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jueves, 22 de mayo de 2008

::::MUERTE DE MANUEL MARULANDA::::

::::MUERTE DE MANUEL MARULANDA::::

Martes, 27 mayo 2008
por: Prensa - Colectivo
PARAMILITARES CONDENADOS POR EL ASESINATO DEL LÍDER ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE MAGDALENA, HUGO ELÍAS MADURO EN EL AÑO 2000
(Colombia) (Autor: CCajar)

A 23 y 40 años de prisión fueron condenados respectivamente los paramilitares Luís Carlos López Castro y Helmer Sait Hincapié de la Cruz, por el asesinato del líder estudiantil Hugo Elías Maduro el 26 de mayo del 2000 quien estudiaba economía en la Universidad del Magdalena.

Según el Juzgado Penal del Circuíto Especializado de Santa Marta, fueron Helmer Hincapié de la Cruz y Luís Carlos López Castro, parrillero y conductor de la moto, en la cual se movilizaban, ambos miembros del Bloque Norte paramilitar, quienes siguiendo las órdenes de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche” asesinaron los estudiantes. Hugo Maduro, fue ultimado de tres disparos realizados a quemarropa, con una arma calibre 38, luego que fuera ubicado por los paramilitares en su lugar de residencia y después que éste mismo opusiera resistencia.

Es de destacar que el asesinato de este líder estudiantil fue ordenado por Hernán Giraldo, jefe paramilitar del Bloque Tayrona, quien como él mismo reconoció en versión libre, ordenó a alias “mono leche” asesinarlo.

Estas acusaciones son ratificadas por el mismo paramilitar homicida, Luís Carlos López Castro quien confesó haber ingresado en 1998 al Bloque Norte y estar al mando de alias “Mono Leche”. López Castro, trabajó como vigilante en la Universidad de Magdalena, lo que le dio pleno conocimiento de las actividades del líder estudiantil.

Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” es claro que esta conducta demuestra el nivel de planeación y filtración de los paramilitares al interior de las universidades con fines sicariales, que ha asesinado a cientos de líderes en connivencia con autoridades locales e institucionales, cuya finalidad es la de acallar aquellas voces que denuncian y hacen frente a la injusticia y al terrorismo como política de Estado.

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Con el nacimiento del Consejo Suramericano de Seguridad, Colombia se puede quedar aun más sola en el continente.

El contrapeso al Tío Sam

¿Cómo se está moviendo el ajedrez político militar de la región?



El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil, intenta liderar una iniciativa de seguridad para Suramérica cuyo primer escollo es la negativa de Uribe a participar en ella. Se creó una comisión encabezada por Chile para discutir los pro y los contra de dicha iniciativa

Fecha: 05/24/2008 -1360
La idea de crear un Consejo Suramericano de Seguridad, una especie de Otan del continente, les gustó a todos los presidentes de la región, menos a uno: Álvaro Uribe. El gobierno de Colombia fue la voz disonante durante la cumbre realizada en Brasil para discutir esta propuesta.

Uribe, aunque anunció que estudiaría la iniciativa, expresó claramente que la OEA sigue siendo el espacio para dirimir los conflictos de la región. Algo de lo que no todos los demás están seguros. La OEA, como se sabe, es un espacio donde Estados Unidos termina imponiendo sus políticas, lo que les genera desconfianza a casi todos los gobiernos de izquierda de América Latina, que suelen ser antiimperialistas.

La propuesta de un consejo de seguridad es el desarrollo lógico de los esfuerzos de integración suramericana que ha venido liderando Brasil. Para nadie es un secreto que, al sur del Río Grande esta es la Nación más poderosa del continente, que está disparada económicamente, y que los más serios analistas del mundo le auguran en pocas décadas un lugar entre las cinco grandes potencias del planeta. Nadie que aspire a construir una potencia deja de lado el tema de la seguridad.

Los presidentes de la región se reunieron en Brasil para crear la Unión Surameriana
Por el contrario, guste o no, esta suele ser la piedra angular sobre la que se edifican los grandes proyectos de integración. La Otan, por ejemplo, fue la primera piedra a la unidad europea, y mucho antes de que la OEA viera la luz, ya existía la Junta de Defensa Interamericana.

Brasil no está disputando abiertamente el liderazgo militar de Estados Unidos. "Se trata de que algunos problemas de los suramericanos sean resueltos en instancias de Suramérica. Es una propuesta abierta para ir diseñando la arquitectura de la defensa latinoamericana" ,dice Héctor Saint- Pierre, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal Paulista de Brasil. Pero si la idea de un Consejo Suramericano de Seguridad sale adelante, sin duda el Tío Sam pierde terreno en su patio trasero. El Consejo sería un mecanismo ágil y funcional para trabajar en prevención o reacción frente a conflictos fronterizos, que serviría para compartir formación y hacer ejercicios militares conjuntos, y para construir un mercado regional de material de guerra.

Así, por ejemplo, un conflicto entre varios países, como el que desató el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, no sería tratado en primera instancia en la OEA -donde Estados Unidos tuvo influencia según muchos para que Colombia no fuera sancionada-, sino en este Consejo, donde sin duda los brasileños llevarían la batuta y donde Colombia habría salido, seguramente, condenada.

En últimas, el Consejo sería una instancia más política. Según Saint-Pierre, la idea es que este consejo no sea una instancia sólo de militares, como lo es la Junta Interamericana, sino un espacio más político, con presencia de los cancilleres, donde además haya una fuerte veeduría de la sociedad civil.

En el continente la propuesta ha encontrado un buen clima. Por un lado, en la región ha coincidido un denodado esfuerzo de varios países -Chile, Venezuela, Brasil y Colombia- por invertir en armamento y en modernizar sus fuerzas militares, junto al avivamiento de conflictos cuyos desenlaces son difíciles de predecir. Es el caso del problema vigente en la región por el tema de las Farc, o la amenaza de secesión en Bolivia.

La propuesta de Brasil llega en un momento en el que Estados Unidos también está moviendo sus fichas en la región. A partir del próximo primero de julio se reactivará en los mares del continente, después de 58 años, la llamada Cuarta Flota. Según el Comando Sur, esta consistirá sólo en el despliegue del buque Boxer, que actualmente está en labores humanitarias en El Salvador, y la realización de ejercicios militares multinacionales. "La Cuarta Flota será apoyada por 80 personas desde nuestra base naval de Mayport en el estado de Florida, pero no contará con buques asignados de ningún tipo. Cuando la Cuarta Flota ejecute sus misiones, lo hará con barcos proporcionados por nuestra Armada, para uso específico de esas misiones. El buque más grande que trabajará con la Cuarta Flota es el buque hospital Comfort", dice José Ruiz, portavoz del Comando Sur.

Aun así, nadie desconoce que su presencia en las aguas continentales incrementará el monitoreo de Estados Unidos en la región. Monitoreo que sigue siendo centro de controversia permanente. La semana pasada se generó un nuevo incidente, cuando un avión espía norteamericano violó el espacio aéreo de Venezuela, y los ánimos se volvieron a caldear cuando el presidente Álvaro Uribe rompió su silencio sobre el tema de la base militar norteamericana que será levantada de Manta, Ecuador, y que no descarta que sea instalada en Colombia.

En medio de la diplomacia brasileña, y del incremento de la presencia de Estados Unidos están las jugadas militares del presidente venezolano Hugo Chávez. La revolución bolivariana de Chávez, por ser revolución, lleva intrínseco el elemento militar, y por bolivariana conlleva a su expansión en varios países. Chávez ha comprado gran cantidad de armamento convencional, pero lo que más preocupa a muchos de sus vecinos es su planteamiento de guerra asimétrica.

Aunque inicialmente nadie se tomaba en serio la hipótesis de guerra de Chávez, porque parecía descabellada, las evidencias que ha arrojado el computador de Raúl Reyes, en el sentido de que éste estaría financiando y armado a las Farc, y no con cualquier bicoca, sino con 300 millones de dólares, se han empezado a convertir en una preocupación. El proyecto bolivariano podría ser expansionista no sólo en términos políticos, sino en términos militares, apelando al crecimiento y la proliferación de guerrillas.

Sin duda, la propuesta de crear un Consejo Suramericano de Seguridad está a mitad de camino entre la tradicional hegemonía de Estados Unidos en la región y las propuestas revolucionarias de Chávez. Y justamente para que llegue a funcionar, los analistas ven dos obstáculos: Colombia y Venezuela. Colombia porque en función de su lucha contra las Farc tiene una adhesión profunda con Estados Unidos, que es el país que en últimas le ha tendido la mano y al cual necesita para no desfallecer en el intento de derrotar militarmente a la guerrilla. Nadie más en el continente tendría ni la voluntad ni la capacidad de darle semejante apoyo. El otro obstáculo es Chávez porque con el dinero que tiene (y mientras el petróleo sigue subiendo) puede llegar a tener demasiado peso en un organismo suramericano.

Pero, si se mira del otro lado, justamente Brasil puede servir como árbitro de los conflictos y moderar muchísimo a presidentes más radicales como Chávez. Brasil, con su aspiración de potencia de primer mundo, no va dejar que el mandatario venezolano lo opaque.

El hecho de que Uribe haya pedido tiempo para estudiar la propuesta deja abierta la posibilidad de que se ingrese al Consejo más adelante. Fuentes del Ministerio de Defensa le dijeron a SEMANA que Colombia tiene en principio la consideración de que el Consejo no debería excluir temas de seguridad, como terrorismo y narcotráfico. Algo a lo que no le camina ningún país de Suramérica donde desde cuando terminaron las dictaduras, los militares han quedado al margen de los asuntos de seguridad interna.

En todo caso, con Colombia o sin ella, el Consejo de Seguridad Suramericana se instalará en el segundo semestre de este año, y Uribe deberá enfrentar un gran dilema. Por un lado, si se queda por fuera, se aísla de la región aun más. Una región que ya le critica su incondicional adhesión a Estados Unidos y su doctrina de transgredir fronteras en su lucha contra las Farc. Ingresar al Consejo también sería un riesgo, dado que varios de los gobiernos allí sentados han apoyado en mayor o menor grado al enemigo interno de Colombia, que es la guerrilla. Y no se sabe si Brasil, con sus nuevos bríos, pueda ser un contrapeso suficiente para mantener el equilibrio y la paz en la región.


La Brigada XVII estuvieron en la masacre de San José de Apartadó junto con hombres al mando de “don Berna”
Detención arbitraria a comunicadores de indymedia Ecuador


El Silencio de los asesinos

El capitán Gordillo del Ejercito Colombiano admitió que hombres adscritos a la Brigada XVII estuvieron en la masacre de San José de Apartadó junto con hombres al mando de “don Berna”

La extradición fulminante de los jefes paramilitares a EEUU, la perdida de computadores y de expedientes relacionados con paramilitarismos y el repentino mutismo de algunos de ellos, deja claro que Uribe está silenciando con cortinas de humo algo a lo que poco a poco se estaban acercando las indagatorias e investigaciones realizadas por la Corte. Desde luego en todo esta crisis de Estado nos falta plenamente un sector, la “Fuerza Pública”, que son precisamente los autores o coautores materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Hasta ahora y por fortuna uno de los pocos implicados directos ha sido el Gral Rito Alejo del Río, pero con él hay un resto de militares.

Para el caso de San José de Apartadó estamos hablando de más de 80 militares implicados, un grupo de 50 paramilitares y una cúpula de de autores “intelectuales” en donde hay capitanes, generales, jefes paramilitares, tenientes, que coordinaron esta masacre, conocieron de ella, estuvieron y callaron. (21 de febrero del 2005 – asesinaron a cuatro menores de edad y 4 adultos - Luis Eduardo, Bellanira, Deiner, Santiago, Sandra, Alfonso, Alejandro y Natalia)





Bogotá, mayo 19 (Movimiento Estudiantil UNAL). Delegaciones de las cuatro sedes de la Universidad Nacional de Colombia reunidos en la sede Bogotá los días 17 y 18 de mayo de 2008, discutimos la situación actual del movimiento universitario ante la crisis que vive hoy nuestra universidad y tomamos las siguientes definiciones:

1. Ratificar las exigencias consignadas en el pliego nacional que ha venido demandando el movimiento universitario de la Universidad Nacional en los últimos meses y en razón a ello mantener la anormalidad académica, exigiendo la derogatoria del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008. Un Acuerdo que fue impuesto a la comunidad universitaria, desatendiendo la voluntad de la comunidad académica que clama por la construcción democrática de las reformas que determinan el futuro y el rumbo de la Universidad Nacional. El contenido de este Acuerdo profundiza la política privatizadora y con ello la exclusión y la desigualdad que promueve e ha venido imponiendo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, bajo los contenidos de la llamada “Revolución Educativa” que precisamente busca adecuar la educación superior a los requerimientos de las transnacionales y de las universidades corporativas.

2. La Asamblea propone a través del consenso de las cuatro sedes, impulsar un plebiscito de carácter vinculante que se configure en el elemento derogatorio del Acuerdo. Es indispensable que en una universidad que se reclama democrática, las principales determinaciones sean acogidas a la luz de las definiciones de la mayoría de la comunidad universitaria, en un ejercicio de deliberación y decisión pública, dando a la población universitaria la real dimensión de las implicaciones concretas de cada artículo y el sentido integral que relaciona los contenidos de estos artículos con el modelo de universidad que requiere Colombia. Por tanto es preciso que la construcción del estatuto sea un proceso democrático que recoja las propuestas elaboradas desde los semestres, las carreras y las facultades de todas las sedes de nuestra universidad. Un estatuto construido nacionalmente y convalidado por un plebiscito vinculante que le dará el carácter de obligatorio cumplimiento a las directivas de la universidad.

3. Buscaremos a través de la comisión negociadora, restablecer la negociación con las directivas de la universidad en la reunión del próximo martes 20 de mayo en la sesión del Consejo Superior Universitario, para plantearles nuestra disposición de salir de la crisis actual a través de la propuesta que hemos esbozado. Consideramos que la universidad debe estar atenta a los legítimos reclamos del estudiantado, que ha manifestado permanentemente su rechazo a un estatuto estudiantil que promueve la restricción a los derechos fundamentales como los de la libertad de expresión, de asociación, la libertad de cátedra entre otros. El movimiento manifiesta así su disposición de sentarse a la mesa para encontrar caminos de acuerdo que permitan poner al centro los intereses de la universidad pública colombiana.

4. El movimiento emprenderá acciones jurídicas y de resistencia civil necesarias para la promoción y convalidación del pliego nacional de exigencias. Por tanto en las distintas sedes se impulsaran movilizaciones, concentraciones y demás que aglutinen a la comunidad universitaria en función de hacer entender al CSU el revestimiento de las decisiones tomadas antidemocráticamente.

5. La próxima semana se realizaran asambleas por facultades, asambleas generales en cada una de las sedes, en donde se abordaran especialmente los informes de la comisión nacional negociadora, el informe de la asamblea nacional de estudiantes de la universidad nacional y se construirá la agenda de movilización por sedes.

6. Rechazamos las declaraciones del Rector Moisés Wasserman que han intentado legitimar acciones de represión contra el movimiento universitario, que pasan por anunciar militarización de las sedes, el adelanto de vacaciones o peor aun, la cancelación del semestre. Todos, pronunciamientos que son muestra fehaciente de la falta de voluntad política tanto de la administración de la universidad como de la misma incidencia del gobierno nacional en el atropello a la organización estudiantil y a los procesos democráticos. Responsabilizamos a las directivas en cabeza del rector Wasserman, por ser quienes tienen la posibilidad de declarar el cierre de semestre, y a sus determinaciones autoritarias, el costo político, social y económico, que una medida autoritaria de esa magnitud tendría para la Universidad Nacional de Colombia, costos que no se compadecen con la posibilidad de derogar del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008, en aras de la democracia en la universidad.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA LA SEMANA:


El Imperio del Consumo - Eduardo galeano

Colombia el mejor proveedor de mercenarios - ESTUDIO DEL
norteamericano Jeremy Scahill

ACERCA DEL RECLUTAMIENTO EN EL SUROCCIDENTE ANTIOQUEÑO

El Silencio de los asesinos

Detención arbitraria a comunicadores de indymedia Ecuador


El Silencio de los asesinos

El capitán Gordillo del Ejercito Colombiano admitió que hombres adscritos a la Brigada XVII estuvieron en la masacre de San José de Apartadó junto con hombres al mando de “don Berna”

La extradición fulminante de los jefes paramilitares a EEUU, la perdida de computadores y de expedientes relacionados con paramilitarismos y el repentino mutismo de algunos de ellos, deja claro que Uribe está silenciando con cortinas de humo algo a lo que poco a poco se estaban acercando las indagatorias e investigaciones realizadas por la Corte. Desde luego en todo esta crisis de Estado nos falta plenamente un sector, la “Fuerza Pública”, que son precisamente los autores o coautores materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Hasta ahora y por fortuna uno de los pocos implicados directos ha sido el Gral Rito Alejo del Río, pero con él hay un resto de militares.

Para el caso de San José de Apartadó estamos hablando de más de 80 militares implicados, un grupo de 50 paramilitares y una cúpula de de autores “intelectuales” en donde hay capitanes, generales, jefes paramilitares, tenientes, que coordinaron esta masacre, conocieron de ella, estuvieron y callaron. (21 de febrero del 2005 – asesinaron a cuatro menores de edad y 4 adultos - Luis Eduardo, Bellanira, Deiner, Santiago, Sandra, Alfonso, Alejandro y Natalia)


domingo, 18 de mayo de 2008

ESTADO UNIDOS EL CAMINO A LA IMPUNIDAD

Detención arbitraria a comunicadores de indymedia Ecuador


Muere ley de Justicia y Paz!

ESTADO UNIDOS EL CAMINO A LA IMPUNIDAD

La extradición primero de 'Macaco' o 'Javier Montañez', y posteriormente de un grupo de 14 en donde esta Mancuso, Gordolindo, Don Berna, Jorge 40, Cuco, Pablo Sevillano, el Tuso, el Mello, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Bengoechea, Martín Peñaranda, y Eduardo Enrique Goynechea, que se encontraban incluidos en el proceso de Justicia y Paz, bajo el argumento de que no estaban entregando la verdad, tampoco sus bienes para la reparación y, además seguían promoviendo grupos armados ilegales y acciones ilegales,- nada nuevo-, demuestra una vez más, que el proceso de paz con los paramilitares fue un montaje de grandes dimensiones que se le salió de las manos a este gobierno.

Las declaraciones del alto comisionado advertían esta decisión, la crisis política de este país no sólo enloda al gabinete presidencial, al ejercito nacional, dirigentes del sector privado, al congreso y es la muerte certera a varios de los partidos uribistas, sino que ya evidenciaba los nexos directos del paramilitarismo con el presidente. La extradición de la cúpula paramilitar era un salvoconducto del presidente a corto plazo para que esta pueda continuar con este proyecto uribista, bien con la idea de la reelección o bien con la proyección de alguno de sus "incondicionales" -limpios-; pero también, es un golpe a la Justicia colombiana, a las Cortes y la justicia ordinaria. Como era de esperarse Uribe no da puntada sin dedal, tiene claro su aliado, el gobierno de EEUU en su precipitada carrera de desprestigio de los últimos tiempos y su fracaso en su gestión con el TLC, tiene que demostrar sus grandes avances en estos temas, si es preciso desestabilizando la región y desde luego primando el tema que los vincula ellos "narcotráfico", por encima de los crímenes de lesa humanidad.





  • Mayo 17 de 2008

    Participación de militares en masacre de Apartadó reconoció por primera vez oficial del Ejército

    Clic para ampliar
    Foto: Jesús Abad Colorado/Archivo -EL TIEMPO
    El asesinato de ocho civiles de la comunidad de paz de San José de Apartadó generó polémica nacional porque organismos de seguridad la atribuyeron a las Farc, mientras que ONG señalaron a militares y 'paras'.

    Se trata del capitán Guillermo Armando Gordillo, quien confesó que más de 100 uniformados y 50 paramilitares del bloque Héroes de Tolová, al mando de 'Don Berna', patrullaron conjuntamente la zona.

    Su testimonio se produjo el 12 de mayo pasado. Hace 10 días, y de manera intempestiva, el capitán Gordillo Sánchez pidió que lo sacaran del Batallón de Artillería, en el sur de Bogotá -donde estaba recluido hacía seis meses- y que llamaran a su abogado de confianza.

    Aunque Gordillo había optado por permanecer en silencio desde noviembre del 2007 -cuando la Fiscalía ordenó su captura por su presunta participación en la masacre de 8 civiles de la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia)- dijo que estaba dispuesto a confesar todo lo que realmente sucedió ese 21 de febrero del 2005. Y cumplió.

    "Yo estoy contando los hechos como sucedieron en verdad para que me sea tenido en cuenta el beneficio por colaboración", dijo, mientras tomaba un trago de agua.

    El explosivo testimonio

    Según Gordillo, ese día, el patrullaje junto a los paramilitaresfue hecho por miembros de las compañías Bolívar y Anzóategui, del Batallón Vélez; y la compañía Alacrán, del Batallón 33, todos adscritos a la Brigada 17.

    Es más, con voz pausada, le aseguró a un fiscal de Derechos Humanos que la operación se había pactado "desde hacía rato, desde arriba con mandos superiores" y que esta involucró a un general, a un coronel y a un mayor que hasta ahora no habían sido ni siquiera mencionados en el expediente y que serán requeridos en las próximas semanas para escuchar sus versiones sobre los hechos.

    La Fiscalía entrará a establecer ahora si realmente el alto mando de la Brigada 17 conocía de los viejos nexos de sus hombres con los paramilitares (como dice Gordillo) o si se trataba de decisiones individuales y secretas.

    Lo concreto, hasta el momento, es que durante casi cuatro horas, el capitán le explicó a la Fiscalía cómo se dividieron las tropas legales e ilegales ese día y cómo empezaron a caer los pobladores, incluidos tres menores: Natalia, de 5 años; Santiago de 2; y Andrés, de 11 años, que murieron degollados con machetes.

    Dice que, muy temprano en la mañana, en el cerro Castañeda, se reunieron con los jefes de las Auc, conocidos como alias 'Melaza' y '44'.

    Y hacia la 1 de la tarde, se empezaron a oír los primeros disparos y explosiones.

    "Escuchamos por radio que cogieron civiles o los habían matado, se les escuchó por radio a los integrantes del 'Tolová'. Hicimos alto y a la 1:20 de la tarde se escucharon explosiones hacia La Cooperativa".

    "Luego nos enteramos de que habían matado a una gente y que habían hecho unas fosas", dice Gordillo.

    Efectivamente, en esas fosas fueron hallados los cuerpos descuartizados de Luis Eduardo Guerra y de su hijo Andrés; de Beyanira Areiza, de Alfonso Bolívar Tuberquia y los de sus hijos Natalia, y Santiago; de Sandra Milena Muñoz, y de Alejandro Pérez.

    ¿Quién mató a los niños?

    En su relato, Gordillo asegura que el Ejército no disparó un solo tiro y que la orden de asesinar a los pequeños la dio el paramilitar alias '44'.

    Pero otra cosa señalan las pruebas técnicas que la Fiscalía ha recaudado en este caso.

    Por ejemplo, el pasado 29 de febrero, a las 11 a.m., el paramilitar Joel José Vargas Flórez, alias 'Pirulo', hizo una llamada desde la cárcel de Las Mercedes, en Montería (Córdoba) y le dijo a uno de sus familiares que el tema se había vuelto a calentar y que la orden de matar a los niños la había dado el mayor Castaño.

    Luego, lo ratificó verbalmente ante el fiscal del caso. En otra de las cintas que rezan en el expediente, se escucha que una de las mujeres asesinadas murió por una granada de mortero, disparada por un soldado del Vélez.

    La versión del oficial coincide con la del paramilitar Jorge Luis Salgado, revelada por EL TIEMPO hace un mes, y la cual le costó la libertad a varios uniformados que aún insisten en su plena inocencia.

    Los militares que señala el capitán

    En su ampliación de indagatoria a la Fiscalía, el capitán Guillermo Armando Gordillo menciona a los siguientes militares que estuvieron en la masacre de San José de Apartadó:

    Oficiales que no están vinculados al proceso

    • General Héctor Jaime Fandiño, ex comandante de la Brigada 17.
    • Coronel Espinosa, comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez.
    • Mayor Castaño, segundo del Comando de Operaciones.

    Militares del Batallón Vélez detenidos por orden de la Fiscalía

    • Teniente Alejandro Jaramillo Giraldo
    • Subteniente (r) Jorge Humberto Milanés Vega
    • Sargento Henry Agudelo Cuasmayán Ortega
    • Cabo segundo Ricardo Bastidas Candia.

    Otros militares que señala

    • Capitán Umaña, de la compañía Alacrán, del Batallón de Contraguerrilla 33
    • Teniente García Sargento Brango
    • Sargento Cuasmayán.

    La confesión de 'Berna'

    Coincidencialmente, cuatro días antes de que Gordillo rindiera su versión, 'Don Berna' le había confesado a un fiscal de Justicia y Paz que sus hombres habían realizado la masacre al lado de un puñado de militares.

    Pero 'Berna' no pudo seguir contando lo sucedido porque fue extraditado hace cinco días a E.U.

    Por eso, su abogado, Diego Álvarez, dijo que con las extradiciones masivas del martes 13 de mayo no solo se quería evitar más problemas con las revelaciones de la 'parapolítica', sino, además, con las que se empezaban a vislumbrar entre Auc y militares.

    Infortunadamente, luego de la extradición de 'Berna', el mayor Gordillo pidió que le suspendieran temporalmente la indagatoria.

    Y el pasado jueves, a través de su apoderado, solicitó la suspensión indefinida de la diligencia.

    Pero la primera parte de su testimonio ya quedó oficializada e incluso, es posible que sea enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que insiste en que el gobierno colombiano proteja a esa comunidad que ha seguido siendo víctima de agresiones.

    Cronología de la confesión

    • Mayo 7 y 8. 'Don Berna' rinde versión libre en Justicia y Paz. Confiesa que sus hombres del bloque 'Héroes de Tolová', junto con militares, realizaron la masacre de San José de Apartadó.
    • Mayo 9. El capitán Guillermo Godillo, detenido por la masacre, pide ser sacado del Batallón de Artillería, donde está recluido, y ampliar su indagatoria.
    • Mayo 12. Gordillo amplía su declaración y también confiesa que militares y 'paras' participaron en la masacre. Dice que un general, un coronel y un mayor planearon la operación. Ese mismo día, 'Don Berna' suspende sus versiones.
    • Mayo 13. 'Don Berna' y otros ex 'paras' son extraditados. Ese día, el capitán Gordillo pide suspender transitoriamente su declaración.
    • Mayo 15. El capitán Gordillo le solicita a la Fiscalía la suspensión indefinida de su indagatoria.

    u.investigativa@eltiempo.com.co

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JUSTICIA

Ya no brilla la estrella del ejército

El coronel Hernán Mejía Gutiérrez y tres militares permanecerán recluidos mientras se termina de investigar su presunta vinculación con grupos paramilitares y varios homicidios. Ya son 32 los militares de este batallón investigados por falsos positivos, entre otros delitos.

Fecha: 05/07/2008 -
La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. La misma orden cobija al sargento primero Aureliano Quejada y al suboficial retirado Efraín Andrade Perea. Los militares permanecerán recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, serían 32 militares del Batallón la Popa en Valledupar que están siendo investigados por varios delitos, pero principalmente, por falsos positivos.

La investigación contra estos oficiales se inició hace un poco más de un año, cuando el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunció en una rueda de prensa en Tolemaida en enero de 2007, que el Coronel Mejía Gutiérrez sería relevado de su cargo por las denuncias de un ex suboficial, que fue su escolta. El ex suboficial afirmaba que el Coronel, quien gozaba de una excelente reputación en las filas del ejército, había cometido varios asesinatos en un afán por mostrar bajas como comandante en esa región y había realizado alianzas con el Bloque Norte de las AUC. La gravedad de las denuncias del ex suboficial hicieron que el caso se trasladara de inmediato a la Fiscalía.

Recién llegó Mejía al batallón, conformó un grupo especial con 14 militares que se llegó a conocer como el grupo Zarpazo, de reacción rápida y que sospechosamente, cada vez que salía a realizar operaciones producía bajas. Entre 2002 y 2004, mientras Mejía estuvo a cargo del batallón también aumentaron los asesinatos de los indígenas kankuamos en la zona (Solo en el primer semestre de 2003 murieron 53). Los kankuamos denunciaron al Batallón de Artillería 2 La Popa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsables de varias de esas muertes.
Uno de los casos que está investigando la Fiscalía es el del asesinato de 18 supuestos guerrilleros del Eln en octubre del 2002, que en realidad resultaron siendo paramilitares. Los cadáveres aparecieron vestidos de camuflado y con brazaletes del Eln, pero en los calzoncillos tenían las iniciales de AUC. Además, cuando se produjo la muerte de estos supuestos guerrilleros, los familiares de las víctimas denunciaron que era mentira que ellos pertenecían a la guerrilla.

Según testigos de este caso, al parecer se trató de una especie de purga interna dentro del grupo 'Mártires del Cacique de Upar ' orquestada entre el Coronel Mejía y el jefe paramilitar David Hernández, o alias 39, quien era un amigo de infancia de Mejía, según el ex escolta del coronel. Hernández fue asesinado posteriormente por orden de Jorge 40, pero Mejía y sus tropas fueron los responsables de haber dado de baja al jefe paramilitar.

Ése no es el único caso de homicidio por el cual es investigado Mejía y algunos de sus hombres. La muerte de dos supuestos guerrilleros en el batallón en junio de 2002, que pretendían entrar al campamento, sin armas, y fueron capturados, torturados y luego asesinados también está siendo investigada como otro caso de falsos positivos.

El ex suboficial también confesó que él y el Coronel Mejía estuvieron presentes en una reunión con todos los jefes paramilitares del Bloque Norte: 'Jorge 40', el señor Hernán Giraldo, 'Tolemaida', 'Omega' y '39'. Según el testigo, ese día pactaron entre Mejía y Jorge 40 que él iba a recibir un sueldo de 30 millones mensuales a cambio de que el ejército no se metiera con las autodefensas en la zona. En su testimonio, Mejía le habría entregado fusiles Galil a 39 y a sus hombres para que lo ayudara con los falsos positivos.

El ex escolta también denunció que todas estas muertes se hicieron con la complicidad de la Fiscalía de Valledupar, específicamente con la fiscal Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que, a pesar de haber dejado de ejercer por mucho tiempo su profesión, fue nombrada por el fiscal Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalías de Valledupar. Todavía no se conoce si Daza Martínez será llamada a indagatoria por su presunta colaboración en estos crímenes.

Muere ley de Justicia y Paz!

domingo 18 de mayo de 2008

Detención arbitraria a comunicadores de indymedia Ecuador


Muere ley de Justicia y Paz!

ESTADO UNIDOS EL CAMINO A LA IMPUNIDAD

La extradición primero de 'Macaco' o 'Javier Montañez', y posteriormente de un grupo de 14 en donde esta Mancuso, Gordolindo, Don Berna, Jorge 40, Cuco, Pablo Sevillano, el Tuso, el Mello, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Bengoechea, Martín Peñaranda, y Eduardo Enrique Goynechea, que se encontraban incluidos en el proceso de Justicia y Paz, bajo el argumento de que no estaban entregando la verdad, tampoco sus bienes para la reparación y, además seguían promoviendo grupos armados ilegales y acciones ilegales,- nada nuevo-, demuestra una vez más, que el proceso de paz con los paramilitares fue un montaje de grandes dimensiones que se le salió de las manos a este gobierno.

Las declaraciones del alto comisionado advertían esta decisión, la crisis política de este país no sólo enloda al gabinete presidencial, al ejercito nacional, dirigentes del sector privado, al congreso y es la muerte certera a varios de los partidos uribistas, sino que ya evidenciaba los nexos directos del paramilitarismo con el presidente. La extradición de la cúpula paramilitar era un salvoconducto del presidente a corto plazo para que esta pueda continuar con este proyecto uribista, bien con la idea de la reelección o bien con la proyección de alguno de sus "incondicionales" -limpios-; pero también, es un golpe a la Justicia colombiana, a las Cortes y la justicia ordinaria. Como era de esperarse Uribe no da puntada sin dedal, tiene claro su aliado, el gobierno de EEUU en su precipitada carrera de desprestigio de los últimos tiempos y su fracaso en su gestión con el TLC, tiene que demostrar sus grandes avances en estos temas, si es preciso desestabilizando la región y desde luego primando el tema que los vincula ellos "narcotráfico", por encima de los crímenes de lesa humanidad.





  • Mayo 17 de 2008

    Participación de militares en masacre de Apartadó reconoció por primera vez oficial del Ejército

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    Foto: Jesús Abad Colorado/Archivo -EL TIEMPO
    El asesinato de ocho civiles de la comunidad de paz de San José de Apartadó generó polémica nacional porque organismos de seguridad la atribuyeron a las Farc, mientras que ONG señalaron a militares y 'paras'.

    Se trata del capitán Guillermo Armando Gordillo, quien confesó que más de 100 uniformados y 50 paramilitares del bloque Héroes de Tolová, al mando de 'Don Berna', patrullaron conjuntamente la zona.

    Su testimonio se produjo el 12 de mayo pasado. Hace 10 días, y de manera intempestiva, el capitán Gordillo Sánchez pidió que lo sacaran del Batallón de Artillería, en el sur de Bogotá -donde estaba recluido hacía seis meses- y que llamaran a su abogado de confianza.

    Aunque Gordillo había optado por permanecer en silencio desde noviembre del 2007 -cuando la Fiscalía ordenó su captura por su presunta participación en la masacre de 8 civiles de la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia)- dijo que estaba dispuesto a confesar todo lo que realmente sucedió ese 21 de febrero del 2005. Y cumplió.

    "Yo estoy contando los hechos como sucedieron en verdad para que me sea tenido en cuenta el beneficio por colaboración", dijo, mientras tomaba un trago de agua.

    El explosivo testimonio

    Según Gordillo, ese día, el patrullaje junto a los paramilitaresfue hecho por miembros de las compañías Bolívar y Anzóategui, del Batallón Vélez; y la compañía Alacrán, del Batallón 33, todos adscritos a la Brigada 17.

    Es más, con voz pausada, le aseguró a un fiscal de Derechos Humanos que la operación se había pactado "desde hacía rato, desde arriba con mandos superiores" y que esta involucró a un general, a un coronel y a un mayor que hasta ahora no habían sido ni siquiera mencionados en el expediente y que serán requeridos en las próximas semanas para escuchar sus versiones sobre los hechos.

    La Fiscalía entrará a establecer ahora si realmente el alto mando de la Brigada 17 conocía de los viejos nexos de sus hombres con los paramilitares (como dice Gordillo) o si se trataba de decisiones individuales y secretas.

    Lo concreto, hasta el momento, es que durante casi cuatro horas, el capitán le explicó a la Fiscalía cómo se dividieron las tropas legales e ilegales ese día y cómo empezaron a caer los pobladores, incluidos tres menores: Natalia, de 5 años; Santiago de 2; y Andrés, de 11 años, que murieron degollados con machetes.

    Dice que, muy temprano en la mañana, en el cerro Castañeda, se reunieron con los jefes de las Auc, conocidos como alias 'Melaza' y '44'.

    Y hacia la 1 de la tarde, se empezaron a oír los primeros disparos y explosiones.

    "Escuchamos por radio que cogieron civiles o los habían matado, se les escuchó por radio a los integrantes del 'Tolová'. Hicimos alto y a la 1:20 de la tarde se escucharon explosiones hacia La Cooperativa".

    "Luego nos enteramos de que habían matado a una gente y que habían hecho unas fosas", dice Gordillo.

    Efectivamente, en esas fosas fueron hallados los cuerpos descuartizados de Luis Eduardo Guerra y de su hijo Andrés; de Beyanira Areiza, de Alfonso Bolívar Tuberquia y los de sus hijos Natalia, y Santiago; de Sandra Milena Muñoz, y de Alejandro Pérez.

    ¿Quién mató a los niños?

    En su relato, Gordillo asegura que el Ejército no disparó un solo tiro y que la orden de asesinar a los pequeños la dio el paramilitar alias '44'.

    Pero otra cosa señalan las pruebas técnicas que la Fiscalía ha recaudado en este caso.

    Por ejemplo, el pasado 29 de febrero, a las 11 a.m., el paramilitar Joel José Vargas Flórez, alias 'Pirulo', hizo una llamada desde la cárcel de Las Mercedes, en Montería (Córdoba) y le dijo a uno de sus familiares que el tema se había vuelto a calentar y que la orden de matar a los niños la había dado el mayor Castaño.

    Luego, lo ratificó verbalmente ante el fiscal del caso. En otra de las cintas que rezan en el expediente, se escucha que una de las mujeres asesinadas murió por una granada de mortero, disparada por un soldado del Vélez.

    La versión del oficial coincide con la del paramilitar Jorge Luis Salgado, revelada por EL TIEMPO hace un mes, y la cual le costó la libertad a varios uniformados que aún insisten en su plena inocencia.

    Los militares que señala el capitán

    En su ampliación de indagatoria a la Fiscalía, el capitán Guillermo Armando Gordillo menciona a los siguientes militares que estuvieron en la masacre de San José de Apartadó:

    Oficiales que no están vinculados al proceso

    • General Héctor Jaime Fandiño, ex comandante de la Brigada 17.
    • Coronel Espinosa, comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez.
    • Mayor Castaño, segundo del Comando de Operaciones.

    Militares del Batallón Vélez detenidos por orden de la Fiscalía

    • Teniente Alejandro Jaramillo Giraldo
    • Subteniente (r) Jorge Humberto Milanés Vega
    • Sargento Henry Agudelo Cuasmayán Ortega
    • Cabo segundo Ricardo Bastidas Candia.

    Otros militares que señala

    • Capitán Umaña, de la compañía Alacrán, del Batallón de Contraguerrilla 33
    • Teniente García Sargento Brango
    • Sargento Cuasmayán.

    La confesión de 'Berna'

    Coincidencialmente, cuatro días antes de que Gordillo rindiera su versión, 'Don Berna' le había confesado a un fiscal de Justicia y Paz que sus hombres habían realizado la masacre al lado de un puñado de militares.

    Pero 'Berna' no pudo seguir contando lo sucedido porque fue extraditado hace cinco días a E.U.

    Por eso, su abogado, Diego Álvarez, dijo que con las extradiciones masivas del martes 13 de mayo no solo se quería evitar más problemas con las revelaciones de la 'parapolítica', sino, además, con las que se empezaban a vislumbrar entre Auc y militares.

    Infortunadamente, luego de la extradición de 'Berna', el mayor Gordillo pidió que le suspendieran temporalmente la indagatoria.

    Y el pasado jueves, a través de su apoderado, solicitó la suspensión indefinida de la diligencia.

    Pero la primera parte de su testimonio ya quedó oficializada e incluso, es posible que sea enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que insiste en que el gobierno colombiano proteja a esa comunidad que ha seguido siendo víctima de agresiones.

    Cronología de la confesión

    • Mayo 7 y 8. 'Don Berna' rinde versión libre en Justicia y Paz. Confiesa que sus hombres del bloque 'Héroes de Tolová', junto con militares, realizaron la masacre de San José de Apartadó.
    • Mayo 9. El capitán Guillermo Godillo, detenido por la masacre, pide ser sacado del Batallón de Artillería, donde está recluido, y ampliar su indagatoria.
    • Mayo 12. Gordillo amplía su declaración y también confiesa que militares y 'paras' participaron en la masacre. Dice que un general, un coronel y un mayor planearon la operación. Ese mismo día, 'Don Berna' suspende sus versiones.
    • Mayo 13. 'Don Berna' y otros ex 'paras' son extraditados. Ese día, el capitán Gordillo pide suspender transitoriamente su declaración.
    • Mayo 15. El capitán Gordillo le solicita a la Fiscalía la suspensión indefinida de su indagatoria.

    u.investigativa@eltiempo.com.co

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JUSTICIA

Ya no brilla la estrella del ejército

El coronel Hernán Mejía Gutiérrez y tres militares permanecerán recluidos mientras se termina de investigar su presunta vinculación con grupos paramilitares y varios homicidios. Ya son 32 los militares de este batallón investigados por falsos positivos, entre otros delitos.

Fecha: 05/07/2008 -
La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. La misma orden cobija al sargento primero Aureliano Quejada y al suboficial retirado Efraín Andrade Perea. Los militares permanecerán recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, serían 32 militares del Batallón la Popa en Valledupar que están siendo investigados por varios delitos, pero principalmente, por falsos positivos.

La investigación contra estos oficiales se inició hace un poco más de un año, cuando el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunció en una rueda de prensa en Tolemaida en enero de 2007, que el Coronel Mejía Gutiérrez sería relevado de su cargo por las denuncias de un ex suboficial, que fue su escolta. El ex suboficial afirmaba que el Coronel, quien gozaba de una excelente reputación en las filas del ejército, había cometido varios asesinatos en un afán por mostrar bajas como comandante en esa región y había realizado alianzas con el Bloque Norte de las AUC. La gravedad de las denuncias del ex suboficial hicieron que el caso se trasladara de inmediato a la Fiscalía.

Recién llegó Mejía al batallón, conformó un grupo especial con 14 militares que se llegó a conocer como el grupo Zarpazo, de reacción rápida y que sospechosamente, cada vez que salía a realizar operaciones producía bajas. Entre 2002 y 2004, mientras Mejía estuvo a cargo del batallón también aumentaron los asesinatos de los indígenas kankuamos en la zona (Solo en el primer semestre de 2003 murieron 53). Los kankuamos denunciaron al Batallón de Artillería 2 La Popa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsables de varias de esas muertes.
Uno de los casos que está investigando la Fiscalía es el del asesinato de 18 supuestos guerrilleros del Eln en octubre del 2002, que en realidad resultaron siendo paramilitares. Los cadáveres aparecieron vestidos de camuflado y con brazaletes del Eln, pero en los calzoncillos tenían las iniciales de AUC. Además, cuando se produjo la muerte de estos supuestos guerrilleros, los familiares de las víctimas denunciaron que era mentira que ellos pertenecían a la guerrilla.

Según testigos de este caso, al parecer se trató de una especie de purga interna dentro del grupo 'Mártires del Cacique de Upar ' orquestada entre el Coronel Mejía y el jefe paramilitar David Hernández, o alias 39, quien era un amigo de infancia de Mejía, según el ex escolta del coronel. Hernández fue asesinado posteriormente por orden de Jorge 40, pero Mejía y sus tropas fueron los responsables de haber dado de baja al jefe paramilitar.

Ése no es el único caso de homicidio por el cual es investigado Mejía y algunos de sus hombres. La muerte de dos supuestos guerrilleros en el batallón en junio de 2002, que pretendían entrar al campamento, sin armas, y fueron capturados, torturados y luego asesinados también está siendo investigada como otro caso de falsos positivos.

El ex suboficial también confesó que él y el Coronel Mejía estuvieron presentes en una reunión con todos los jefes paramilitares del Bloque Norte: 'Jorge 40', el señor Hernán Giraldo, 'Tolemaida', 'Omega' y '39'. Según el testigo, ese día pactaron entre Mejía y Jorge 40 que él iba a recibir un sueldo de 30 millones mensuales a cambio de que el ejército no se metiera con las autodefensas en la zona. En su testimonio, Mejía le habría entregado fusiles Galil a 39 y a sus hombres para que lo ayudara con los falsos positivos.

El ex escolta también denunció que todas estas muertes se hicieron con la complicidad de la Fiscalía de Valledupar, específicamente con la fiscal Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que, a pesar de haber dejado de ejercer por mucho tiempo su profesión, fue nombrada por el fiscal Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalías de Valledupar. Todavía no se conoce si Daza Martínez será llamada a indagatoria por su presunta colaboración en estos crímenes.
Detención arbitraria a comunicadores de indymedia Ecuador


Muere ley de Justicia y Paz!

ESTADO UNIDOS EL CAMINO A LA IMPUNIDAD

La extradición primero de 'Macaco' o 'Javier Montañez', y posteriormente de un grupo de 14 en donde esta Mancuso, Gordolindo, Don Berna, Jorge 40, Cuco, Pablo Sevillano, el Tuso, el Mello, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Bengoechea, Martín Peñaranda, y Eduardo Enrique Goynechea, que se encontraban incluidos en el proceso de Justicia y Paz, bajo el argumento de que no estaban entregando la verdad, tampoco sus bienes para la reparación y, además seguían promoviendo grupos armados ilegales y acciones ilegales,- nada nuevo-, demuestra una vez más, que el proceso de paz con los paramilitares fue un montaje de grandes dimensiones que se le salió de las manos a este gobierno.

Las declaraciones del alto comisionado advertían esta decisión, la crisis política de este país no sólo enloda al gabinete presidencial, al ejercito nacional, dirigentes del sector privado, al congreso y es la muerte certera a varios de los partidos uribistas, sino que ya evidenciaba los nexos directos del paramilitarismo con el presidente. La extradición de la cúpula paramilitar era un salvoconducto del presidente a corto plazo para que esta pueda continuar con este proyecto uribista, bien con la idea de la reelección o bien con la proyección de alguno de sus "incondicionales" -limpios-; pero también, es un golpe a la Justicia colombiana, a las Cortes y la justicia ordinaria. Como era de esperarse Uribe no da puntada sin dedal, tiene claro su aliado, el gobierno de EEUU en su precipitada carrera de desprestigio de los últimos tiempos y su fracaso en su gestión con el TLC, tiene que demostrar sus grandes avances en estos temas, si es preciso desestabilizando la región y desde luego primando el tema que los vincula ellos "narcotráfico", por encima de los crímenes de lesa humanidad.
















































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  • Mayo 17 de 2008

    Participación de militares en masacre de Apartadó reconoció por primera vez oficial del Ejército

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    Foto: Jesús Abad Colorado/Archivo -EL TIEMPO
    El asesinato de ocho civiles de la comunidad de paz de San José de Apartadó generó polémica nacional porque organismos de seguridad la atribuyeron a las Farc, mientras que ONG señalaron a militares y 'paras'.

    Se trata del capitán Guillermo Armando Gordillo, quien confesó que más de 100 uniformados y 50 paramilitares del bloque Héroes de Tolová, al mando de 'Don Berna', patrullaron conjuntamente la zona.

    Su testimonio se produjo el 12 de mayo pasado. Hace 10 días, y de manera intempestiva, el capitán Gordillo Sánchez pidió que lo sacaran del Batallón de Artillería, en el sur de Bogotá -donde estaba recluido hacía seis meses- y que llamaran a su abogado de confianza.

    Aunque Gordillo había optado por permanecer en silencio desde noviembre del 2007 -cuando la Fiscalía ordenó su captura por su presunta participación en la masacre de 8 civiles de la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia)- dijo que estaba dispuesto a confesar todo lo que realmente sucedió ese 21 de febrero del 2005. Y cumplió.

    "Yo estoy contando los hechos como sucedieron en verdad para que me sea tenido en cuenta el beneficio por colaboración", dijo, mientras tomaba un trago de agua.

    El explosivo testimonio

    Según Gordillo, ese día, el patrullaje junto a los paramilitaresfue hecho por miembros de las compañías Bolívar y Anzóategui, del Batallón Vélez; y la compañía Alacrán, del Batallón 33, todos adscritos a la Brigada 17.

    Es más, con voz pausada, le aseguró a un fiscal de Derechos Humanos que la operación se había pactado "desde hacía rato, desde arriba con mandos superiores" y que esta involucró a un general, a un coronel y a un mayor que hasta ahora no habían sido ni siquiera mencionados en el expediente y que serán requeridos en las próximas semanas para escuchar sus versiones sobre los hechos.

    La Fiscalía entrará a establecer ahora si realmente el alto mando de la Brigada 17 conocía de los viejos nexos de sus hombres con los paramilitares (como dice Gordillo) o si se trataba de decisiones individuales y secretas.

    Lo concreto, hasta el momento, es que durante casi cuatro horas, el capitán le explicó a la Fiscalía cómo se dividieron las tropas legales e ilegales ese día y cómo empezaron a caer los pobladores, incluidos tres menores: Natalia, de 5 años; Santiago de 2; y Andrés, de 11 años, que murieron degollados con machetes.

    Dice que, muy temprano en la mañana, en el cerro Castañeda, se reunieron con los jefes de las Auc, conocidos como alias 'Melaza' y '44'.

    Y hacia la 1 de la tarde, se empezaron a oír los primeros disparos y explosiones.

    "Escuchamos por radio que cogieron civiles o los habían matado, se les escuchó por radio a los integrantes del 'Tolová'. Hicimos alto y a la 1:20 de la tarde se escucharon explosiones hacia La Cooperativa".

    "Luego nos enteramos de que habían matado a una gente y que habían hecho unas fosas", dice Gordillo.

    Efectivamente, en esas fosas fueron hallados los cuerpos descuartizados de Luis Eduardo Guerra y de su hijo Andrés; de Beyanira Areiza, de Alfonso Bolívar Tuberquia y los de sus hijos Natalia, y Santiago; de Sandra Milena Muñoz, y de Alejandro Pérez.

    ¿Quién mató a los niños?

    En su relato, Gordillo asegura que el Ejército no disparó un solo tiro y que la orden de asesinar a los pequeños la dio el paramilitar alias '44'.

    Pero otra cosa señalan las pruebas técnicas que la Fiscalía ha recaudado en este caso.

    Por ejemplo, el pasado 29 de febrero, a las 11 a.m., el paramilitar Joel José Vargas Flórez, alias 'Pirulo', hizo una llamada desde la cárcel de Las Mercedes, en Montería (Córdoba) y le dijo a uno de sus familiares que el tema se había vuelto a calentar y que la orden de matar a los niños la había dado el mayor Castaño.

    Luego, lo ratificó verbalmente ante el fiscal del caso. En otra de las cintas que rezan en el expediente, se escucha que una de las mujeres asesinadas murió por una granada de mortero, disparada por un soldado del Vélez.

    La versión del oficial coincide con la del paramilitar Jorge Luis Salgado, revelada por EL TIEMPO hace un mes, y la cual le costó la libertad a varios uniformados que aún insisten en su plena inocencia.

    Los militares que señala el capitán

    En su ampliación de indagatoria a la Fiscalía, el capitán Guillermo Armando Gordillo menciona a los siguientes militares que estuvieron en la masacre de San José de Apartadó:

    Oficiales que no están vinculados al proceso

    • General Héctor Jaime Fandiño, ex comandante de la Brigada 17.
    • Coronel Espinosa, comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez.
    • Mayor Castaño, segundo del Comando de Operaciones.

    Militares del Batallón Vélez detenidos por orden de la Fiscalía

    • Teniente Alejandro Jaramillo Giraldo
    • Subteniente (r) Jorge Humberto Milanés Vega
    • Sargento Henry Agudelo Cuasmayán Ortega
    • Cabo segundo Ricardo Bastidas Candia.

    Otros militares que señala

    • Capitán Umaña, de la compañía Alacrán, del Batallón de Contraguerrilla 33
    • Teniente García Sargento Brango
    • Sargento Cuasmayán.

    La confesión de 'Berna'

    Coincidencialmente, cuatro días antes de que Gordillo rindiera su versión, 'Don Berna' le había confesado a un fiscal de Justicia y Paz que sus hombres habían realizado la masacre al lado de un puñado de militares.

    Pero 'Berna' no pudo seguir contando lo sucedido porque fue extraditado hace cinco días a E.U.

    Por eso, su abogado, Diego Álvarez, dijo que con las extradiciones masivas del martes 13 de mayo no solo se quería evitar más problemas con las revelaciones de la 'parapolítica', sino, además, con las que se empezaban a vislumbrar entre Auc y militares.

    Infortunadamente, luego de la extradición de 'Berna', el mayor Gordillo pidió que le suspendieran temporalmente la indagatoria.

    Y el pasado jueves, a través de su apoderado, solicitó la suspensión indefinida de la diligencia.

    Pero la primera parte de su testimonio ya quedó oficializada e incluso, es posible que sea enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que insiste en que el gobierno colombiano proteja a esa comunidad que ha seguido siendo víctima de agresiones.

    Cronología de la confesión

    • Mayo 7 y 8. 'Don Berna' rinde versión libre en Justicia y Paz. Confiesa que sus hombres del bloque 'Héroes de Tolová', junto con militares, realizaron la masacre de San José de Apartadó.
    • Mayo 9. El capitán Guillermo Godillo, detenido por la masacre, pide ser sacado del Batallón de Artillería, donde está recluido, y ampliar su indagatoria.
    • Mayo 12. Gordillo amplía su declaración y también confiesa que militares y 'paras' participaron en la masacre. Dice que un general, un coronel y un mayor planearon la operación. Ese mismo día, 'Don Berna' suspende sus versiones.
    • Mayo 13. 'Don Berna' y otros ex 'paras' son extraditados. Ese día, el capitán Gordillo pide suspender transitoriamente su declaración.
    • Mayo 15. El capitán Gordillo le solicita a la Fiscalía la suspensión indefinida de su indagatoria.

    u.investigativa@eltiempo.com.co

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JUSTICIA

Ya no brilla la estrella del ejército

El coronel Hernán Mejía Gutiérrez y tres militares permanecerán recluidos mientras se termina de investigar su presunta vinculación con grupos paramilitares y varios homicidios. Ya son 32 los militares de este batallón investigados por falsos positivos, entre otros delitos.

Fecha: 05/07/2008 -
La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. La misma orden cobija al sargento primero Aureliano Quejada y al suboficial retirado Efraín Andrade Perea. Los militares permanecerán recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, serían 32 militares del Batallón la Popa en Valledupar que están siendo investigados por varios delitos, pero principalmente, por falsos positivos.

La investigación contra estos oficiales se inició hace un poco más de un año, cuando el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunció en una rueda de prensa en Tolemaida en enero de 2007, que el Coronel Mejía Gutiérrez sería relevado de su cargo por las denuncias de un ex suboficial, que fue su escolta. El ex suboficial afirmaba que el Coronel, quien gozaba de una excelente reputación en las filas del ejército, había cometido varios asesinatos en un afán por mostrar bajas como comandante en esa región y había realizado alianzas con el Bloque Norte de las AUC. La gravedad de las denuncias del ex suboficial hicieron que el caso se trasladara de inmediato a la Fiscalía.

Recién llegó Mejía al batallón, conformó un grupo especial con 14 militares que se llegó a conocer como el grupo Zarpazo, de reacción rápida y que sospechosamente, cada vez que salía a realizar operaciones producía bajas. Entre 2002 y 2004, mientras Mejía estuvo a cargo del batallón también aumentaron los asesinatos de los indígenas kankuamos en la zona (Solo en el primer semestre de 2003 murieron 53). Los kankuamos denunciaron al Batallón de Artillería 2 La Popa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsables de varias de esas muertes.

Uno de los casos que está investigando la Fiscalía es el del asesinato de 18 supuestos guerrilleros del Eln en octubre del 2002, que en realidad resultaron siendo paramilitares. Los cadáveres aparecieron vestidos de camuflado y con brazaletes del Eln, pero en los calzoncillos tenían las iniciales de AUC. Además, cuando se produjo la muerte de estos supuestos guerrilleros, los familiares de las víctimas denunciaron que era mentira que ellos pertenecían a la guerrilla.

Según testigos de este caso, al parecer se trató de una especie de purga interna dentro del grupo 'Mártires del Cacique de Upar ' orquestada entre el Coronel Mejía y el jefe paramilitar David Hernández, o alias 39, quien era un amigo de infancia de Mejía, según el ex escolta del coronel. Hernández fue asesinado posteriormente por orden de Jorge 40, pero Mejía y sus tropas fueron los responsables de haber dado de baja al jefe paramilitar.

Ése no es el único caso de homicidio por el cual es investigado Mejía y algunos de sus hombres. La muerte de dos supuestos guerrilleros en el batallón en junio de 2002, que pretendían entrar al campamento, sin armas, y fueron capturados, torturados y luego asesinados también está siendo investigada como otro caso de falsos positivos.

El ex suboficial también confesó que él y el Coronel Mejía estuvieron presentes en una reunión con todos los jefes paramilitares del Bloque Norte: 'Jorge 40', el señor Hernán Giraldo, 'Tolemaida', 'Omega' y '39'. Según el testigo, ese día pactaron entre Mejía y Jorge 40 que él iba a recibir un sueldo de 30 millones mensuales a cambio de que el ejército no se metiera con las autodefensas en la zona. En su testimonio, Mejía le habría entregado fusiles Galil a 39 y a sus hombres para que lo ayudara con los falsos positivos.

El ex escolta también denunció que todas estas muertes se hicieron con la complicidad de la Fiscalía de Valledupar, específicamente con la fiscal Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que, a pesar de haber dejado de ejercer por mucho tiempo su profesión, fue nombrada por el fiscal Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalías de Valledupar. Todavía no se conoce si Daza Martínez será llamada a indagatoria por su presunta colaboración en estos crímenes.

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