considera que, el Congreso que termina es uno de los menos legítimos en la historia.
El CNE pidió recursos al Ministerio de Hacienda para fortalecer 21 unidades preventivas de delitos electorales que no dan abasto en el país. Concentrar esfuerzos en esta tarea y castigar efectivamente a los candidatos es una tarea fundamental para que lo que está pasando hoy con la exorbitante financiación de las campañas no se quede en el terreno del escándalo. Pero a tres semanas de las elecciones y tal como están las cosas, no hay muchos motivos para el optimismo. En esta campaña, al menos, en Colombia parece haberse encauzado en una especie de plutocracia, en la que los que más plata tienen son los que saldrán elegidos.
Así registraron algunos medios de comunicación el Foro realizado en la UTP con el Ministro de la Des-Protección Social sobre los decretos de "emergencia social":
Caracol Noticias:
"Con un ataúd, arengas y papeles que volaban sobre su cabeza, se encontró Diego Palacio a la salida de un evento de la Universidad Tecnológica de Pereira, a donde acudió para explicar los alcances de la Emergencia Social." VER VIDEO
City TV y El Tiempo:
"Con ataúd y gritándole 'asesino', despidieron estudiantes a Ministro de Protección Social en Pereira". VER VIDEO
El Espectador:
"El jefe de la cartera de Protección Social fue criticado tras la polémica generada por la Emergencia Social.
Con un féretro y en medio de arengas y papeles que le arrojaron se encontró el ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, a la salida de la universidad Tecnológica de Pereira, en donde lo esperaban jóvenes estudiantes.
Minutos antes había participado en un foro sobre la emergencia social donde fue duramente cuestionado.
Los estudiantes dicen que el Gobierno Nacional "no tiene la base argumentativa desde la academia y desde el concepto de dignidad humana para justificar una reforma que está en contra del interés colectivo".
El Ministro ratificó ante los estudiantes que con nuevos decretos se dejará en forma que la reforma es para mejorar la salud: "El decreto deja establecido que no se va a disminuir el Plan Obligatorio de Salud (POS) mediante vía reglamentaria y vía legal. Cualquier proceso de revisión es para poderlo mejorar", puntualizó Palacio.
En el ambiente quedaron dos preocupaciones, el de la autonomía médica y el futro de los hospitales públicos, según la asociación médica de Risaralda.
El foro fue organizado por la universidad Tecnológica y contó con la presencia de estudiantes de medicina, asociaciones médicas y hospitalarias y las EPS." VER VIDEO
"Parauribismo/ DMG y la "Casa de Nari"
"Parauribismo/ Fiscalía abre investigación por Zona Franca de Occidente"
"Mis hijos no son corruptos"
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El ataque de Uribe a la salud de los colombianos
La llamada emergencia social decretada por el presidente Uribe, y el paquete de medidas que la desarrollan, constituyen un engaño al país, una manipulación de los principios y normas constitucionales y un ataque al derecho a la salud de la población.
La declaratoria de la emergencia, que fue presentada como una necesidad frente al riesgo inminente de una perturbación del orden institucional, al amparo del artículo 215 de la Carta Política, tenía como propósito fundamental atender las presiones de los empresarios que controlan las EPS, quienes exigieron mayores recursos para resolver problemas de liquidez generados, entre otras causas, por los altos costos de la intermediación privada, la corrupción, el manejo irresponsable del flujo de recursos por parte del Gobierno Nacional y el sistemático recorte de las transferencias de la Nación a las entidades territoriales mediante reformas constitucionales.
En pocos días se cumplen los cinco años de una de las masacres más violentas y escalofriantes que ha cometido el Estado colombiano en contra de la población; hecho maquinado, dirigido por la fuerza pública y ejecutado en alianza con las autodefensas, que colmados de tal crueldad y sevicia eliminaron ocho personas (entre ellas, 4 menores).
El caso de la masacre, no estaba ajeno, después de una y otra acción dilatoria, entre ella la perdida de expedientes, el cambio de abogados, hostigamientos, prácticas difamatorias y amenazantes, estigmatizaciones y señalamientos contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, como también contra el abogado de las víctimas; estamos a puertas de un vencimiento de términos y pronta libertad de los militares que incurrieron en un crimen de lesa humanidad.
El 4 y 5 de febrero en Medellín, continuara la audiencia de juicio de 10 militares implicados en los hechos.
Campaña de desinformación y señalamientos a CI Justicia y Paz
En las campañas que adelanta siempre Uribe para lograr su perpetuación en el poder se anteceden de muchos hechos criminales, presuntamente por grupos insurgentes, que desestabilicen y generen pánico en la población, logrando de esa manera que la gente clame por su estrategia de seguridad y eso se refleje en las elecciones.
El pasado 19 de diciembre, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz rechazó el asesinato de Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo, todos ellos afrodescendientes oriundos de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó y de igual manera el asesinato del joven conocido como “Blanco Muñoz”. En la Constancia, la Comisión de Justicia y Paz exige al Estado colombiano una investigación pronta y eficaz frente a este asesinato y otros que se han presentado en la región y solicitó la adopción de medidas de protección para lograr la efectiva habitación y ocupación tradicional de las familias de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. Sin embargo, en los medios de comunicación como en la información de diferentes instancias de gobierno se viene señalando y desprestigiando a la Comisión responsabilizándola de estos crímenes.
En Octubre del 2008 se conoció la atroz noticia del asesinato de 22 Jóvenes colombianos en el cual estaba presuntamente implicado el Ejército colombiano.El general responsable, Mario Montoya, ya retirado y hoy día como Embajador en República Dominicana, admitió en su momento, que existían serios indicios de presunta participación de miembros del Ejército Nacional en actos que comprometían seriamente “el honor militar y la rectitud”.
